Policiales

La Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) continúa con su proyecto de Escuela de Seguridad Ciudadana por el interior del departamento. El viernes a las 18 se realizará en el Centro Cultural de Porvenir y convocan a este espacio de intercambio y formación de promotores en seguridad pública por parte del personal policial de diferentes áreas.

La encargada departamental de PCOP, Of. Ppal. Lic. Natalia Cuevasanta, informó que asisten referentes de la comisaría especializada en violencia doméstica, de la Dirección de Seguridad Rural y desde el Centro de Comando Unificado. “Se forman a integrantes de la comunidad en temáticas de la seguridad pública, quienes reciben un certificado de participación. La organización de estas escuelas en todo el departamento en forma mensual es uno de los cometidos del PCOP”, dijo a EL TELEGRAFO.

El martes 4 de agosto se efectuará en el Auditorio Municipal de Guichón a las 18.

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) realizaron 73 diagnósticos de Muestreo de Saberes en la Unidad N.º 3 Penal de Libertad, en San José, con el objetivo de conocer los niveles de alfabetización de personas privadas de libertad y diseñar estrategias educativas acordes a sus necesidades.

La iniciativa se desarrolló en una de las unidades penitenciarias de máxima seguridad del país, donde técnicos de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) de ANEP, la Dirección Nacional de Educación del MEC y el Programa de Educación y Cultura del INR aplicaron una prueba diagnóstica a las personas que aceptaron participar voluntariamente.
El relevamiento busca identificar el nivel de lectura y escritura de los participantes para planificar procesos de alfabetización adaptados a cada caso, promoviendo el derecho a la educación y fortaleciendo las trayectorias educativas dentro del sistema penitenciario.

La directora de Educación de Jóvenes y Adultos de ANEP, Mónica Grosso, explicó que la evaluación permite conocer la situación de cada estudiante para definir las estrategias pedagógicas más adecuadas. “Esta prueba nos permite saber cómo están en relación a la lectura y escritura para hacer un foco. El objetivo es trabajar a partir del nivel en que se encuentran y ver cuáles son las estrategias a desarrollar”, señaló.

Asimismo, destacó que la alfabetización trasciende el aprendizaje de la lectura y la escritura. “Alfabetizar no solo tiene que ver con habilidades de la lectura y escritura, que son necesarias y básicas, sino que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía”, afirmó.

Grosso indicó que esta herramienta ya fue implementada en la Unidad N.º 4 Complejo Santiago Vázquez y está previsto extenderla a otros establecimientos penitenciarios. El nivel más alto de la evaluación identifica a quienes se encuentran próximos a rendir la Prueba de Acreditación de Saberes de Educación Primaria, facilitando luego la continuidad de sus estudios.
Por su parte, la consejera de ANEP, Carolina Pallas, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas y destacó el enfoque educativo del programa. “Es una de las políticas más importantes. No solo estamos trabajando con MEC e INR interinstitucionalmente, sino que estamos con quienes son el objetivo, que son los privados de libertad. ANEP tiene otra mirada. Para nosotros son estudiantes, y podemos complementar lo que pasa en este contexto”, expresó.
La Campaña de Prácticas Alfabetizadoras en Cárceles constituye una de las prioridades del gobierno en materia de educación para personas privadas de libertad y procura garantizar el acceso a este derecho fundamental mediante distintas estrategias de enseñanza y acompañamiento educativo.

El Centro Educativo para Niños Autistas de Young fue nuevamente víctima de la delincuencia. En esta oportunidad, además del robo de diversos objetos, las instalaciones sufrieron destrozos y actos de vandalismo, generando profunda tristeza entre quienes sostienen el espacio con esfuerzo y trabajo solidario.

La presidenta del centro, Claudia Suárez, señaló a EL TELEGRAFO que no es la primera vez que atraviesan una situación similar. “No es la primera vez, es la segunda. Hace unos meses nos robaron la bicicleta de los niños y ahora pasó esto, que no fue solo un robo, sino también vandalismo”, expresó.

Según relató, el hecho fue advertido cuando aparecieron objetos pertenecientes al centro fuera del edificio. Tras ser avisada, convocó a integrantes de la directiva y a un padre para ingresar al lugar, temiendo encontrarse con un panorama aún peor.
Los delincuentes se llevaron distintos elementos, entre ellos un teclado, un mouse inalámbrico, útiles, monitores y otros materiales que estaban guardados mientras el centro atraviesa una etapa de ampliación y construcción de nuevos salones. Además, días después encontraron bajo los contenedores donde funciona la oficina algunos objetos que aparentemente habían sido escondidos para ser retirados después.

El ingreso se produjo tras levantar una reja y dañar una ventana. Dentro del local causaron numerosos destrozos. “Pisotearon cosas y dañaron materiales. Habíamos comprado una impresora nueva porque la anterior se había roto, y la dejaron inutilizada. También usaron cables para sostener la reja y dejaron todo lleno de barro”, indicó Suárez.

Asimismo, abrieron un extintor, lo que provocó que el lugar quedara cubierto de polvo, mientras que trabajos realizados por los niños, hojas, útiles y otros materiales de los talleres fueron arrojados al piso y destruidos.

La presidenta destacó que el centro funciona “a pulmón”, gracias a beneficios, actividades solidarias y el aporte de los socios, recursos que apenas alcanzan para afrontar gastos básicos. “Es muy doloroso ver esto porque todo se consigue con mucho esfuerzo. Ahora estamos tratando de dar vuelta la página, reparar los daños y recuperar lo perdido”, sostuvo.
Actualmente necesitan materiales y mano de obra para reparar las rejas, mejorar la seguridad y reponer los elementos dañados o sustraídos. También se organizan distintas acciones solidarias, entre ellas una transmisión en vivo a beneficio, con el objetivo de recaudar fondos. Quienes deseen colaborar pueden acercarse al Centro Autista de Young (en Facebook con ese nombre) o comunicarse al celular 099580229.

Un nuevo episodio de hurto de cables volvió a generar preocupación entre los vecinos de la zona de Larrañaga y Dr. Verocay, luego de que en la madrugada de este domingo desconocidos arrancaran y sustrajeran gran parte del tendido aéreo. El hecho ocurrió sobre calle Dr. Verocay, entre Larrañaga y Ayacucho, frente al Liceo 8. De acuerdo con el testimonio de un vecino, los delincuentes cortaron el cableado desde la esquina de Larrañaga, dejando prácticamente sin tendido a toda la cuadra.

“Esto es en la cuadra del liceo, en Dr. Verocay entre Larrañaga y Ayacucho. El corte lo hicieron desde Larrañaga, no quedó cable, arrasaron con todo y se ve que esto fue en la madrugada del domingo. Yo todos los días observo el panorama del barrio porque hace unos meses nos habían robado cables acá en mi cuadra, sobre Larrañaga, y ayer eso no estaba; fue ahora, en la madrugada de hoy”, expresó el vecino a EL TELEGRAFO.

Los habitantes de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de delitos.
Indicaron que el tramo comprendido entre bulevar Artigas y Dr. Verocay, sobre calle Larrañaga, ya había sido escenario de robos similares meses atrás, situación que incluso fue denunciada por uno de los damnificados.
El nuevo ataque dejó a la vista los postes sin cableado y generó incertidumbre entre los habitantes del barrio, quienes reclaman mayores medidas de vigilancia para evitar que estos hechos se repitan.

Próximo a las 15.30 de la víspera, personal del Destacamento de Bomberos fue alertado por un incendio en una pensión ubicada en José Pedro Varela casi Sarandí. Al lugar concurrió una dotación a bordo de una autobomba, cuyos efectivos lograron controlar las llamas que ya habían consumido por completo una de las habitaciones del inmueble. Como consecuencia del siniestro, el ocupante de la pieza sufrió pérdidas totales de sus pertenencias.
El trabajo de los bomberos se centró en sofocar el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara hacia el resto de la edificación, lo que permitió contener el incendio y preservar las demás habitaciones.
Si bien las causas del siniestro no fueron informadas oficialmente, de manera primaria no se descarta que el fuego se haya originado a raíz de un cortocircuito. En el lugar también trabajó personal policial, que colaboró con las tareas de seguridad y apoyo durante la intervención.

La rápida intervención de particulares y de efectivos policiales permitió detener a un hombre que acababa de cometer un hurto, procedimiento que además derivó en el esclarecimiento de otros tres delitos contra la propiedad ocurridos en Paysandú en los últimos meses.

Se trata de Johnatan Andrés Lattaro Demoura, de 36 años, quien fue condenado por la Justicia Penal como autor de cuatro hurtos, uno en grado de tentativa, en régimen de reiteración real, recibiendo una pena de seis meses de prisión efectiva.
El último hecho ocurrió cuando personal del Área de Respuesta y Patrullaje acudió a un llamado de particulares que habían retenido al hombre tras sorprenderlo saliendo de una propiedad privada con una bolsa que contenía diversos objetos hurtados, los cuales fueron recuperados. La investigación permitió establecer que había ingresado al predio luego de romper la banderola del baño.

Con intervención de la Fiscalía Letrada de Segundo Turno, las actuaciones permitieron además atribuirle otros tres hurtos: uno cometido en setiembre del año pasado, cuando escaló el muro de una finca y robó herramientas de un galpón; otro en marzo de este año, en el que sustrajo elementos para limpieza y mantenimiento de jardines; y un tercero ocurrido en junio, cuando robó casilleros vacíos de bebidas alcohólicas de un local gastronómico en Leandro Gómez y Carlos Albo.

Reunidas las pruebas, la Justicia dispuso la condena de Lattaro Demoura por los cuatro delitos contra la propiedad.

Una mujer de 32 años fue condenada a dos años y seis meses de penitenciaría tras una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) que permitió desarticular un punto de suministro de estupefacientes en la ciudad de Guichón, en el marco de la Operación “Salamandra”.
Según informó la Jefatura de Policía de Paysandú, la investigación se desarrolló durante varios días a partir de tareas de información e inteligencia.
Con orden expedida por la sede letrada de Guichón, efectivos de la BDA, con apoyo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), realizaron un allanamiento en el que fue detenida una mujer de iniciales S.V.S.J., de 32 años.
Durante el procedimiento, los policías incautaron 10,7 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados en dosis para su comercialización, además de un teléfono celular y 8.250 pesos en efectivo.
Concluidas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Cuarto Turno condenó a S.V.S.J. como autora penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndole una pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

Una mujer resultó lesionada en un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de Rodríguez Nolla y Éxodo, donde colisionaron un automóvil y una camioneta, al mediodía de la víspera.
De acuerdo con la información recabada por EL TELEGRAFO, la camioneta Mitsubishi, matrícula IAG 1421, conducida por un hombre, circulaba por calle Éxodo hacia el Este.
Por su parte, el automóvil Daihatsu SG, matrícula IAE 7550, también conducido por un hombre, se desplazaba por calle Rodríguez Nolla al sur.
Al arribar a la intersección, el conductor del automóvil tenía otro vehículo por delante que le obstaculizaba la visión. Cuando ese rodado aceleró su marcha, el automovilista continuó sin advertir la presencia de la camioneta que circulaba por Éxodo.
La Mitsubishi impactó al Daihatsu en la parte trasera derecha, por encima de la rueda, provocando que el conductor del automóvil perdiera el dominio. A raíz del impacto, el rodado efectuó un giro y terminó detenido varios metros más adelante.
Como consecuencia del choque, la acompañante del automóvil, que viajaba del lado donde se produjo el impacto, sufrió diversos golpes. Al lugar concurrió una ambulancia de UCEM, cuyo personal asistió a la mujer, diagnosticándole politraumatismos.
En la escena trabajaron efectivos de Seccional Quinta y personal de Movilidad Urbana, que realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

La Justicia Penal condenó a un hombre de 36 años a doce meses de prisión efectiva tras comprobarse su participación en un hurto cometido en una institución religiosa de Paysandú, de donde fueron sustraídos alimentos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura de Policía, el hecho fue esclarecido mediante una investigación desarrollada por el Área de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Segundo Turno.

La denuncia indicaba que desconocidos ingresaron a una institución religiosa ubicada en la intersección de General Artigas y Dr. Verocay, tras romper una banderola. Una vez en el interior, sustrajeron diversos comestibles que estaban destinados a ser entregados a personas de escasos recursos. Además, los autores provocaron daños en un televisor que intentaron llevarse, aunque finalmente no lograron concretar su hurto. Las tareas de investigación, recolección de información e inteligencia permitieron identificar como uno de los responsables a Johnatan Mayea Carabajal, poseedor de antecedentes penales.

Finalizada la audiencia, la Justicia Penal imputó y condenó a Johnatan Mayea Carabajal como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, imponiéndole una pena de doce meses de prisión efectiva.

La Justicia Penal condenó a una mujer de 22 años por intentar robar el teléfono celular a un joven con dificultades motrices en un hecho ocurrido el mes pasado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefatura de Policía, el episodio se registró el 10 de junio de 2026, cuando la madre de la víctima presentó la denuncia indicando que su hijo había sido agredido por una mujer que intentó sustraerle el teléfono celular mientras transitaba por la intersección de Zelmar Michelini y Río Negro.

A partir de la denuncia, efectivos del Área de Investigaciones llevaron adelante diversas actuaciones, recabando indicios y elementos de prueba que permitieron identificar como presunta autora del hecho a una mujer de iniciales L.C.M.C., de 22 años. Con intervención de la Fiscalía Letrada de Cuarto Turno, se solicitó la orden de detención de la sospechosa y su conducción ante la sede judicial.

La mujer fue detenida posteriormente por efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) mientras realizaban patrullaje preventivo en la intersección de avenida Soriano y Ledesma. Al ser identificada, los policías constataron que registraba una requisitoria judicial vigente, por lo que procedieron a su detención.

Finalizadas las actuaciones, la Justicia Penal condenó a L.C.M.C. como autora penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, imponiéndole una pena de cuatro meses de prisión efectiva.

Una adolescente de 17 años resultó lesionada al verse involucrada en un siniestro de tránsito ocurrido próximo a las 18.30 de la víspera, en la intersección de Dr. Roldán y Horacio Meriggi.

De acuerdo con la información recabada por EL TELEGRAFO, un hombre circulaba por Dr. Roldán al sur a bordo de la motocicleta Yumbo, matrícula ICW 7748. En tanto, una adolescente de 17 años, que carecía de licencia de conducir, se desplazaba en una motocicleta Yumbo City, matrícula ICW 2020, por Meriggi de Este a oeste.
Según las actuaciones primarias, la joven continuó la marcha sin respetar la preferencia de paso, produciéndose la colisión entre ambos birrodados.

Al lugar concurrió una ambulancia de UCEM, cuyo personal asistió a la adolescente, diagnosticándole politraumatismo con lesión en el miembro inferior izquierdo, siendo dada de alta en el lugar. Efectivos de la Brigada de Tránsito realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

La Prefectura de Salto incautó 80.000 cigarros de presunto contrabando que pretendían ser introducidos al país a través del río Uruguay, luego de que los ocupantes de una embarcación proveniente de Argentina arrojaran la mercadería a la costa al advertir la presencia policial y se dieran a la fuga.

Según un parte de la Prefectura Nacional Naval al que accedió EL TELEGRAFO, el procedimiento se registró ayer a las 7 de la mañana de la víspera, cuando personal que se encontraba realizando una patrulla terrestre en la zona de Salto Chico, en el kilómetro 337.200 del río, detectó la embarcación proveniente de la República Argentina.

Al avistar a los efectivos, los ocupantes arrojaron ocho bultos hacia la costa uruguaya y escaparon con destino a la costa argentina.
Los funcionarios recuperaron los ocho bultos, que contenían cajas de cigarros, y los trasladaron a la unidad para realizar un conteo exhaustivo.

El recuento arrojó un total de 60.000 cigarros de la marca Coronado y 20.000 de la marca Rex.
De lo actuado se puso en conocimiento a la Fiscalía de 2° Turno, a cargo del doctor Carlos Rodríguez, y posteriormente se comunicó a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para la entrega y el conteo de la mercadería.
El valor comercial de lo incautado, según la estimación proporcionada por Aduanas, asciende a 800.000 pesos uruguayos.

Pasadas las 11 de ayer, con el cielo gris y la humedad reinante que hacían resbaladizo el asfalto, una mujer se dirigía por calle Dr. Verocay al norte en un Chevrolet Corsa, matrícula IAG 1777, y al llegar a avenida España se encontró con el auto Hyundai matrícula IAG 4259, también conducido por una mujer hacia el Este. Si bien el choque provocó notorios daños en los vehículos, ambas conductoras solo presentaron traumatismos leves. Trabajó en el lugar la Seccional Primera.

Una mujer de 32 años fue condenada a dos años y seis meses de penitenciaría luego de una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) que permitió desarticular una boca de venta de estupefacientes que funcionaba en una vivienda de la zona de Solano García, en el marco de la operación denominada “Calma”.
De acuerdo con la información brindada por la Jefatura de Policía de Paysandú, la investigación se desarrolló a partir de tareas de información e inteligencia, vigilancia en el territorio y apoyo tecnológico, lográndose establecer que en el inmueble se estarían desarrollando actividades vinculadas al microtráfico de drogas.
Con intervención de la Fiscalía de Segundo Turno y en cumplimiento de una orden de allanamiento, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), realizaron el procedimiento en el que fue detenida una mujer de iniciales G.S.M.M., de 32 años, sin antecedentes penales.
Durante la inspección de la vivienda, los policías incautaron 69,1 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, un teléfono celular y dinero en efectivo.
Concluidas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Cuarto Turno condenó a G.S.M.M. como autora penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes, imponiéndole una pena de dos años y seis meses de penitenciaría.