El juicio por presunto homicidio podría dilatarse por varios meses

Juzgado de Paysandú.

El juicio que se inició al adolescente A.S.C.P., de 17 años, que está siendo investigado por el homicidio a puñaladas de un joven de 21 años no terminó aún, ya que al haberse presentado un recurso de constitucionalidad por la Defensa, el expediente pasó a consideración de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y eventualmente el Parlamento, como se detalla en nota aparte. Sería el primer caso de inconstitucionalidad con esta razón desde la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.
Por lo tanto, el juicio está suspendido por ahora, pero va a continuar y la jueza aún no resolvió si el adolescente sospechoso del homicidio va a quedar libre o preso cuando se reinicie el proceso, ya que deberán sustanciarse las pruebas y alegatos de ambas partes.
EL PRINCIPIO DE INOCENCIA
La jueza penal Gabriela Azpiroz, que tiene a su cargo este caso, dijo a EL TELEGRAFO que “la situación legal es que hay un adolescente a quien la Fiscalía solicitó que se le formalizara por la presunta comisión de un delito. Y cabe precisar que respecto a ese adolescente rige el principio de inocencia. Hasta que no se haya sentencia que lo condene, en principio es inocente”.
La jueza aclaró que “hubo una audiencia de formalización donde se dispuso que la forma en que ese adolescente había sido detenido no había sido la correcta, según lo que dicen las leyes. Por eso en la página del Poder Judicial se dice que esta detención fue ilegítima por la condición en que estaba el menor de edad, que estaba en un lugar que es para mayores, y estaba incomunicado sin poder hablar con sus padres ni su abogado. Y eso la ley dice que está mal”.
DEBIÓ SUSPENDERLO POR LEY
Dijo que en la audiencia judicial “la Fiscalía -representada por Carolina Martínez- pidió que fuera con prisión, que el chiquilín fuera a un establecimiento para adolescentes, y la defensa se opuso a ese pedido e interpuso un recurso de ‘excepción de inconstitucionalidad’. Por lo tanto yo, como juez, no llegué a establecer si ese adolescente iba a quedar libre o a ir preso, yo no lo resolví”. Dijo que “con ese recurso interpuesto por el abogado defensor, la ley me obliga a detener el proceso, dice claramente que tengo que suspenderlo para que los jueces de la Suprema Corte decidan si está bien o no lo que la Fiscalía pidió”.
Por lo tanto, “el proceso ahora está suspendido”, aclaró Azpiroz, y “por ahora el adolescente está en libertad, pero no quiere decir que vaya a quedar libre o que vaya a ir preso cuando el expediente vuelva de la Corte. El juicio no terminó”, dijo claramente.
AÚN NO SE HA PROBADO NADA
Mientras tanto, “se presume que (el acusado) es inocente hasta que haya una sentencia, y para que eso suceda deben cumplirse otras etapas que dependen de la Fiscalía”. En este sentido, dijo que “la Fiscalía puede pedirme que vaya preso u otras medidas, como que no pueda salir de su casa, o puede no pedir nada de eso sino directamente que lo condene y que diga que fue el autor responsable, si tiene los elementos para hacerlo”.
Explicando llanamente lo que sucedió hasta ahora, la jueza dijo que lo que sucedió en la audiencia penal fue que “la Fiscalía le dijo al adolescente que lo estaba investigando por tal hecho, y que hay una serie de elementos que lo vinculan con el proceso. Por lo tanto no quiere decir que se haya probado que él no es inocente, a esa etapa no llegamos, y tiene la presunción de inocencia”.
Sobre qué pasará cuando la Suprema Corte se expida, dijo que “cuando llegue el expediente, la Fiscalía tiene 30 días para pedirme que lo condene o no. No es que el homicidio haya quedado impune, para decirlo de una manera que se entienda claramente. Está suspendido porque lo dice la ley, y cuando vuelva seguirá o no el juicio, depende de Fiscalía”.
QUÉ PASARÁ SEGÚN LO QUE DIGAN
Consultada sobre qué podrá suceder si la SCJ da lugar al recurso presentado, “si dice que lo que dijo el abogado defensor está bien, declara esa norma inconstitucional, por lo que ese artículo de la Ley no se aplica en el caso particular de este adolescente. Eso no quiere decir que no se puedan aplicar otras medidas, entre las que está la prisión, y habrá otros artículos en los que la Fiscalía podrá basarse -o no- para pedir la prisión. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a ir preso, eso no está decidido aún”.
En caso que la Suprema Corte no le dé la razón al defensor, y el artículo es constitucional, “la Fiscalía podrá pedir -o no- que se aplique la misma ley”.
EL ARTÍCULO CUESTIONADO
El abogado defensor consideró que el artículo 116 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia es inconstitucional. Ese artículo dice que en algunos casos de delitos que están previstos, la prisión es preventiva, por lo que es obligatorio que el adolescente vaya preso. Contra ese artículo, el abogado dice que no es constitucional porque para los adultos, la nueva ley dice que no van a ir presos siempre. Entonces el abogado dice que los adultos y los menores no están en igualdad, y dice que es inconstitucional”.
“LA POLICÍA NO
TIENE NADA QUE VER”
Preguntada sobre si eso podría considerarse una actitud equivocada de la Policía al haberlo detenido en esas condiciones, afirmó que “no, en lo que refiere a la inconstitucionalidad la Policía no tiene nada que ver”. Sin embargo, dijo que “es algo que debemos tener en cuenta, porque un adolescente no puede estar en esa situación y eso es algo a trabajar entre todos, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía e incluso el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU)”.
Aseguró que “las condiciones de la detención no influyeron o no van a influir en lo que pueda suceder después, pero no quiere decir que el juicio vaya a ser nulo o que no pueda valer”.
“NO ADOPTÓ LAS MEDIDAS NECESARIAS”
En cuanto al papel del INAU en esas circunstancias, dijo que “lo que debe hacer INAU cuando hay un adolescente detenido, es adoptar las medidas necesarias para que se tutelen sus derechos, que están establecidos por ley. En este caso INAU tuvo conocimiento que un adolescente estaba detenido, y consideré en su momento que no adoptó las medidas necesarias para tutelar esos derechos y cumplir lo que dice la ley”.
“En caso de un adolescente detenido, la Fiscalía y la Policía deben comunicarlo al INAU, y eso, según averigüé con INAU en la audiencia, se hizo, le avisaron”.
No obstante, hubo diferencias en cuanto “debería adoptar las medidas para que un adolescente no esté detenido en una seccional policial. INAU mandó un funcionario con ropa de abrigo y otras cosas a la Seccional. Pero lo que le objeté fue por qué lo mantuvieron en la Seccional”. Preguntada sobre si hay en Paysandú algún lugar de INAU para mantener un adolescente en esas circunstancias, la jueza dijo que “según me manifestó INAU no hay un hogar para adolescentes en estas condiciones, pero ellos mismos dijeron que tienen otros mecanismos, como acondicionar determinados lugares”.