Cuestión de inversión, empleo y costos…

Ya en la antesala del último fin de semana el ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, encabezó una conferencia de prensa de su equipo económico en la que delineó anuncios sobre una serie de medidas que propenden a generar una mayor inversión en el país. En la conferencia se reconoció que la inversión “no es cualquier motor de crecimiento, es el más genuino” y agregó que es el que tiene una “asociación más directa con el empleo”, a la vez de señalar que “hoy el nivel cuantitativo de empleo tiene que mejorar en el país”.
Los cambios que promueve el equipo económico se implementarán mediante un nuevo decreto reglamentario que, entre otros puntos, modificará la matriz de evaluación de proyectos de inversión, incrementando de 100 a 130 el puntaje máximo a obtener, de modo que los proyectos con más capacidad de impacto en la economía obtengan mayores beneficios.
De acuerdo al texto que se presentó en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “los proyectos que utilicen el Indicador de Empleo, o conjuntamente los indicadores de Investigación, Desarrollo e Innovación y Producción más Limpia podrán obtener un porcentaje de exoneración mayor al que obtendrían en el régimen actual (el porcentaje máximo de inversión exonerable continuará siendo 100%)”.
La simplificación a la que hizo mención el subsecretario de Economía Daniel Ferreri significa pasar el indicador a un esquema que compute de la misma forma la contratación de trabajadores de todos los niveles de calificación, “priorizando de este modo la creación de puestos de trabajo”.
Otra pata de la iniciativa contempla enviar al Parlamento un proyecto de ley que proponga exonerar de tributos la importación de partes para la fabricación de maquinaria agrícola a nivel nacional, teniendo en cuenta que actualmente, la importación de insumos, partes y piezas para la fabricación local no está exenta de tributos, mientras que la importación de la maquinaria sí lo está, lo que a juicio del ejecutivo genera una protección efectiva negativa para la industria nacional.
Hasta aquí sin dudas resulta de toda lógica evaluar como un aporte positivo la iniciativa, porque refiere a un aspecto sustancial para la buena salud del tramado socioeconómico del Uruguay, que es nada menos que la inversión como fuente promotora de empleos genuinos, es decir sustentables, dejando de lado la idea que promueven desde siempre los sectores más radicales de la izquierda, que pretende lograr crecimiento a fuerza de empleo público.
Con el eje en el empleo, el paquete de normativas por lo tanto extiende su regulación a sectores que importan o compiten en el escenario internacional, por ejemplo donde se busca “equilibrar las condiciones competitivas para la industria nacional” y se indica que esta exoneración será otorgada “siempre que la actividad principal de la empresa sea efectivamente la producción de piezas, repuestos y/o maquinaria agrícola y siempre que los bienes hayan sido declarados no competitivos de la industria nacional”.
Pero debe tenerse en cuenta que mplo el ministro de Economía hace referencia al aspecto “cuantitativo” del problema del empleo, cuando es notorio que más allá del Estado, que impone sus propias reglas administrativas, en el ámbito privado persiste una primarización de la economía y desindustrialización, que hace que en grandes rasgos el empleo se haya ido deteriorando en calidad tanto como en cantidad.
Respecto a este escenario, un análisis de los consultores Horacio Baffico y Gustavo Michelin, para el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, da cuenta que un desempleo aparentemente “plantado” en el 8 por ciento, es una realidad que sigue preocupando porque se mantiene la destrucción de puestos de trabajo y la falta de oportunidades para los jóvenes.
La reducción de puestos de trabajo se concentra en los sectores productores de bienes que están reclamando por la pérdida de competitividad con mayor intensidad. En este contexto, el empleo en el sector público sube, por lo que es el sector privado el que baja en su participación. Como hecho positivo, aunque se registra más subempleo se está logrando que mejore la tasa de formalización en la seguridad social.
Pero la tasa de desempleo surge de la interacción entre la demanda de las empresas y la oferta de las personas que desean trabajar (población activa). En tanto que la diferencia entre oferta y demanda es la cantidad de personas desocupadas que luego se expresa como un porcentaje del total de personas que quieren trabajar. Por lo tanto, es posible que la tasa de desempleo se mantenga estable como en los dos últimos años, a pesar que los puestos de trabajo son menos. Solamente se necesita que la cantidad de personas que quieren trabajar también baje en el mismo período.
Se puede estimar para el año 2017, en función de las proyecciones de población, que fueron 142 mil personas que querían trabajar pero no consiguieron empleo. Esta cifra comparada con la del año 2013 refleja que el problema social ahora involucra 28 mil personas más. A estos desocupados se agrega que, dentro de los que están empleados, hay 137.500 personas que se consideran sub-ocupadas, o sea que tienen trabajo pero desean trabajar más horas en las mismas condiciones.
Al mismo tiempo, en 2013 el 55,9% de las personas desempleadas no ponía condiciones para aceptar una propuesta, mientras que en el 2017 ese porcentaje subió al 61,3%. La condición de desocupado que no pone condiciones es clave para calificar el desempleo como problema social. En efecto, cuando es bajo se puede asumir que las personas que están desocupadas lo están en forma temporal durante el tiempo de búsqueda de un trabajo acorde a sus expectativas. Cuando empieza a subir es una señal que la falta de empleo empieza a generar problemas en la economía.
Este escenario del que venimos alertando desde hace años no es nuevo, pero hasta ahora el gobierno ha insistido en que todo va bien y que solo hay algunos sectores en dificultades.
La respuesta en estos días ha sido la de anuncios para promover la inversión, lo que es un acierto en cuanto a dar sustentabilidad a la generación de empleo, a la vez de un reconocimiento tardío de que la situación no es tan buena como la muestran.
El problema es que no alcanza con mejorar las condiciones para establecer las inversiones, porque las empresas tienen que sobrevivir y ser rentables aún después finalizados los beneficios iniciales. Por lo tanto el éxito de estas medidas está en gran medida en facilitar de forma permanente que las empresas sean sustentables, que el inversor vea que es buen negocio jugársela y colocar su dinero en este país, para lo cual es imprescindible bajar el costo de Estado. De otra forma, todo lo que se haga serán solo parches.