En Uruguay las últimas semanas serán recordadas como un período de sorprendente actividad desde el punto de vista político y social para esta época del año. Parafraseando al historiador británico Eric J. Hobsbawm, estamos viviendo un “verano corto” en el cual la tradicional siesta estival se ha visto interrumpida por la actividad de los denominados “autoconvocados”, cuyas acciones y reclamos han tenido consecuencias inesperadas en diferentes ámbitos, algunas de los cuales están más allá de los planteos que han sostenido desde su irrupción en el escenario nacional.
Una de esas consecuencias es el debate que se ha instalado en la opinión pública sobre las contrataciones de familiares por parte de jerarcas de distintos organismos públicos. Esta práctica, que ha pasado a formar parte de la agenda nacional, genera fuertes enfrentamientos entre actores políticos, muchos de los cuales se limitan a culpar al otro por una conducta determinada al tiempo que sea defiende o se minimiza su gravedad si quien lo realiza pertenece a su fuerza política. La lista de jerarcas que han contratado a familiares y parejas es amplia y multicolor, e incluyen a los intendentes de Artigas, Soriano, Maldonado, Salto, Lavalleja, Tacuarembó y Flores. El propio Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, contrató en su momento a su pareja para cumplir tareas de asistente, situación que se mantiene incambiada. Otro caso es el de tres ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyas hijas cumplen funciones en ese mismo organismo.
El presidente Tabaré Vázquez tampoco escapó a la tentación nepotista y durante su primer mandato designó a su hermano como Prosecretario de la Presidencia de la República. La preocupación de Vázquez por sus familiares no termina allí, ya que en las últimas horas el diario “El Observador” ha informado que Enrique Estévez, consuegro del mandatario, forma parte del equipo de seguridad presidencial y ha sido parte de diversas misiones oficiales, información que fue confirmada por ese medio de prensa. Es una pena que el Presidente no haya comentado este “pequeño detalle” hace unos días, cuando perdió la calma y la compostura que lógicamente debe guardar la primera figura pública del país y trató de amedrentar a los ciudadanos que manifestaban frente a la sede del Ministerio de Ganadería y Pesca, mientras gritaba “¡Soy honesto!”.
Ante la difusión pública de estos casos, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió en los últimos días un comunicado que pone el foco en lo realmente importante: la necesidad de que se transmita a la ciudadanía una señal clara e inequívoca de la conducta ética de nuestras autoridades, más allá de la legalidad de las designaciones y aún cuando las mismas no estén expresamente prohibidas por las leyes vigentes. En opinión de la Jutep, “demasiadas veces se usan los cargos públicos para favorecer a personas del entorno del jerarca, sea familiar, amistoso o político partidario” y “muchas de estas situaciones violan claras disposiciones vigentes y es nuestra obligación señalarlo de manera precisa en este informe, pero también queremos ir más allá: hay conductas que sin estar explícitamente prohibidas agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben regir la conducta de quienes ocupan cargos públicos. No hay texto legal que pueda prever y resolver todas las situaciones; lo que pesa, en última instancia, son la ética y los valores realmente compartidos y por eso asignamos tanta importancia a la educación, la difusión de los principios éticos y morales y también al castigo de las prácticas corruptas. Y no es aceptable argumentar que “estas cosas siempre pasaron”; la cuestión es si estamos dispuestos a aceptarlas pasivamente, y el mensaje debe ser muy claro: hoy estas conductas resultan inaceptables para la inmensa mayoría de los uruguayos y también para este Directorio”.
Según este organismo, “hemos analizado las prohibiciones, y no debería ser necesario decir que lo que está prohibido no se puede hacer. Pero si respetar la normativa es la obligación de todo servidor público, existe también un imperativo ético que exige asignar especial atención a la relación del funcionario con los ciudadanos. Está claro que asistimos, no solo en Uruguay, a un fuerte despertar de la conciencia ética, asociada al rechazo a la corrupción y a las nuevas formas de participación ciudadana. Eso se traduce en demandas que deben ser escuchadas porque son legítimas, porque reflejan la fortaleza de una democracia que todos debemos defender y porque son el principal respaldo para aislar y castigar a los corruptos”. Para la Junta hay que reconocer “que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse, y asumimos que es parte esencial de nuestro cometido señalarlo. Tal como mencionamos, no está formalmente prohibido contratar a la pareja o novia del jerarca si no hay unión concubinaria reconocida judicialmente, o a primos y/o sobrinos; pero no está bien. Estas situaciones pueden requerir un ajuste de las normas, pero lo fundamental es que los funcionarios públicos reconozcamos el problema y actuemos en consecuencia”. Y también es fundamental que las normas actuales y las que puedan incorporarse, se apliquen efectivamente. El informe expresa, asimismo, que “No son admisibles en estos casos las reiteradas menciones a que la selección de familiares es la única forma de asegurar confianza y/o capacidad en el ejercicio de la función, por lo que exhortamos a los jerarcas públicos a corregir de inmediato estas situaciones y asumimos el compromiso de realizar un seguimiento de los casos ya detectados y de los que puedan llegar a nuestro conocimiento en el futuro. Finalmente, y teniendo en cuenta que las irregularidades más claras se producen mediante el mecanismo de la designación directa, la Jutep exhorta “a las autoridades correspondientes a reducir esa forma de acceso a los cargos, privilegiando siempre que ello sea posible, aquellos mecanismos que aseguren la transparencia y la selección en base a la capacidad”. El silencio que la mayoría del sistema político ha mantenido sobre el informe de la Jutep es una señal preocupante porque las soluciones normativas y de fiscalización que se necesitan en esta materia provendrán precisamente de sus representantes, a través del dictado de las correspondientes leyes, decretos y reglamentos.
La sensibilidad ética y republicana que la función pública impone a todos los gobernantes uruguayos sin distinciones debería recordarles la famosa frase que se atribuye al militar y político romano Julio Cayo César: “La mujer de César no sólo debe ser honrada, además debe parecerlo”.
La Ética en la función pública: ser y parecer
