Otras empresas para investigar

Hasta mediados de agosto se habían presentado más de 70 empresas a concurso y el aumento significaba en ese momento un 55% con respecto al año anterior, donde únicamente en la primera quincena de aquel mes se presentaron una decena de empresas.
La presentación a concurso, o la antigua suspensión de pagos, es una de las herramientas más usadas ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas y, en ocasiones, se han observado cierres desordenados, apresurados y sin controles que dejan trabajadores y acreedores por el camino. Sin embargo, no todas las empresas han estado fundidas, sino que lograron salir airosas y sin mayores consecuencias. Y algunos ejemplos obstan, pero interesante es su análisis, como por ejemplo el caso de Fripur, que desempleó a unas 970 personas sin que nada se incendiara ni las fuerzas sociales marcharan calle abajo con pancartas que pidieran la cárcel para sus dueños, como se vio en otras oportunidades décadas atrás.
En los últimos días, logró ubicarse a Alberto Fernández, extitular de la antigua empresa pesquera por parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la financiación de campañas electorales a cargo de privados en las elecciones anteriores. En este caso, el empresario pagó a la Congregación de las Hermanas Oblatas por la banda presidencial de José Mujica, aunque el Estado le retribuyó el dinero, donó unos U$S 15.000 para el traspaso de mando en 2010 y en varias oportunidades prestó su avión a Mujica y a Tabaré Vázquez.
Ahora, ante la investigadora declaró que es un “confeso frenteamplista” y “fervoroso mujiquista”. “Yo con Pepe tenía un vínculo muy especial, y hablé con él muchas veces. No fue para pedirle nada, sino para conversar sobre la problemática social. A mí me preocupa mucho la gente”, dijo el dueño de la empresa que dejó sin trabajo a casi mil personas, donde 86% eran mujeres.
Era también el mismo empresario que sometía a “duras condiciones de trabajo, especialmente a las embarazadas”, “casi sin abrigo” a pesar del frío y con “denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo que eran archivadas”, según relataron algunas mujeres.
Tanto fervor sorprendió a los legisladores cuando escucharon que “daría mi sangre y mi corazón por el Frente Amplio”, junto a su colaboración voluntaria porque “nadie vino a pedirme ayuda”, dijo en la citada comisión.
En los recuerdos apareció el préstamo de la aeronave a Mujica para que viajara a Brasilia, y reunirse allí con Lula da Silva, y a Buenos Aires, con Cristina Fernández.
Con la asunción del presidente en 2010, decidió hacer una colecta entre empresarios para celebrarlo de manera especial y así recaudó U$S 15.000 para la ceremonia de Mujica. Por lo demás, durante su comparecencia legislativa el empresario estuvo molesto por la presencia de la prensa en el Palacio Legislativo y en desconocimiento de una serie de hechos consultados con respecto a su empresa.
Aunque Fernández saldó sus cuentas con la banca privada, aún debe U$S 38 millones desde 2015 al Banco República –casi el doble de lo que debía Paylana al momento de su cierre–, y si se observa la curva de sus atrasos con la institución en 2004, se constata que en ese entonces solo debía U$S 300.000. Tampoco supo responder sobre el destino del dinero, las razones de su quiebra, el origen de una multa aplicada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) por la adulteración de la fecha de vencimiento en el empaque de sus productos y alegó que de las cuestiones referidas a la venta se ocupaba su hermano Máximo. Como resultado de estas maniobras, Europa cerró sus mercados a la industria pesquera uruguaya.
En aquel entonces, por la demora en la actuación ministerial y la flagrante violación de las normativas exportadoras, la Dinama aplicó una multa de 100 UR cuando correspondía 5000 UR. Pero el empresario no recuerda, incluso, sus vinculaciones con Kentilux, una de las empresas de energía eólica que le vende al Estado, a pesar de la demanda civil impuesta por UTE para que se considere a ambas ligadas al mismo grupo empresarial y así conseguir cobrar adeudos que ascienden a 25 millones de pesos.
No obstante, el hermano fallecido sirvió de argumentación ante los diputados, si bien los trabajadores de la pesquera estaban al tanto que los préstamos del BROU se destinaban a inversiones en los molinos de viento.
Y las denuncias sobre la utilización de los créditos bancarios para negocios colaterales no era nueva, porque se observaba la falta de inversiones en el frigorífico capitalino, la caída de las exportaciones y salarios en Fripur que no eran más de $15.000.
Este es otro caso de “dueños ricos de fábricas fundidas”, como a sindicalistas y dirigentes oficialistas les gustaba tanto repetir en otras décadas, solo que ahora son protagonistas de una historia donde han hecho mutis por el foro aunque sepan que esas inversiones se sustentan en negocios agropecuarios, forestales, inmobiliarios, y de otra índole. Las contradicciones se manifestaron a diario, bajo un silencio cómplice de quienes debieron actuar cuando eran gobierno pero una vez más no lo hicieron por tratarse de “amigos ideológicos”.
Escuchamos aquí, en Paysandú, cuando repetían que los empresarios de la antigua textil local debían U$S 15 millones al BROU en 2010 y negociaban una salida con el entonces futuro ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
En última instancia, también se puede citar el caso de Buquebus, la empresa de Juan Carlos López Mena, quien mantuvo incumplimientos varios y solicitud de prórrogas ante distintos organismos, mientras aún resuenan los ecos del aval para un fideicomiso orientado a la adquisición de aviones de Pluna, antes de su liquidación. Con respecto a este caso, la bancada frenteamplista decidió frenar un proyecto para conceder la explotación de un puerto fluvial en dos padrones pertenecientes al Estado y ubicados en la rambla sur a López Mena, ante los reclamos opositores. Pero nuevamente se constata la relación existente entre la fuerza política con el empresario naviero que facilitó el “voto Buquebus”. Por lo tanto, ante las dudas evidentes, los senadores frenteamplistas resolvieron volver atrás.
Es decir que la historia se repite para aquellos que se presentaban como la reserva moral de la sociedad y juzgaban conductas, bajo argumentaciones que parecían incuestionables y que nunca volverían a repetirse. Sin embargo, dejaron hacer y dejaron pasar porque les convenía, pero lo hicieron con tanta soberbia que olvidaron que nadie resiste el archivo. Incluso ellos.