(EL PAÍS)
Ante el aumento de casos correspondiente a usuarios que reciben facturas de OSE con consumos excesivos y que responden a “pérdidas invisibles”, el ente respondió que su responsabilidad llega “hasta el contador”, ubicado al ingreso de la vivienda. En los últimos días, OSE recibió una sentencia judicial condenatoria que obliga a pagarle más de $100.000 a un usuario por lucro cesante, gastos y daño moral, en tanto la demandante ni siquiera contó con un abogado defensor durante el juicio que emprendió contra el organismo estatal.
La jueza de Paz Susana Cardoso de Nicola sentó un precedente y señaló que OSE no puede cortar el suministro del agua por tratarse de una necesidad básica para la vida. “Desde que el acceso al agua potable como al saneamiento han sido objeto de expresa consagración en la Constitución, todo corte de parte de la administración en su suministro vulnera el derecho humano fundamental que se ha reconocido, con base en la declaración de que el agua es un recurso natural esencial para la vida, mereciendo el amparo jurisdiccional”, señala el fallo, al que tuvo acceso El País. La sentencia, que es inapelable, condiciona a OSE a revisar su reglamentación frente a este tipo de reclamos frecuentes, dado que no tiene previstos mecanismos para comprobar lo que ocurre del medidor hacia adentro de las casas. Si bien la sentencia es aplicable al caso puntual y no se puede generalizar a todos los usuarios en la misma situación, sienta jurisprudencia y abre una puerta a futuras demandas. De generalizarse, significaría un cambio radical en la concepción de los servicios de agua potable y de saneamiento tal como se conciben a la fecha, y tendría lugar una interpretación al amparo de la norma constitucional (artículo 47) de que tales servicios deberían ser igualmente prestados a todos aquellos que incurran en impago, cualquiera sea su causal, lo que podría llegar a suponer un subsidio del gobierno para mantener las prestaciones. El fallo de la doctora Cardoso de Nicola agrega que “de reiterarse en el futuro situación similar a la ahora planteada, se dispondrá que la administración se abstenga de interrumpir el suministro de agua potable, debiendo recurrir a otras vías para satisfacer cualquier crédito que tuviera contra la parte actora”.
URUGUAY CON 23 AMENAZAS A LIBERTAD DE PRENSA
(EFE)
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) de Uruguay registró 23 casos de amenazas a la libertad de expresión vinculadas con el ejercicio periodístico entre el 1º de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Los datos se corresponden con el tercer informe de monitorización de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas en Uruguay, elaborado por CAinfo, que en comparación con el del año anterior arrojó la existencia de cinco casos menos, lo que supone una reducción de casi el 18%.
De los 23 casos, 16 tuvieron lugar en Montevideo, dos en Paysandú y uno en Artigas, Colonia, Flores, Maldonado y San José. El periodista Fabián Werner, redactor del informe, dijo que Uruguay “hasta el momento se ha mantenido fuera de ese grupo de países en donde se hace muy difícil ejercer el periodismo”.
“Estamos muy lejos de los datos de México, Guatemala y Honduras, incluso de Brasil y Paraguay”, dijo en declaraciones a Radio Uruguay. Solo uno de los casos fue registrado como de gravedad “alta”, categoría en la que se incluyen las lesiones graves o los asesinatos, y tuvo como víctima a la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, que fue abordada por una persona que desde una moto le efectuó un disparo.
La periodista, que había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento, no fue alcanzada por la bala, pero resultó herida debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. Además, se registraron 16 casos de nivel de gravedad “medio”, entre los que se encuentran siete situaciones de amenazas, tres de hostigamiento a través de la Justicia, cuatro de hostigamiento físico y dos de censura.
Otros seis casos fueron anotados como de gravedad “leve”, todos por obstrucción del trabajo periodístico.
AGENDA COMÚN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
(SUBRAYADO)
Uruguay y Argentina acordaron una agenda de acciones conjuntas, que incluyen cooperación ambiental, elaborar proyectos para la adaptación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad marina en áreas limítrofes. Los ministros de ambiente de Uruguay y Argentina, Eneida de León y Sergio Bergman, respectivamente, suscribieron en Montevideo un entendimiento para la “cooperación en materia de ambiente y desarrollo sustentable”.
Ambos ministros ratificaron el trabajo conjunto sobre dos propuestas de proyectos de cooperación bilateral “en materia de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables costeros del río Uruguay y de calidad ambiental de los océanos y conservación de la biodiversidad marina y costera” en el Río de la Plata y su frente marítimo.
“A pesar del escepticismo del mundo sobre qué pasará con el cambio climático, esta región está proactiva y colaborativa”, señaló Bergman, haciendo referencia a la posición esgrimida en la última conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) celebrada en noviembre en Marruecos.
PRISIÓN PARA MADRE AGRESORA
(EFE)
La Justicia procesó con prisión a una madre que agredió a la directora de una escuela pública en el barrio Cerro de Montevideo, informaron fuentes judiciales. La jueza Adriana de los Santos imputó a la mujer el delito de atentado que se consuma cuando se usa “violencia o amenaza contra un funcionario público”, destaca un comunicado del Poder Judicial. Además, la imputada tenía antecedentes por tráfico ilícito de estupefacientes. Según el Poder Judicial, no se constataron lesiones físicas sobre la docente, aunque “existen indicios sobre la violencia y amenazas” con las que se estorbó el libre ejercicio de su función. Tras la agresión a la docente, la Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) realizó en Montevideo una huelga de 24 horas, mientras que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, calificó este hecho como “una situación de violencia verdaderamente repudiable”.
