La inclusión social y el acceso a los derechos por parte de las personas con algún tipo de discapacidad suele ser un tema complejo debido, fundamentalmente, a la falta de cumplimiento efectivo de normas existentes, ausencia de asignación de recursos por parte del Estado para poder efectivizar la legislación vigente, falta de planeamiento en la accesibilidad física y barreras culturales.
En este sentido, cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que la discapacidad entra en el ámbito de los derechos humanos y la define como una construcción social, más que como algo exclusivamente inherente al individuo. Dicha convención recomienda medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas informáticos y la tecnología de la información y las comunicaciones, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales y costeras.
En nuestro país no es un tema menor si tenemos en cuenta que el 15,8% de la población, esto es unos 500.000 uruguayos, tiene al menos una discapacidad permanente, de acuerdo al Censo 2011, que relevó distintas variables referidas al campo de la salud.
Cuando se habla de accesibilidad, generalmente se suele pensar de inmediato en los aspectos arquitectónicos de los espacios urbanos y, si bien es cierto que aún es necesario avanzar mucho hacia la meta de ciudades más inclusivas, existen otros aspectos no menos importantes y mucho más sutiles que condicionan distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Por citar un ejemplo, la discapacidad que más declaran sufrir los uruguayos es la baja visión. Según el Censo 2011, hay 311.926 personas con esta discapacidad, de las cuales unas 4.219 son ciegos totales. El resto tiene mucha dificultad para ver (57.100) y otros declaran sufrir alguna dificultad (250.607).
Uruguay fue el primer país latinoamericano que adhirió al Tratado de Marrakech, que busca facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos, lo que permite resolver las barreras legales existentes e incorporar en las leyes lo que se denomina “excepciones al derecho de autor para personas con discapacidades”.
Si bien fueron aprobados protocolos de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos que integran el sistema nacional de educación pública y privada así como a bibliotecas públicas y privadas, no han sido previstos recursos económicos para que estas instituciones puedan desarrollar acciones efectivas para dar cumplimiento al Tratado de la forma en que los usuarios de sus servicios necesitan.
Similar ejemplo podríamos citar si tenemos en cuenta la obligación de la Lengua de Señas en las emisiones televisivas, ya que son muy pocos los programas que poseen intérprete.
En definitiva, existen aún muchos desafíos para concretar la inclusión y abatir barreras favoreciendo la accesibilidad no sólo física en espacios y oficinas públicas, sino también a nivel de los documentos públicos y en bibliotecas para ciudadanos con ceguera o baja visión, además de otros temas, entre ellos las posibilidades de recreación y ocio.
En este contexto, resulta alentador el interés del Ministerio de Turismo, que quiere posicionar a Uruguay como destino accesible para el 2030. De acuerdo a lo informado por la ministra Liliam Kechichián en el marco de las actividades por el Día Mundial del Turismo, celebrado este miércoles, dicha cartera viene trabajando junto a instituciones público y privadas para posicionar a Uruguay como destino accesible en el 2030.
La ministra destacó la inclusión al disfrute del turismo de sectores de trabajadores y pasivos con menores ingresos económicos, a través del programa de Turismo Social y dijo: “Nos estábamos olvidando de que nuestro país tiene una importante franja etaria de adultos mayores y de que el 15% de la población uruguaya tiene algún tipo de discapacidad, por lo que teníamos que pensar en estos temas”.
En este sentido, recordó la creación, en 2015, en la órbita del ministerio que dirige, del Grupo de Accesibilidad Turística (GAT), que actualmente trabaja para posicionar al país como destino accesible, habiendo logrado buena receptividad por parte de los gobiernos departamentales, instituciones –como la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, con la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Turismo y la Asociación Celíaca del Uruguay– y de los empresarios privados.
En este tema, la Organización Mundial del Turismo recomienda que la accesibilidad debería estar incorporada a toda la cadena turística, es decir, la gestión del destino turístico, la información y la publicidad turística, los medios de transporte, el alojamiento y servicios de comidas y las actividades culturales, entre otras.
Concretamente, el concepto de destino turístico de un lugar se relaciona con la disponibilidad de instalaciones, infraestructuras y transportes accesibles que den lugar a un entorno variado, estimulante y de fácil acceso. Pero además, implica que todos los documentos, literatura y publicidad –desde la información de las páginas web hasta la posibilidad de reservas– debería incluir indicaciones precisas de los servicios e instalaciones accesibles, incorporando preferiblemente símbolos internacionales de fácil comprensión, además de estar disponible en formatos alternativos.
Además de la razón de justicia que implica el acceso a la recreación y ocio turístico para todos, tampoco hay que perder de vista que, como dijo la ministra Kechichián, el turismo accesible puede ser un buen negocio. Los viajes y el turismo se han convertido en el sector de mayor volumen y más rápido crecimiento del mundo y en Uruguay constituyen una de las principales vías de ingresos económicos, generando empleo y desarrollo.
La atención al segmento del turismo accesible representa un desafío que requiere bajar a tierra las políticas y movilizar inversiones para realizar las mejoras que se necesiten pero también puede ser una excelente oportunidad para atender un mercado en crecimiento a nivel mundial, superar la estacionalidad de algunos destinos y crear nuevas oportunidades.
