Junio cerró con 47 muertos en siniestros de tránsito, ubicándose como el segundo mes con más fallecidos en lo que va del año, solo detrás de marzo, que registró 50. Le sigue febrero, con 43 víctimas fatales. Al menos hasta el viernes y desde el inicio de las vacaciones de invierno, se contabilizaron en el país nueve personas fallecidas, tres de ellas peatones, lo que demuestra un aumento preocupante en los índices de siniestralidad vial. Ese mismo viernes, por ejemplo, dos accidentes fatales —en Soriano y Canelones— se cobraron la vida de dos motociclistas de 24 años. Una estadística alarmante para un país con alto acceso a vehículos y un creciente tránsito por las carreteras nacionales.
El Informe Anual de Siniestralidad Vial de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) reportó en 2024 un total de 434 fallecidos, lo que implica una tasa de mortalidad de 12,1 por cada 100.000 habitantes. Estos indicadores son peores en comparación con 2023. En promedio, esto representa más de una persona fallecida por día, y —en su mayoría— jóvenes motociclistas.
Según el organismo, el 25% de los siniestros fatales del mes pasado se debieron a despistes, sin presencia de alcohol en sangre ni participación de otros vehículos.
¿Tuvo el uso del celular algo que ver en estos resultados? Si un conductor no puede utilizar este dispositivo, tampoco debería hacerlo un peatón —aunque no reciba una multa por ello—. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ese peatón no tendrá cobertura, según lo establece el artículo 7 del capítulo 2 de la Ley N.º 19.824, que actualiza la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.
El principal desencadenante de la alta siniestralidad sigue siendo el factor humano, asociado a imprudencias como el exceso de velocidad, adelantamientos indebidos o el no uso de elementos de seguridad.
Algunos datos destacados del informe de Unasev reflejan particularidades relevantes respecto al año pasado. El 80% de los motociclistas usaba casco al momento del accidente. Entre quienes no lo utilizaban, el 20,2% resultó gravemente herido y el 2,2% falleció en el siniestro.
La utilización del casco varía según el departamento: en Rivera, el 95,4% de los siniestrados lo llevaba puesto, mientras que en Colonia solo el 60,7% cumplía con esta norma. Por ello, las intendencias departamentales están llamadas a asumir una mayor responsabilidad, tanto en la promoción de leyes de cumplimiento nacional como en su fiscalización. De lo contrario, las nuevas medidas que se estudian tendrán escaso impacto.
Otro dato relevante: el 94,5% de los controles de alcoholemia realizados a conductores accidentados dio como resultado cero gramos por litro de alcohol. No obstante, en 2023, el 3% de los conductores alcoholizados sufrió un accidente entre lunes y viernes. Esa cifra se elevó al 9,9% los sábados y al 15,1% los domingos.
Hoy las fiscalías están saturadas, y por eso Unasev estudia la posibilidad de solicitar una nueva infraestructura para permitir la aplicación efectiva de la Ley de Faltas. Sin embargo, esto debe acordarse con los gobiernos departamentales. La existencia de diecinueve espacios de decisión en esta materia dificulta aplicar una normativa clara y concisa de forma homogénea.
Es evidente que ninguna medida aislada —ni la libreta por puntos, ni la fiscalización, ni las campañas educativas— tendrá impacto real si no existe conciencia social ante una estadística que crece y nos involucra a todos.
A los números hay que sumar también el impacto económico. Un informe de Unasev publicado en 2021 indicó que el país perdió 25 millones de dólares entre 2015 y 2019 debido a la siniestralidad vial, lo que representó el 0,92% del Producto Bruto Interno (PBI), y se estimaron un 2,5% adicional en costos médicos. Es fundamental mejorar la conducta de quienes conducen en Uruguay, donde se observa un preocupante nivel de distracción, negligencia o incluso violencia al volante.
El parque automotor se ha modernizado y vuelto más accesible, con opciones más rápidas y tecnológicamente avanzadas. Pero esto no garantiza seguridad, especialmente en un país donde existen diversas formas de rendir el examen práctico de conducir.
Uruguay se comprometió a reducir a la mitad las víctimas registradas en 2021 (434) para el año 2030, en el marco del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial impulsado por Naciones Unidas. Sin embargo, tres años después, esa misma cifra se repite, lo que aleja aún más al país del cumplimiento de la meta. De hecho, en los últimos cinco años, las estadísticas se han mantenido estancadas desde 2019.
Para revertir este escenario, Unasev propone una mayor fiscalización y coordinación. Pero estas medidas deben acordarse con los gobiernos departamentales, evitando interpretaciones discrecionales de normas que deben aplicarse de manera uniforme en todo el territorio.
También se debe incluir en el debate el uso de radares para controlar los excesos de velocidad. Si bien Unasev no tiene capacidad de ejecución directa en esta área, se necesita una coordinación con el Ministerio de Transporte para definir su ubicación, alcance y operativa en puntos críticos del país.
Gobiernos nacionales, departamentales y municipales deben acordar y asumir responsabilidades sin menoscabar las autonomías locales, pero con plena conciencia de la urgencia de enfrentar un fenómeno que deja discapacitados o mata a jóvenes cada semana.
Y, finalmente, se debe reconocer que la falta de valores de convivencia y educación vial también incide en esta crisis. Una sociedad que no se siente responsable difícilmente podrá generar el cambio necesario.