Como es norma en toda dictadura, más allá de la fachada de legalidad y supuesta transparencia que se pretenda
transmitir por el tirano de turno, la consulta del domingo en Venezuela ha sido festejada por el gobierno de Nicolás Maduro como un “triunfo” popular, con números no solo manipulados, sino también a partir del enorme peso del temor promovido por las fuerzas policíaco-militar y paramilitar de civiles al servicio del gobierno que intimidaron antes y durante la consulta a los ciudadanos venezolanos.
El punto es que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostiene que votó más del 40 por ciento de los 19 millones de habilitados, para la oposición lo hizo apenas el 12 por ciento, –incluso fuentes extraoficiales dentro del propio CNE darían 1.795.144 votos– pero en todo caso cualquiera haya sido la concurrencia, no es otra cosa que un autogolpe de Maduro, para cambiar la Constitución que a su vez había sido promovida por su antecesor Hugo Chávez, para poder perpetuarse en el poder desconociendo los organismos democráticos que aún quedaban funcionando en el país caribeño.
Es decir que un gobierno que se cocina en su propia salsa, con sus manotazos de ahogado ha buscado un resquicio de legitimación por la vía de las urnas llevándose por delante toda formalidad incluida nada menos que en la Constitución hecha a medida por Chávez, pero que ahora ni eso le alcanza para perpetuarse en el poder.
La Asamblea Constituyente por supuesto es una farsa, un intento de “bypass” a los órganos constitucionales, mientras el dictador Maduro sigue sin reconocer la Asamblea Legislativa ya electa por el pueblo en elecciones libres y el referéndum convocado para revocar su mandato, que también en elecciones libres logró amplio apoyo. O sea que Maduro no reconoce las anteriores votaciones, pero convoca éstas hechas a medida.
En suma, el sucesor de Chávez pasa por arriba del Parlamento de mayoría opositora y apoyándose en las fuerzas armadas como factor de disuasión y represión. Pero como toda dictadura, necesita darle herramientas a su séquito de incondicionales seguidores –nada demócratas ellos, por cierto– para que lo puedan defender en el ámbito internacional, y para eso busca identificar un presunto enemigo para culpar de los problemas del país, para lo cual recurre a siempre vigente latiguillo de la “conspiración imperialista” de EEUU, de la OEA con el “cipayo” (¿?) Luis Almagro y los gobiernos “oligarcas” y derechistas de la región como Argentina, Brasil, Paraguay, México, Costa Rica, Perú, Colombia, la propia Unión Europea y cuanta voz ose apenas insinuar alguna objeción a su proceder.
Mientras tanto inventa una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 545 miembros, elegidos de acuerdo con los criterios que el Ejecutivo planteó. De esas 545 personas habrá ocho representantes indígenas, y de los 537 restantes, 364 elegidos por representación territorial, de acuerdo al criterio de Maduro. Los otros 173 corresponden a siete sectores gremiales o sociales determinados por el gobierno venezolano. Habrá cinco empresarios, ocho campesinos y pescadores, cinco personas con discapacidad, 24 estudiantes, 79 trabajadores, 24 representantes de las comunas y consejos comunales, 28 pensionados, de acuerdo a lo que publicó el propio Consejo Nacional Electoral; pero se le agrega el voto doble, que es un mecanismo sin parangón en Venezuela y en ninguna Constitución del mundo, porque los ciudadanos que pertenecen a alguno de los siete sectores habilitados por Maduro podían votar dos veces. Una en su estado y otra en su gremio o sector social.
Por lo tanto, de democrático hay poco y nada en todo esto. Por lo tanto, sea cual sea el resultado de la votación, carece de toda legitimidad.
Por ello, esta instancia del domingo solo puede enmarcarse en el largo proceso del despeñadero al que se ha llevado a las instituciones democráticas en Venezuela y que solo no ve quien no lo quiera ver. En este atolladero promovido por un régimen tan agonizante como peligroso queda muy poco por agregar que ya no se haya dicho, aunque lamentablemente hay consenso en que por ahora no se ve la luz al final del túnel, para desgracia del pueblo venezolano.
Lo que sí debe señalarse como ingrediente local es la pasividad o complicidad con que se sigue el proceso desde nuestro gobierno –picaneado por importantes sectores del Pit Cnt– al mantenerse al margen de los reclamos de los otros países del Mercosur y el continente, más allá del ominoso silencio complaciente de la Unasur, que en otras situaciones y ante gobiernos de otro signo ideológico, ha puesto el grito en el cielo por mucho menos que lo que ocurre en Venezuela.
Hasta el canciller Rodolfo Nin Novoa, que ha tenido una postura digna en otros episodios acorde con lo que es la tradición internacional del país en la materia, salió a decir en una entrevista, cuando se le cuestiona que Uruguay no haya apoyado una declaración más severa con el régimen de Maduro en el Mercosur, si se pretende que se haga una “declaración de guerra” a Venezuela.
Lo que es un razonamiento ridículo, sobre todo por venir de quien viene. Simplemente lo que se plantea es que se reclame que el régimen de Caracas deje de reprimir o de exigir que rija el libre juego de las instituciones democráticas y la legitimación a través de elecciones.
Por supuesto, quien se lleva las palmas en la complacencia y la justificación a lo que sea por simpatías ideológicas es el Pit Cnt, cuyos dirigentes se atreven a hablar en nombre “de los uruguayos” en su respaldo incondicional a Maduro, cuando solo hablan en nombre de los grupos radicales que controlan los sindicatos, afines al Partido Comunista y otros sectores radicales. Los mismos que en su momento decían que la exURSS y sus satélites, al igual que hoy Cuba, eran democracias pese a su régimen de partido único y de asambleas unánimes de manos levantadas.
