Lejos de llamarse a silencio por su conducta al frente de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, continúa intentando justificar sus acciones y omisiones relacionadas con su actuación al frente de ese organismo. Para ser sinceros, el ex vicepresidente cuenta con una llamativa vocación por negar lo obvio, tal como sucedió con el supuesto título universitario en genética que únicamente la hoy vicepresidente Lucía Topolansky afirma haber visto.
Esta vez el objeto de los ataques de Sendic es la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), quien ha despertado la ira del otrora jerarca por el simple hecho de cumplir con su función en el marco de las leyes vigentes que la regulan. Es importante recordar que entre sus cometidos más importantes, la Jutep asesora en materia de los delitos contra la Administración Pública y contra la economía y la hacienda pública, que se imputen a alguno o algunos de los jerarcas y/o funcionarios comprendidos por la legislación vigente, tales como el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los senadores, los representantes nacionales y los intendentes municipales, entre otros. Asimismo, le corresponde asesorar a los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia, cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público lo dispongan, e incluso posee facultades para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
La Jutep está integrada por el Contador Ricardo Gil Iribarne, el Doctor Daniel Borelli y la Señora Matilde Rodríguez Larreta, nombres que fueron propuestos por el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez al Senado de la República, quien aprobó sus venias en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2016. Es importante mencionar que el Frente Amplio votó afirmativamente las tres designaciones, por lo cual queda claro que entendieron que las personas propuestas cumplían con las condiciones técnicas y personales para desempeñar en forma adecuada una responsabilidad tan importante. Es más: en esa reunión del Senado, su integrante el frenteamplista Rafael Michelini expresó lo siguiente: “Es un honor para nosotros votar la venia para designar a la señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz para este cargo, y lo hacemos, además, con mucho cariño”. Por su parte el senador Daniel Garín, también del Frente Amplio, reseñó las cualidades del Dr. Daniel Borrelli para dicha tarea y propuso su nombre. El también senador del Frente Amplio Enrique Pintado, sostuvo, asimismo, que “se justifica plenamente la aprobación de la venia del contador Ricardo Gil Iribarne para ocupar la responsabilidad para la cual ha sido propuesto”. Resulta imposible dejar de mencionar que en esa misma sesión del Senado, y tal como surge de las actas que se encuentran disponibles en la página web del Parlamento Nacional, Raúl Sendic estaba presente ejerciendo su cargo de vicepresidente de la República.
Sin embargo, a pesar de la venia votada por el Senado y del apoyo expreso del Frente Amplio a los tres actuales integrantes de la Jutep (Gil Iribarne, Borelli y Rodríguez Larreta), Sendic ha decidido atacar la actuación del organismo en relación con las denuncias sobre su gestión. En efecto, de acuerdo con la información publicada por el semanario “Búsqueda”, los abogados del ex vicepresidente se opusieron “enfáticamente” a la intervención de la Jutep en la investigación sobre presuntas irregularidades en Ancap. Es bueno recordar que, tal como lo ha destacado el referido semanario, el fiscal del caso, Luis Pacheco, había solicitado “la opinión de ese organismo respecto a tres negocios del ente: la triangulación a la empresa Trafigura para refinar el petróleo ecuatoriano, el contrato frustrado con Exor para negociar una cancelación de la deuda con Pdvsa y la contratación de un remolcador a la empresa Kios.” Sin embargo, para la defensa de Sendic (y en definitiva para el propio Sendic) ese organismo está “contaminado” y carece de “objetividad”, basándose en que la Jutep había expresado, al tratar el tema de las tarjetas corporativas, en setiembre del presente año, que el ex vicepresidente “incurrió en violaciones a las normas de administrativas de fondos públicos”. Como consigna “Búsqueda”, para la defensa de Sendic la opinión de la Jutep “estará absolutamente viciada, parcializada y por consiguiente, carente de toda objetividad e imparcialidad a la hora de emitir su asesoría”.
¿A qué se debe un cambio tan llamativo en la opinión de Raúl Sendic sobre la Jutep y sus integrantes, los cuales como ya mencionamos fueron propuestos, defendidos y votados por el Frente Amplio en presencia del propio ex vicepresidente? ¿Por qué tres personas que hace menos de un año eran las indicadas para ocupar cargos tan importantes para el contralor y cumplimiento de las normas en materia de transparencia y ética pública hoy son atacadas por una figura destacada de la misma fuerza política que los votó en el Senado? La respuesta es muy sencilla: a Raúl Sendic no le gustó lo que la Jutep dijo sobre su gestión en relación con el uso de las tarjetas corporativas y por ello optó por atacar a dicho organismo para desprestigiarlo, tratando de salvar sus propios intereses. Este modus operandi de Sendic no debe sorprendernos en absoluto. Lo aprendió de su mentor el expresidente José Mujica, quien un día sí y otro también ataca al Poder Judicial, a sus autoridades y a sus fallos cuando los mismos no resultan convenientes para sus intereses políticos partidarios. Al fin y al cabo, en la concepción de Mujica –y ahora del propio Sendic– “lo político está por encima de los jurídico” y como consecuencia de ello cualquier poder del Estado u organismo de contralor debería, al parecer, preguntar primero al partido político en el poder qué tipo de fallo o dictamen debería emitir para complacerlos. En todo caso, la actitud de Sendic de atacar a la Jutep no debe pasar desapercibida ni puede ser soslayada, ya que en el futuro estos embates pueden dirigirse contra cualquiera que pretenda que la Constitución y las leyes se apliquen en forma justa para todos, más allá del partido político al cual pertenezcan los involucrados en cada caso concreto. No nos llamemos a engaños: desmerecer la tarea de quienes pueden controlar la gestión pública constituye un ataque al sistema democrático. Al fin y al cabo, tal como lo expresó el escritor británico George Orwell, “Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”.
Sendic y sus ataques a la Junta de Transparencia y Ética Pública
