Las exigencias del sistema financiero internacional mostraron su peso y las reacciones en cadena provocaron que la venta de cannabis en las farmacias habilitadas o la puesta en práctica de la ley “estrella” del expresidente, José Mujica, casi tambaleara porque la junta directiva del Banco República (BROU) resolvió el cierre de las cuentas de estos lugares de expendio, ante los lineamientos estrictos contrarios al tráfico de drogas ilegales. Ocurre que en los países de origen de los bancos con sede en Uruguay, la comercialización de marihuana es un negocio completamente ilegal.
Inmediatamente de constatarse el problema, comenzó la gritería política con reacciones más o menos previsibles, provenientes de los mismos actores que reaccionaron de una manera histérica y la discusión central perdió su eje. Ante la imposibilidad de extender una solución en un corto período, prefirieron protagonizar el habitual “yo te dije”, antes de reconocer que el mundo de las finanzas no pasa por el ombligo uruguayo. Ni mucho menos.
El presidente del directorio del BROU, Jorge Polgar, ensayó una explicación basada en la lógica pero olvidó los tiempos políticos que circundan el país y aclaró que la institución decidió no mantener relaciones comerciales con las farmacias dedicadas a la venta legal de cannabis, porque los bancos no pueden permitirse el riesgo de una desconexión total, en tanto efectúan transferencias, compra y venta de valores –entre otras transacciones– con el exterior y se necesita la contraparte bancaria de otros países. Seguidamente se manejó una alternativa a través de entidades cooperativas, que el propio Banco Central consideró de difícil instrumentación porque también se encuentran ligados a instituciones bancarias y si Estados Unidos no cambia su legislación será lo mismo, al tiempo que RedPagos o Abitab se mantienen al margen de la discusión –y del riesgo–, al menos por ahora.
En Estados Unidos, 29 de los 50 estados legalizaron el consumo de cannabis, sin embargo, la sustancia se encuentra en la Lista I de Sustancias Controladas o también consideradas con “un alto potencial para el abuso”, sin un uso médico aceptado y se estima que su consumo no es seguro ni bajo supervisión médica. No obstante, la comunidad científica y congresistas norteamericanos han reclamado un cambio en su estatus ante los supuestos beneficios de su uso medicinal, pero dicho argumento no tuvo aceptación en la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que resolvió mantener la mencionada clasificación.
Mientras tanto, el mercado estadounidense crece en forma exponencial y sin mayores preocupaciones ante la negativa de los bancos a brindar su apoyo financiero a las empresas legales dedicadas a su comercialización. Con el Bitcoin, en 2016 se vendieron más de U$S 6.000 millones y en una década se calcula que sobrepasará los U$S 50.000 millones, de lo contrario las negociaciones se realizan exclusivamente con dinero en efectivo pero complejizan las relaciones de pagos y contribuciones. No obstante, los comercios legales han visto restringidas sus oportunidades de alquiler o venta de locales y la ley denominada Patriotic Act, contra el terrorismo, se utiliza por agentes y fiscales federales para examinar las finanzas y actividades comerciales, aún en los estados donde es legal su uso medicinal o recreativo. Incluso Google prohíbe anuncios de drogas, donde incluye a la marihuana, en el marco de una gestión de riesgos que tampoco ha sido fácil de sostener. Es decir que en Estados Unidos nunca se cerraron cuentas bancarias porque nunca se llegaron abrir ante la sólida resistencia existente, y el mercado paralelo es protagonista de las nuevas estrategias de ventas que obliga –por ejemplo– a atravesar los estados con bolsones de dinero para el pago de proveedores, o el cambio de rutas, vehículos y funcionarios para evitar acciones delictivas o el freno policial, ante quienes será dificultosa la explicación del origen del dinero. O sea que tampoco sirve de ejemplo lo que se hace en aquel país, donde se resuelve un problema del siglo XXI, bajo un estilo tradicional y no tan seguro.
Por estos lares, donde el gobierno trata de imponer la bancarización de toda la economí nacional, tampoco se sabe cómo actuar, a pesar de la sentencia de Mujica.
“Sí o sí” fue la chance presentada ante un escenario que no requiere propuestas panfletarias, porque en la mayor parte del mundo la comercialización de la marihuana es ilegal y seguirá así por bastante tiempo. Esa es la única respuesta de los bancos que no pueden aceptar dinero proveniente de esta actividad, ante el peligro de perder sus corresponsalías o vinculaciones con la banca internacional.
Y eso ocurre –paradójicamente– en Uruguay, donde el equipo económico que encabeza el ministro Danilo Astori se ha preocupado por mostrar los avances y beneficios de la denominada “inclusión financiera” en los diversos sectores de la sociedad. De hecho, la ley obliga a que los sueldos de los empleados de las distintas ramas de la actividad se depositen en cuentas bancarias, con la prohibición expresa del pago en efectivo o por cheques.
Entonces, la improvisación e imposibilidad de resolver cuestiones que tampoco tienen una salida simple en otros países que se plantearon esta legalización mucho antes que nosotros, demuestra que estamos a medio camino de otros asuntos bastante más complejos y en todo caso, motiva la preocupación de quienes gobiernan, con una ley que quema en las manos de aquellos que de ninguna manera querían una regulación de estas características, a pesar de integrar el mismo partido de gobierno.