Seguridad es también un derecho humano

De acuerdo con el último estudio realizado por el monitor de Opinión Pública de Opción Consultores, uno de cada cuatro uruguayos afirma haber sido víctima de algún delito en el último año, y este dato se inscribe en la percepción ciudadana de que, lejos de revertirse, se reafirma la sensación de inseguridad de la población en base a lo que el ciudadano percibe en su vida cotidiana.
El Informe Opinión Pública Percepción de Seguridad y Victimización de Opción, divulgado por El Observador, indica que 25% de los consultados se siente “muy inseguro”, 35% dijo sentirse “algo inseguro”, 27% “algo seguro” y 13% “muy seguro”. A ese porcentaje se llegó al haber sido consultados sobre la posibilidad que consideraban que tenían de ser víctimas de un asalto o robo en el barrio o la zona donde viven.
“Es probable que el crecimiento de los delitos en los últimos años puedan explicar una mayor sensibilización de la opinión pública hacia el fenómeno, explicando los elevados niveles de percepción de inseguridad y victimización de los uruguayos cuando se los compara con países que objetivamente disponen de mayores niveles de delictividad”, señala el informe. A su vez, la percepción de inseguridad aumenta entre las mujeres y personas de 60 años, con mayor énfasis en quienes viven en Montevideo y Canelones y en centros urbanos.
Entre los motivos que llevan a tener esa percepción sobre la seguridad, 40% de los encuestados mencionó “insuficiencia de presencia policial”, 31% el hecho de que familiares y amigos fueron víctimas de agresiones, tres de 10 “la presencia de delincuentes en la zona en que viven”, 29% “la venta de drogas” y dos de 10 dijeron sentirse inseguros por “las noticias que escuchan y ven en medios de comunicación”.
También se mencionaron “problemas asociados a poca iluminación y la necesidad de transitar por zonas peligrosas” y la “agresividad presente entre la gente”. La medición se realizó entre el 29 de junio y el 17 de agosto y se encuestó a 1300 personas mayores de 16 años de todo el país a través de un formulario en línea.
Estos resultados tiran por tierra los argumento esgrimidos por los últimos tres gobiernos de izquierda, pero sobre todo durante las gestiones desarrolladas por los exministros del Interior José Díaz y Daisy Tourné, respecto a que la inseguridad era una “sensación térmica” creada y alimentada por los periodistas y los medios de comunicación, que siempre son de “derecha”, por supuesto. Solo dos de cada 10 ciudadanos serían “influenciados” por los medios, pero los otros 8 claramente muestran otros motivos para no creerle al gobierno.
Tampoco ha funcionado la teoría por la cual a medida que fueran dando resultado las políticas sociales que se estaban implementando, mediante el combate de la marginación, se lograría ir integrando a la sociedad a personas que se dedicaban a delinquir y que en pocos años la delincuencia tendería a desaparecer.
La realidad ha demostrado ser porfiada –mucho más que la ceguera izquierdista–, y lejos de lograr esos resultados la poca mejoría que se ha logrado hasta ahora no pasó por los fracasados planes sociales, sino por un control más estricto y la implementación de políticas más severas.
El énfasis en políticas y contemplaciones con los delincuentes asimilándolos a “víctimas” que responden con la rapiña, el robo, los arrebatos, los homicidios, a la situación en que supuestamente los puso la sociedad, nunca funcionó en los más de 12 años que van de gobierno frenteamplista.
Por otro lado, no es menos cierto que lamentablemente el Frente Amplio y organizaciones de derechos humanos, además de grupos de colectivos que no quieren ver más allá de reivindicaciones que responden a sus intereses, han encarado el tema de los derechos humanos con una expresión hemipléjica donde los derechos valen cuando sirven para la causa, y no existen cuando no les conviene.
Por otro lado en lo que refiere a víctimas de la delincuencia, sobre todo por hechos de violencia, nos encontramos durante varios años con el común denominador de la desprotección del Estado, al punto que ante esta marginación se creó hace un lustro la Asociación de Familias de Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), entidad que en cinco años atendió a unas 3.000 personas que recibieron acompañamiento, tratamiento psicológico y asistencia jurídica gratuita. Personas que perdieron a sus hijos, parejas, padres y hermanos.
Graciela Barrera de Novo, presidenta de Asfavide y madre de un joven asesinado en una rapiña en 2009, explicó a El Observador que la cifra no es nada menor considerando que antes esas personas debían transitar solas el duro camino del duelo.
Pero en 2012 llegó la primera señal para las víctimas con la sanción de la Ley 19.039 de Reparación a las Víctimas de la Delincuencia impulsada por Asfavide, precisamente, y actualmente 148 personas cobran una pensión que ronda los 21 mil pesos.
Cuando un familiar o una víctima ingresan al grupo, se les realiza un análisis de caso para determinar la ayuda que requiere. En estos cinco años unas 500 personas recibieron o reciben tratamiento psicológico gratuito. El Departamento Psicológico de Asfavide cuenta con cuatro profesionales y tiene como objetivo acompañar a la víctima en el duelo para que pueda retomar su vida y a futuro, los objetivos de Asfavide serán dos: llegar al interior del país con su trabajo y lograr la ampliación del alcance de la ley de reparación a víctimas.
Algo es algo, aunque aparece como insuficiente la participación del Estado en cuanto a la asistencia desde diferentes ángulos, como si fuera un aspecto social de menor cuantía, y en cambio sí se hace énfasis en medidas con reparaciones, como se hizo en su momento con exguerrilleros.
Ello reafirma que hay contradicciones e incongruencias notorias desde la perspectiva del Estado, que en este caso –como en otros similares– no guardan relación con las reales prioridades e inquietudes de la población en áreas de verdadero interés general, como es sin dudas la problemática de la inseguridad y la escasa decisión que se ha puesto de manifiesto en generar respuestas eficaces ante la delincuencia ensoberbecida que vulnera los derechos humanos de toda la sociedad.