Residuos, un tema que se viene

Uruguay intenta avanzar en materia de protección ambiental y enfoca la disminución de residuos y su utilización como recurso para el reciclaje. En este sentido, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, presentó ante la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente (Cotama) el proyecto de ley de gestión integral de residuos, en cuya elaboración han estado trabajando desde hace más de un año con participación de más de 60 representantes de 28 organizaciones.
Hasta el 8 de diciembre hay tiempo para que los particulares y las instituciones puedan realizar sugerencias para mejorar el proyecto, que luego se elevará al Parlamento para su aprobación final. La participación ha sido otra de las características de este proyecto que, como bien dijo el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, “hubiera sido más fácil hacerlo entre cuatro paredes” pero se eligió este otro camino para involucrar a la sociedad desde el vamos en lo que será la nueva normativa.
Una de las ideas centrales es la denominada “economía circular” con el objetivo de quitar del ambiente los residuos que sirvan de insumo para, a partir de su revalorización, desarrollar nuevos bienes, es decir, recuperar la materia prima para fabricar otros productos.
Esto implica considerar a los residuos como recurso, reconocer sus posibilidades de generar valor y empleo, disminuyendo los índices de disposición final. También implica priorizar la minimización de la generación en origen frente a cualquier alternativa, promover la reutilización y la valorización, a través del reciclado, y fomentar otras formas de valorización de residuos.
En otros países la economía circular da lugar a negocios de distinta envergadura, creando fuentes de empleo aunque en el nuestro son muy pocas y recientes las experiencias de valorización de residuos.
Para esto es necesaria una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que, en primer lugar, tienda a evitar la generación de este tipo de residuos o, al menos, procure la minimización reduciendo, reutilizando y reciclando, para pasar al tratamiento en el caso que no sea posible realizar lo antes mencionado y si no se puede tratar, recién pensar en la disposición final.
En este sentido, el proyecto determina responsabilidades que deberán ser asumidas. Por ejemplo, la responsabilidad de quien genera los residuos expresando, por ejemplo que “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el deber de minimizar la generación de residuos y gestionarlos de acuerdo con lo que se establece en la presente ley y en las reglamentaciones específicas que se dicten en la materia”, en todas las etapas del proceso, correspondiéndole la asunción de los costos para ello, salvo las excepciones que establece la ley.
Por contrapartida y a efectos de favorecer los emprendimientos que surjan en el sector, el proyecto plantea un financiamiento especial para la gestión de residuos mediante un fideicomiso en la órbita estatal y la creación de un Fondo Nacional de Gestión de Residuos, cuyo objeto será financiar los programas de gestión de residuos especiales y apoyar el mejoramiento de la gestión de residuos por los gobiernos departamentales. También se proyecta crear un Fondo de Valorización de Residuos, para promover los procesos de valorización y el desarrollo de nuevos productos tendientes a minimizar la generación de residuos.
En cuanto a los consumidores, la idea es desestimular el uso de productos plásticos gravando con el Imesi algunos productos como envases no retornables, bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos, película plástica utilizada como material de embalaje, vasos descartables, bolsas plásticas para transportar productos y bienes y productos electro-electrónicos, entre otros.
Ese camino ya está siendo iniciado y las que están en la mira son las bolsas de plástico, previéndose que se empiece a cobrar por el uso de este objeto tan presente en nuestra vida diaria pero que tanto daño hace al medioambiente.
Al respecto, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó por unanimidad otro proyecto de ley que promueve la “reducción del impacto ambiental” que ocasionan las bolsas de plástico o nylon. La norma también prohíbe la fabricación, importación, distribución y venta de las bolsas plásticas que no sean biodegradables lo que obligará a las fábricas locales –que emplean a 1.500 trabajadores– a pasar a una producción sustentable y a los importadores (el 80% de las bolsas que usamos por año los uruguayos son importadas) a introducir cambios en el mercado.
En el caso de las bolsas, así como en el de otros residuos, el efecto ambiental más notorio de su manejo y disposición final inadecuados es el deterioro estético de las ciudades y el campo aunque sus consecuencias ambientales más adversas se vinculan a la contaminación, en particular del suelo, el aire y el agua.
Si bien la aplicación y control del cumplimiento de la nueva normativa de protección del ambiente estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dinama, los gobiernos departamentales deberán ejercer los cometidos asignados en la normativa, así como dictar las resoluciones complementarias que faciliten o aseguren su cumplimiento, también se requiere comprensión ciudadana del problema y colaboración en la meta de vivir en ambientes más saludables.
Es un tema complejo porque involucra fuertes cambios de hábitos en un escenario de cultura en el que muchas veces predomina el “use y tire”, pero también es un camino necesario desde una perspectiva de calidad de vida y sustentabilidad. Habrá que demostrar entonces que ser amigables con el medio ambiente tendrá un efecto positivo también en la economía, puesto que se destinarán menos recursos a gestionar la basura que generamos y desechamos inadecuadamente.
A la vez, ésta podrá ser transformada mediante nuevos usos como la producción de energía, el reciclaje u otros. Porque está demostrado que continuar contaminando no es inocuo y genera notorios costos materiales y humanos.