(EL PAIS)
El hombre que está detenido como principal sospechoso del crimen de Brissa González, la niña que estaba desaparecida desde el pasado lunes y cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el balneario Las Vegas, fue sentenciado a seis meses de prisión preventiva por el juez Ricardo Míguez por un delito de homicidio muy especialmente agravado. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Juan Gómez, que sustentó su solicitud en los registros fílmicos de cámaras del Estado y particulares, que revelan que el hombre levantó a la niña en su vehículo pasadas las 7.30 horas del lunes.
El hombre tiene varios antecedentes penales por atentado violento al pudor contra niñas, según se informó en la audiencia de formalización. El fiscal dijo que el informe forense indica que Brissa falleció por ahorcamiento y que al momento de ser encontrada tenía atadas manos y pies y que presentaba indicios de que habría sido abusada sexualmente. Gómez agregó que también hay testimonios de testigos que vieron el auto del detenido circulando en la zona donde desapareció Brissa. La abogada que defiende al sospechoso solicitó escuchar las declaraciones. Entendió que no había pruebas que sustenten el pedido de la Fiscalía. En el auto Renault Laguna del imputado se descubrieron manchas de un color pardo rojizo y también se encontraron pelos que están siendo analizados por el Instituto Técnico Forense.
ASESINARON A 108 NIÑOS Y ADOLESCENTES
(UNICEF)
El informe “Panorama de la violencia hacia la infancia en Uruguay 2017”, presentado por Unicef, señala que las políticas llegan tarde a detectar y atender a los niños y adolescentes víctimas de violencia, y existen dificultades con respecto a la aplicación de la normativa para estos casos.
Además de revisar la tipificación de los delitos vinculados a la violencia hacia los niños en la actual legislación, es necesario que el Código de la Niñez sea adecuado para asegurar las medidas de protección más urgentes, así como para garantizar un tratamiento adecuado y no revictimizador de los niños que ingresan al sistema judicial como víctimas de la violencia, precisa el documento. “Este camino también contribuiría a generar mejores condiciones para la investigación judicial y la consecuente sanción a los responsables”, advierte.
Según el informe, en 2016 fueron asesinados 22 menores de 18 años, cifra que casi duplica la estadística del año anterior (13 homicidios) y, de acuerdo con los datos procesados por Unicef, en los últimos cinco años 108 niños y adolescentes fueron asesinados en Uruguay. De ellos, las tres cuartas partes eran varones.
“En el 37% de los 108 homicidios de niños, niñas y adolescentes registrados entre 2012 y 2016 no se ha podido determinar el motivo. Este dato es significativamente mayor que el presentado regularmente por el Observatorio de Violencia y Criminalidad para el total de los homicidios. Según esta fuente, en 2014 los homicidios por motivos no identificados fueron el 8% y en 2015 el 10%”, informa. En el mismo período, el 62% de los niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso tenían entre 13 y 17 años, el 30,6% entre 0 y 5 años y el 7,4% de 6 a 12 años. En toda la serie 2012-2016 fueron 30 los niños y adolescentes asesinados por motivos de violencia intrafamiliar. De ellos, 17 eran mujeres, 12 eran varones y en un caso el sexo no se identificó. A su vez, por causas relacionadas con la violencia de género murieron 14, y 16 por otras formas de violencia intrafamiliar.
MSP PRESENTARÁ RECURSOS CONTRA COMPETENCIASDE ALCOHOL
(TELEMUNDO)
El artículo 15 del proyecto de ley que regula el consumo y mercado de bebidas alcohólicas prohíbe concursos, torneos o espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con la única excepción de la cata y degustación. Mientras el Parlamento no apruebe el proyecto, no hay ley que impida las competencias.
El Ministerio de Salud Pública debió intervenir días atrás por una competencia alcohólica en un boliche, que se publicitaba en redes sociales como el “Primer Torneo Nacional de Bebida”. Tras la reunión de la comisión multisectorial que preside Tabaré Vázquez para regular el mercado de bebidas alcohólicas, se emitió una declaración en la que condena estas competencias, y planteó acciones hasta que se apruebe el proyecto. “Esto es un evento que, por las cantidades, pone en riesgo a la población. Ante esto está el recurso de amparo que el Ministerio de Salud Pública presentaría ante la Justicia que determine la prohibición hasta que salga la ley”, explicó el diputado frenteamplista Luis Gallo.
FISCAL PIDIÓ PROCESAMIENTOSIN PRISIÓN
(TELEMUNDO)
El peón Hugo Leites presentó una denuncia por malos tratos a fines de setiembre, que llevó a la intervención del Ministerio de Trabajo, entre otros. El fiscal Ricardo Lacner pidió el procesamiento sin prisión para el capataz de la estancia El Ceibo, por agredir con un rebenque al peón, por lo que se imputó un delito de lesiones personales.
El documento divulgado por la Fiscalía reconstruye la forma en que se dieron los hechos que derivaron en las agresiones. “Fueron varios los desencuentros entre el peón y el encargado de la estancia, pero el incidente decisivo se dio el 18 de setiembre cuando ambos discutieron”, señala el documento.“La vista fiscal consigna que se produjo entonces un enfrentamiento entre ambos que se desarrolla en forma favorable al capataz”, agrega.
JUNTAN FIRMAS CONTRALA LEY DE RIEGO
(EL ESPECTADOR)
En la primera quincena de diciembre comenzará la recolección de firmas para derogar la Ley de Riego, según confirmó a El Espectador Gustavo Ricci, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE. La vicepresidenta Lucía Topolansky fue al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para intentar desactivar el referéndum contra la recientemente aprobada ley de riego que impulsa el sindicato de OSE, pero fracasó. El gremio se mantiene firme en su postura porque entiende que la norma es inconstitucional.
Fernando Pereira, presidente del Pit Cnt, propuso crear una comisión para que aporte sugerencias para la reglamentación de la ley, lo cierto es que si bien el sindicato de OSE participará en ella también juntará firmas para que haya un referéndum con la intención de dejar sin efecto la norma y presentará un recurso de inconstitucionalidad.
Ya se contactó con los abogados de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida para que elaboren un escrito. Ricci dijo que participarán de la Comisión pero con el fin de frenar los efectos de la Ley en caso de que no prospere la recolección de firmas y el recurso de inconstitucionalidad.
