La fuerza política del gobierno tiene, al menos, dos posturas en torno a la conveniencia o no de firmar un Tratado de Libre Comercio. En esta oportunidad con México, pero si fuera con otra nación –como Chile–, la controversia está planteada de igual modo.
Casa Grande y el Partido Comunista entienden que el gobierno “debe informar cuando comienzan negociaciones vinculadas con cualquier acuerdo comercial bilateral o multilateral”, reclamando que dicho acuerdo se negoció en unos meses y, una vez firmado, se compartió el documento en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin mayores detalles hacia la interna.
Este acuerdo tiene más de 15 años y aún se estima que Uruguay permanece en desventaja, sin equipos sólidos de negociadores ni una fuerte imagen que emane de la Cancillería y rija, desde allí, la política exterior uruguaya. Porque así como no tenemos un Parlamento altamente capacitado para sancionar leyes que después en su aplicación no transiten por el borde de la inconstitucionalidad, tampoco existen equipos conformados para la negociación de tratados, específicamente en puntos sensibles como la propiedad intelectual o el comercio electrónico.
Sin embargo, el programa del Frente Amplio para la campaña electoral pasada reconocía “el espacio comercial de la Alianza del Pacífico, al que Uruguay pertenece como miembro observador” y “la pertenencia plena a este mecanismo solo será posible en la medida que no confronte con nuestros objetivos de integración y negociación en el Mercosur”. Entonces, si la profundización del bloque era o es el objetivo partidario, se deberá reconocer que tanto Chile como México integran la Alianza Pacífico –además de tener un TLC con Estados Unidos– y que la apertura no se debe radicar exclusivamente con las negociaciones que emanen en Buenos Aires o Brasilia.
Estas discusiones que parecen alejadas de las realidades domésticas y asuntos cotidianos se presentan como un escollo a resolver, en tanto ubican al país en el contexto sudamericano e internacional bajo una perspectiva de desarrollo. A pesar de encontrarse en el programa por el que Tabaré Vázquez y su fuerza política accedieron al gobierno por tercera vez, un tratado de estas características con Chile se encuentra trancado en el Parlamento, que todo lo puede, porque tiene la mayoría.
Tiene incluso el poder de bloquear a su propio programa de gobierno bajo el argumento de la necesidad de estudiarlo un poco más. En realidad, solo aguardan a confirmar quién accederá a la presidencia chilena, porque existen fuertes chances de que Sebastián Piñera asuma en el Palacio de la Moneda y eso cambiaría hasta la justificación del tratado, basado en las diferencias ideológicas con el supuesto futuro mandatario.
Pero Nin Novoa parece mostrarse por encima de los resultados en la pizarra y su preocupación es la imagen que demuestra Vázquez, que ha viajado a China con el tan ansiado acuerdo bajo el brazo, incluso con la Unión Europea y ha puesto la cara del país para negociar con verdaderos leones proteccionistas, como Francia, por ejemplo.
Entonces, al mandatario no le queda otro camino que negociar con la oposición aunque para una resolución de este tipo, se nota que le da largas al asunto. Pero es una alternativa ante el palo en la rueda que ponen las bases en la interna y la central sindical, que también ha demostrado su fuerza e influencia. Sin embargo, estas cuestiones discurren en el gran vacío que deja la ausencia de políticas de Estado, la falta de un estadista que conduzca y de un catalizador que sirva para aterrizar las iniciativas en el territorio.
Igualmente, todavía la decisión se encuentra en las manos de Vázquez –aunque finalmente resolverá el Parlamento–, quien deberá demostrar que sus giras presidenciales sirven para abrir el comercio, por ejemplo, como ya ocurrió con México, al que Uruguay exportará leche en polvo y carne sin aranceles. Pero tantos cuestionamientos y análisis sobre vinculaciones a otros acuerdos, que apuntan a las regulaciones antes que a los aranceles, están dejando pasar el tiempo. Y 2018 será un año preelectoral, donde se comenzará a manejar el discurso –además del presupuesto– con mayor cuidado. Tanto es así que la Mesa Política, en una de sus últimas reuniones, acordó “retomar la ofensiva política e ideológica”, con la renovación de sus cuadros y la ampliación de su base de diálogo con profesionales universitarios y jubilados. Y eso ya se nota, porque parece una suerte de blindaje contra su propio gobierno que sostiene un discurso liberal. De lo contrario, solo alcanza con escuchar al presidente, su canciller o su ministro de Economía.
Para tener una idea: Chile es un estado asociado al Mercosur y tiene un PBI aproximado a 240.000 millones de dólares (el de Uruguay es de 53.000 millones de dólares). Este Estado gobernado hasta ahora por el Partido Socialista es bastante más abierto que el uruguayo, porque su comercio exterior representa más de la mitad de su PBI y, en Uruguay, esta cifra se ubica en torno al 35%. Los trasandinos, mientras tanto, han firmado 24 acuerdos de estas características que involucran a más de 60 países.
Y si el temor es la regulación laboral, es interesante observar que los acuerdos promueven intercambios económicos, además de las competencias empresariales en igualdad de condiciones y cada nación se reserva la soberanía plena de la regulación de sus mercados de trabajo. Por eso, esta discusión ya es vieja y radica en la conveniencia o no de establecer una política de Estado, basada en los acuerdos de comercio exterior que no dependa de la voluntad del Pit Cnt, de sectores radicales fuertemente ideologizados o la voluntad política de la fuerza de gobierno.
Hasta que no haya una formación al respecto y dejemos de calibrar resultados para la tribuna, mientras miramos la pizarra para ver quién va ganando, poco haremos en el contexto internacional, por más que Vázquez busque aquilatar su imagen y estudie cada palabra que diga. Y si los tratados desnudan flaquezas, entonces será tiempo de barajar y dar de nuevo.