Astori evade controles antilavado, según el diputado Nicolás Olivera

En sesión de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Nicolás Olivera planteó la situación que enfrentan los escribanos públicos ante los “sucesivos ataques” del expresidente José Mujica y ante el “difícil contexto” que se generó por la aplicación de la ley antilavado y de prevención del terrorismo. El legislador apuntó que el ministro de Economía, Danilo Astori, no figura en las listas de personas políticamente expuestas. En el marco de esta nueva legislación, los escribanos se ven obligados a “averiguar si sus clientes están incluidos en distintas bases de datos, buscando terroristas y, entre otras cosas, por ejemplo, personas políticamente expuestas. Si las detectan, tienen que agudizar los controles. Los escribanos tendrán que controlar, inquirir, pesquisar a sus propios clientes para saber, incluso, de dónde obtuvieron el dinero”, señaló Olivera.
Dentro de la diligencia debida, los escribanos públicos deben consultar diferentes listas con el objetivo de verificar si sus clientes se encuentran en ellas. Una de estas listas es la que publica el Banco Central del Uruguay, denominada Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
“Se trata de listas que seguramente confecciona el gobierno, en las que figura usted, señora presidenta, y todos los que estamos en sala. ¿Sabe quién no está, por ejemplo? El ministro de Economía y Finanzas uruguayo. Les mostraré una impresión que realicé hace minutos de la página web del Banco Central del Uruguay. El contador Danilo Astori no figura en la lista en la que estamos todos, en la que está el presidente de la República y, de ahí, para abajo, todos”, subrayó el legislador del Partido Nacional.
En el cierre de su intervención, el diputado exhortó a que el gobierno respete a los escribanos públicos, que no se los hostigue y a que, en la medida de sus posibilidades, se los reivindique por “exabruptos” de quien fue presidente en el período anterior.
Olivera solicitó que la versión taquigráfica de sus palabras fuera enviada al presidente Tabaré Vázquez, a los senadores, a la Asociación de Escribanos del Uruguay, a la Caja Notarial, al Banco Central del Uruguay, al Ministerio de Economía y Finanzas, al ministro Astori, a la Jutep, a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a las juntas departamentales del país, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y a la prensa nacional. El pedido no fue acompañado por la bancada del partido de gobierno, que votó negativamente la solicitud.