(EL PAIS)
Pese a que el número de personas que cobran el seguro de desempleo ya lleva más de un año por debajo de 40.000 y consolidó en el último tiempo una notoria baja, al dejar atrás un pico en las cifras entre julio de 2015 y agosto de 2016, en setiembre se cortó una racha de 13 meses consecutivos de contracción en la cantidad de beneficiarios al registrarse un mínimo aumento.
Según los datos aportados por el Banco de Previsión Social (BPS) a El País, en setiembre fueron 37.972 los trabajadores que accedieron al subsidio. Esto significó una ínfima suba de 13 personas respecto al dato de agosto (37.959) y un incremento de 1,6% (604 beneficiarios más) en comparación a la cantidad alcanzada en septiembre del año pasado.
Para ratificar la tendencia a la baja en el subsidio, en el último año móvil (octubre 2016-setiembre 2017) el promedio mensual de personas que lo cobraron fue 11,4% inferior al registrado en los 12 meses anteriores, lo que representa 4.639 trabajadores menos. Mientras que en el noveno mes del año el BPS aprobó 9.836 solicitudes de ingreso al seguro de paro, una cifra 1,1% superior a la registrada en el mismo mes de 2016 (106 solicitudes más) y 15% por debajo de la alcanzada el mes anterior (1.747 solicitudes menos).
Respecto al causal de ingreso, hubo 25.374 trabajadores que cobraron el seguro de paro por despido, 2.246 por reducción laboral (las horas trabajadas no superan el 25% de lo habitual) y 10.352 por suspensión. El informe del BPS analiza que frente al mes anterior “mientras la causal despido y suspensión presentan una disminución del orden de -0,1% (14 beneficiarios) y de -1,1% (110 beneficiarios) respectivamente, la causal por reducción laboral se ha incrementado en 5,5% (137 beneficiarios)”. Al igual que en agosto, la industria manufacturera fue el sector de actividad con más trabajadores en el subsidio (7.627), seguido por la construcción con 7.249 beneficiarios, el comercio con 6.888, las actividades agropecuarias con 2.612 y el transporte con 2.421.
INDAGAN CUENTAS DE CEMENTOS DEL PLATA
(EL PAIS)
Ancap invirtió 148,5 millones de dólares en el negocio de la cal a través de la empresa privada de su propiedad, Cementos del Plata, que construyó plantas de producción de cal en Treinta y Tres para proveer a la usina de Candiota. Con ese material, la central termoeléctrica minimiza el impacto de la lluvia ácida provocada por la quema de carbón.
En la investigación del Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno sobre las denuncias de la oposición sobre eventuales irregularidades en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015, hay un capítulo sobre el acuerdo entre la empresa Cementos del Plata y la Sociedad Térmica de Generación de Electricidad (Cgtee), perteneciente a Eletrobras, el organismo del gobierno brasileño responsable de la generación y distribución de energía eléctrica.
La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal de dicha materia, Luis Pacheco, investigan si la empresa Cementos del Plata posee una cuenta en Estados Unidos y si mediante la misma, se hizo algún pago a Cgtee. Esa empresa compra 12.000 toneladas de cal mensuales provenientes de las plantas de piedra caliza de Treinta y Tres. Pacheco solicitó a Larrieu que curse un pedido de informes a Cementos del Plata sobre si esta firma posee o no cuentas en un banco de Estados Unidos. La respuesta de Cementos del Plata llegará al juzgado dentro de una semana, indicaron a El País fuentes judiciales.
Ese no es el único negocio de Cementos del Plata investigado por la Justicia Especializada en Crimen Organizado. La empresa le otorgó adelantos por US$ 2,4 millones a Pleno Verde que se encarga de trasladar la cal de Treinta y Tres a la usina de Candiota. La contratación de esa empresa de transporte de origen brasileño se realizó en forma directa. Los autoridades de Cementos del Plata argumentaron en el juzgado que no se hizo un llamado a licitación para contratar a empresas de transporte y se optó por acordar con Pleno Verde porque la usina de Candiota precisaba la cal en forma inmediata y no podía esperar los seis meses que demoraba la licitación. Agregaron que en Uruguay no había suficientes camiones tolvas (cerrados) para transportar la cal a Brasil.
HOTELES PRESENTARÁN RECURSO DE AMPARO
(EL PAIS)
La instalación de una cabina de control en un camino departamental por la Intendencia de Salto, que impone el cobro de entradas a Termas del Arapey y se aplica también a los viajeros alojados en los hoteles privados, generó un duro enfrentamiento.
Los empresarios, que ven vulnerados sus derechos, y sus clientes, advierten que la medida, además de ser un peaje “encubierto”, corre al turista por las demoras que debe soportar el viajero y la ausencia de condiciones mínimas de comodidad para estacionar en el lugar, donde ni siquiera hay gabinetes higiénicos. Esta medida comenzó a aplicarse el pasado 1º de noviembre y será impugnada ante la Justicia mediante un pedido de acción de amparo que presentarán profesionales de las firmas privadas. El sábado se labró un acta con escribana pública en el lugar, al cual declinaron hacerse presentes jerarquías municipales, tanto la directora de Turismo como el director de Jurídica.
La decisión de la administración del intendente Andrés Lima de ubicar la cabina de control y cobro de entradas en el camino departamental “Dr. Raúl Gaudín”, un kilómetro antes del ingreso al predio de los complejos habitacionales municipales y de los predios privados en los que se construyeron dos hoteles cinco estrellas, fue discutida por los inversores por los efectos negativos para los turistas que deben realizar un trámite que consideran innecesario y pagar 80 pesos uruguayos por persona. El gerente del Hotel Altos del Arapey, Roberto Siegfried, dijo a El País que ante la falta de diálogo con la Intendencia, se reservan el derecho de tomar las acciones que entiendan convenientes e irán “hasta las últimas consecuencias”.
TRES MOTOCICLISTAS FALLECIDOS
(TELENOCHE)
Tres motociclistas fallecieron en accidentes de tránsito registrados durante este fin de semana. El primero de ellos ocurrió el sábado a la noche, a la altura del kilómetro 406.800, ruta 8, cuando un “motokilero” reventó la cubierta y perdió el dominio del birrodado. Pese a que fue trasladado al Hospital de Melo, el hombre murió en el lugar. Según informaron a Telenoche familiares del fallecido, el hombre se dedicaba a traer productos desde Brasil a Uruguay. El segundo accidente fatal tuvo lugar en la madrugada de ayer domingo en el barrio Cordón, cuando un motociclista se desplazaba por la calle Magallanes y al llegar a la intersección con Colonia cruzó en rojo, embistiendo a un automóvil que circulaba habilitado por la calle.
Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado, un joven de 23 años, falleció en el lugar. El tercer siniestro fatal se registró en el mediodía dominical, en el kilómetro 301 de la ruta 2. De acuerdo con fuentes policiales, un motociclista de 17 años que provenía desde Mercedes, murió al ser arrollado por la zorra de un camión.