El año siempre comienza con aumentos y 2018 no será una excepción. Al aumento de las pasividades en torno al 10%, se sumarán los incrementos de las tarifas públicas que, una vez más, demostraron que son las herramientas que se utilizan como variables de ajuste ante un déficit fiscal planchado y duro de descender.
Antel subirá 6,5%, en Ancap se resolvió un aumento de 9,8% para las naftas y 4,8% en el gasoil, bajo el argumento de su incidencia en el “país productivo”, OSE lo hará 6,5% y UTE 3,2%.
Con respecto a este último caso, el gobierno se mantuvo dividido y una férrea pulseada reveló los entretelones de un asunto no laudado porque UTE ha demostrado una mejor gestión que el resto de los organismos, con la instalación del parque eólico, la generación a tope de los recursos renovables y un excedente que le permite vender. Sin embargo, es el ente más exigido y cualquier gestión –tanto la del ingeniero Gonzalo Casaravilla como cualquiera– no lucirá porque siempre deberá responder a una caja que absorbe recursos y que en esta ocasión se ubica por encima de 140 millones de dólares extra para el organismo energético.
Si bien fue uno de los menores incrementos es posible recordar que en noviembre, el Ministerio de Economía preveía una suba del 7%, a pesar de las continuas aclaraciones que el subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, debió efectuar en las redes sociales, a raíz de la filtración de dicha información. Con todo, se esforzaron en explicar que el 3,2% se logró “gracias a la utilización de la matriz energética”. Sin embargo, una de las problemáticas que atenta contra la posibilidad de disminuir el costo de la tarifa radica en las “70.000 familias colgadas que consumen tres veces más que los hogares comunes” y representan un estrés para el ente en términos técnicos, y un estrés comercial porque lo subvencionan quienes pagan la tarifa residencial.
Este aspecto ha sido denunciado por los medios de comunicación en incontables oportunidades, pero las últimas administraciones le han bajado el tono y aunque no resulta comprensible que ahora utilicen dicho argumento para aclarar que no descienden más por esa razón, es bueno recordar que hay decisiones que cuestan el voto. Es que con meras declaraciones no se resuelve nada sino con la ejecución de medidas, porque ya lo ha reiterado el sindicato de UTE (AUTE) y es que la mayor presión económica se encuentra en las tarifas residenciales y no en los grandes consumidores. Entonces, los gobernantes han pecado de desidia en todo este tiempo si nada hicieron con los “colgados” cuya situación, ciertamente, no es reciente. No obstante, manejaron el anuncio de que existen 70.000 familias en situación irregular como quien descubre la pólvora. Y en medio de toda la discusión se ubicó la ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, a quien le hubiese gustado saber por qué UTE y el MEF se reunieron sin su presencia, para resolver un asunto donde el centro de la cuestión “debe ser la gente”, según sus dichos. Lo cierto es que las filtraciones, a veces, sirven para bajar los decibeles de una decisión o de un discurso y en este caso, también es justo decirlo, que el ministerio se perdió de recaudar esos 140 millones de dólares extra, si se hubiese concretado el 7%. La noticia rechinó en el directorio del ente porque además del incremento había que sumar las erogaciones que deberá realizar en los próximos meses como consecuencia de los acuerdos firmados entre el gobierno y la finlandesa UPM.
Las tensiones eran obvias y la continua apelación a las tarifas para resolver las cuentas desequilibradas, tampoco es nuevo. Así como no es noticia que, para enfrentar una crisis de las finanzas públicas, siempre se presiona al medio de la cadena, donde es más fácil de controlar y exigir. Paralelamente, en términos de producción se perderá aún más competitividad y para muestra hay varios botones, aunque se esfuercen en demostrar que un incremento en realidad es “una rebaja”, si se compra con los términos inflacionarios.
A pesar del zigzagueo oficial, se demostró una dirección política que va mucho más allá de las paramétricas que se utilizan en organismos desfinanciados, como Ancap, al que no es bueno en este contexto preelectoral volver a capitalizar. Por eso el fondo común de Rentas Generales apañará cualquier decisión que emane del nuevo directorio que ha puesto a la venta algunas áreas que dan pérdidas. Mientras tanto, el Pit Cnt solo ha manejado un tibio documento que considera que los incrementos tarifarios no deben ser planos, sino diferenciales para los sectores de menores recursos, fundamentalmente algunos que resultan imprescindibles como el gas, el agua o la tarifa eléctrica. Si bien reclamaron una “equidad social” al momento de adoptar las decisiones económicas para paliar el desbalance en los números, no se observó mucho más que una declaración para la tribuna.
Esta actitud no es aquella que adoptaron el 18 de setiembre de 2014, cuando convocaron a una marcha masiva –con paro incluido– donde faltó muy poco para que dijeran a quién votar. En aquel entonces se movilizaron contra una percepción, porque no había nada resuelto a excepción de resultados de encuestadoras, y “sugirieron” no votar por determinados candidatos opositores, que no acompañaron leyes que eran consideradas fundamentales por la central sindical. Ese paro contra nada y contra todos los que no pensaran igual y que organizó el Pit Cnt, en nada se parecen a estas frases hechas focalizadas en medidas que atentan contra la clase trabajadora que aclaman defender.
Paralelamente, otra de las medidas que se pondrán en práctica a partir del próximo 1º de enero, refiere a la obligatoriedad del registro de los repartidores en el Ministerio de Trabajo y en el BPS, además de cursos realizados en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
En Uruguay hay aproximadamente 4.000 repartidores en moto y se calcula que a marzo próximo, un total de 800 personas habrán realizado el curso correspondiente, donde se incluye la atención al cliente y el manejo del vehículo. En realidad, cada repartidor cuenta con su permiso de conducir y si obtiene tal documento es que ha cumplido con las especificidades impuestas por cada comuna.
Lo real en este sentido, es la informalidad y alta evasión de un sector que percibe bajos salarios y maneja a altas velocidades, presionado por la premura de las entregas que en su mayoría refieren a productos gastronómicos y a exigencias de las empresas. Con todo, es una medida tardía porque las altas velocidades competen a controles en cada territorio y –además del chaleco y el casco– responde a patrones de comportamiento que resultarán de dificultosa fiscalización.