Cuando fallan los controles

El Estado define las “metas asistenciales” en los equipos de salud como la información de indicadores relacionados con el cumplimiento de controles de niños hasta los cinco años, embarazadas, mujeres pesquisadas en violencia doméstica, adolescentes, adultos y adultos mayores controlados con su médico de referencia. Para ejercer estas “metas”, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) administra –valga la redundancia– los recursos humanos, materiales e instrumenta capacitaciones que definen los alcances de esos indicadores.
A pesar de las denuncias por irregularidades en diversos servicios, fundamentalmente en hospitales del Interior, los usuarios aprueban la atención que reciben en los centros de salud públicos. Sin embargo, las cifras se transforman negativamente cada vez que al usuario se le pregunta por los controles que se ejercen. En la última encuesta de Cifra, el 65% de los consultados respondió que se controla poco, el 13% que no hay control y solo el 9% se manifestó conforme.
No obstante, una cosa está íntimamente ligada a la otra, porque la falta de controles decantará en un desmejoramiento de los servicios y la ausencia de los monitoreos, volverá aún más compleja una operativa que en algunos casos se encuentra desgastada por los propios reclamos. Y un ejemplo de esto es la falta de especialistas, que además de denunciarlo el Sindicato Médico en los últimos días, lo comprueban los usuarios sanduceros al momento de solicitar un oftalmólogo. En otros lugares, parece difícil encontrar un pediatra en las puertas de las emergencias o constatar asiduamente el trasiego de médicos desde el sector público al privado, ante la brecha salarial.
El gremio de los profesionales aseguró que falta voluntad política para buscar una solución, en tanto reclaman una mayor capacidad de análisis a esta cuestión y demostró –de acuerdo con los salarios públicos y privados– que todavía persiste “una Medicina de pobres para pobres”. Un ejemplo que a menudo citan en el entorno profesional es el Hospital de Durazno, donde faltan cirujanos, anestesistas, pediatras y ginecólogos, quienes abandonaron sus cargos por diferencias económicas con la gerencia general de ASSE.
Pero dicha realidad no es muy diferente de otras. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, tiene en sus manos el informe detallado de lo que ocurre en ese departamento y, según su compromiso, se utilizará en la planificación de la segunda reforma de la salud, junto a los centros hospitalarios de Florida y Treinta y Tres.
En este último caso, hay grandes problemáticas en el área de Psiquiatría de adultos y en Florida persisten las falencias en Pediatría, a un año de efectuada la denuncia. Es decir, conforme pasa el tiempo, las soluciones no llegan y el administrador de los servicios de salud no administra, así como el Ministerio tampoco lo resuelve. Mientras tanto, piensa en la creación de nuevos mecanismos burocráticos para evaluar el Sistema Nacional Integrado de Salud y planea la instalación de una Agencia de Evaluación de Calidad e Indicadores.
Claro que cualquiera pensaría en la posibilidad de omisión de asistencia ante las dificultades descritas, pero las soluciones aparecen con los prestadores privados o el traslado de los pacientes hacia otros centros públicos cercanos, que genera gastos extras o problemas familiares de los usuarios. Entonces, aunque las autoridades conozcan los problemas y lo resuelvan desde un escritorio a centenares de kilómetros de las localidades, distan mucho más de padecerlos.
De hecho, en Durazno hubo un compromiso de solución a la falta de especialistas en pocos meses y, a un año de su impacto, todo sigue igual. Por el contrario, pareciera que, en medio de la búsqueda de mecanismos alternativos, evitan episodios como el ocurrido en Rivera, donde hubo irregularidades en la contratación de médicos con fondos destinados a otros rubros y por el cual se generó una tormenta política, con el cese de su director.
Aunque algunos integrantes de su directorio insistan en que ASSE controla como ninguno, en la última comparecencia a la Comisión de Salud de Diputados, quedó claro que las fallas existen, al menos en las farmacias. Dos ejemplos alcanzan: el conocido caso del Mulsiferol que se dio a bebés en dosis para adultos en el Hospital Saint Bois y el desconocimiento del destino de casi 2.500 medicamentos en el Hospital de Salto.
En todo caso, obsta cualquier disquisición si se recuerdan las palabras de la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, cada vez que dice que el gasto en medicamentos del organismo ocupa el segundo lugar de todas las instituciones de salud, en torno a un 8 o 10% del presupuesto anual, que en la última Rendición de Cuentas se ubicó en 1.100 millones de dólares.
Eso, sin mencionar que de un total de 87 farmacias del servicio público, hay 16 en trámite de solicitud de habilitación del MSP, porque las restantes no comenzaron la tramitación. Mientras las estructuras se complejizan, se crean nuevas, pero las básicas no se encuentran identificadas, sino que la secretaría de Estado prefiere definirlas en “proceso de habilitación”.
Este es otro ejemplo de cómo el Estado no se controla a sí mismo ni ejerce un monitoreo en áreas específicas como la salud, donde se supone es el organismo rector de una de las principales políticas sociales. Y esto, sin dejar de mencionar que el Sistema Nacional Integrado de Salud ya cumplió una década y no cuenta con la mayoría de sus farmacias bajo la habilitación pertinente.
Por eso vale el cuestionamiento si, ante tantas irregularidades constatadas en la investigadora parlamentaria, no amerita un fortalecimiento de las acciones del Tribunal de Cuentas, que ha considerado inadmisible, una vez y otra también, algunas contrataciones de servicios donde se constató la conjunción de intereses. O el Tocaf, cuyo texto ordenado regula las compras y otras actividades estatales para un manejo transparente de los dineros públicos. Sin embargo, asistimos diariamente al cuestionamiento de la tarea que efectúan los organismos creados para ejercer esos controles y se archivan vergonzosamente sus observaciones, porque ASSE está facultada para gastar con menos controles y ese es el principio de todos los problemas.