Una declaración suavizada

Uruguay salió airoso y el presidente Tabaré Vázquez adquirió un nuevo protagonismo, luego de lograr suavizar el comunicado que el bloque de países que integran el Mercosur, reunido en Mendoza, iba a lanzar en rechazo a la crisis social y política que padecen los venezolanos con más de un centenar de muertos en las calles, donde se lleva adelante una dura protesta contra el régimen de Nicolás Maduro.
Incluso hasta los dueños de casa, Mauricio Macri y su canciller Jorge Faurie, debieron ceder en su deseo de dejar al país caribeño casi con un pie fuera del conglomerado comercial. Sin embargo, el jefe de la diplomacia argentina ordenó que se quite la bandera venezolana de la reunión preparatoria del bloque y culpó a este país por el mal funcionamiento del Mercosur. Hay que recordar que desde la última reunión efectuada en 2015 en Paraguay, la presidencia temporal pasó por Uruguay y Venezuela, pero ninguno pudo celebrar una cumbre de jefes de Estado.
Igualmente Venezuela permanece suspendida –tras una decisión de los demás integrantes del bloque– por entenderse que el gobierno de Maduro no respeta la democracia. La delegación diplomática argentina iba más allá y anunciaba que oficialmente se aplicaría la “cláusula democrática” que integra el Protocolo de Ushuaia.
Sin embargo, los medios periodísticos que asistieron a Mendoza no escatimaron en sus adjetivos y definieron a Vázquez como “el salvador de Maduro”, quien aclaró a poco de poner un pie en el aeropuerto mendocino que su tono moderado reflejaba la voluntad de no entrometerse en los asuntos internos de los países.
La idea no era cerrar filas contra el régimen chavista, sino “instar” a un diálogo con la oposición que ya ha nombrado a una Corte de Justicia “paralela”, ha realizado una simulacro de referéndum contra la Constituyente de Maduro y organizado un paro a nivel nacional con el acatamiento de más del 80%.
Pero Vázquez insiste en que “no podemos aislar a Venezuela ni al pueblo venezolano” y dijo en su discurso que aguarda que el país encuentre “el camino de paz” para “profundizar su democracia”, por tanto hay que “tender una mano fraterna al pueblo venezolano” porque le duelen las muertes de “tantos hermanos”.
Mientras tanto, Macri se reunía con su par paraguayo, Horacio Cartes, para convencerlo de una declaración de condena, pero tampoco sirvió. Es así que finalmente el documento habla de “preocupación”–un término sin mayores efectos políticos– por la situación venezolana, pero nunca de “condena”.
Ocurre que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller uruguayo, Luis Almagro, no ha tenido temor en afirmar sin mayores protocolos que “Venezuela es el país más corrupto del continente”, pero esas declaraciones no van en línea con el Poder Ejecutivo de Uruguay, que siempre ha sido reticente a emitir una moción de censura.
Con este panorama, Macri tuvo que apretar los dientes y conformarse con solicitarle a Maduro que llame a elecciones, libere sus presos políticos y demostrar su disposición para conformar un grupo de mediadores con las partes en conflicto. Y a Faurie no le quedó espacio para exhibir su derrota diplomática, nunca reconoció la “victoria” de la postura uruguaya y aseguró que la declaración final salió por consenso.
Es así que las cumbres de jefes de Estado se transforman siempre en un saludo a la bandera, sin mayores consecuencias a los países que caminan por el filo de la cornisa y, tal como dijo Faurie, “depende de lo que el presidente Tabaré Vázquez evalúe como una situación interna”.
Por eso, ¿cuál es la situación interna en Venezuela, con o sin la opinión del mandatario? Y podría decirse que camina muy fuertemente hacia un Estado paralelo, a raíz de la designación efectuada por el Parlamento –que tiene la mayoría opositora– de 33 jueces para la conformación de una nueva corte, en sustitución del oficialista Tribunal Supremo de Justicia, que tiene el desconocimiento de Maduro, tal como ocurre con cada decisión de dicho parlamento.
A la ofensiva opositora deben sumarse las presiones internacionales provenientes de la Unión Europea (con la excepción de Portugal, en desacuerdo con la censura), el gobierno estadounidense de Trump y más de un centenar de muertos en cuatro meses de protestas que cargan sobre las espaldas de un presidente insistente con la instalación de una Asamblea Constituyente, que no es más que una concentración del poder sin consulta con los venezolanos y un golpe a la débil democracia.
Porque, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, una asamblea de estas características se convoca para aplicar transformaciones al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico o redactar una nueva Constitución, o sea que no existe para la solución de problemas cotidianos. Incluso ni la Carta Magna ni la Ley Orgánica del Poder Popular (una normativa que contempla a los consejos comunales y organizaciones de comunas) establece la figura de una Asamblea Constituyente comunal, tal como reclama Maduro, enmarcado en un proceso fuera de la ley. Por esa razón es que la oposición califica la consumación de un golpe de Estado continuo de Maduro hacia la constitución venezolana. Pero a todo esto, no lo ve Uruguay ni otros colectivos que en reiteradas ocasiones emitían sus declaraciones de condena, cuando sus pares sufrían persecución o muerte y un ejemplo muy claro de esto es la Federación de Estudiantes Universitarios, que ha plantado bandera ante muchas causas y se ha jactado de haber enfrentado a la dictadura con su sangre joven e imponerse ante un golpe de Estado en Uruguay. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora que es momento de sincerarse con los nuevos tiempos políticos?
Porque, en realidad, tampoco sirve el argumento de que la oposición se alza contra un régimen democrático elegido por la ciudadanía, de lo contrario, nuevamente habrá que recordar desde estas líneas quién se sublevó contra el entonces presidente constitucional Carlos Andres Pérez y ejecutó un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, que se saldó con la muerte de 32 personas en dos días.