Ciudadanía digital

Los cambios y procesos tecnológicos vinculados a la Sociedad de la Información han sido vertiginosos y la mayoría de los gobiernos están tratando de promover y propiciar la constitución de redes de información que garanticen el acceso efectivo de los ciudadanos a las mismas.
Uruguay se destaca en el contexto latinoamericano e internacional por su gran cobertura de telecomunicaciones e inclusión digital, al punto que se considera que ha logrado abatir la denominada “brecha digital”, gran preocupación de los países para superar situaciones de inequidad social derivada de la imposibilidad de acceso a las tecnologías que en la actualidad son autopistas de la información y el conocimiento.
En la sociedad actual, interconectada y global, la información es un recurso con valor económico como en el pasado lo eran exclusivamente los bienes. Y, como todo recurso económico, genera y reproduce estructuras de poder y desigualdades.
La primera condición para superar la brecha digital es contar con la infraestructura necesaria. En este sentido, las políticas de desarrollo en telecomunicaciones de Uruguay, con alcance inclusivo para sus 3,4 millones de habitantes, permitieron que el acceso a Internet del quintil (20%) más pobre creciera de 1% en 2006 a 77% en 2016, según recordó la ministra Carolina Cosse durante su discurso en una importante feria de tecnología en Barcelona.
En el caso de la población total de Uruguay, la conexión por banda ancha móvil creció de 78% a 102% en los últimos 10 años y el despliegue de la fibra óptica de acceso llegó a 62% de los hogares del país en 2016, lo cual implica unos 24.250 kilómetros de red, según el sitio web del Ministerio de Industria.
De esa manera, Uruguay se posicionó en el primer lugar en América Latina en la materia, con un índice de penetración de servicios cercano a 80% de su población, según al informe de la 5G Américas, una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones.
El segundo paso de una estrategia digital inclusiva es, justamente, la existencia de políticas de impulso de la ciudadanía digital y la superación de la brecha digital. En este sentido, semanas atrás se destacó públicamente el ingreso de Uruguay al denominado grupo D7, integrado por Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido (países fundadores) y Canadá (que ingresó en febrero pasado). Se trata de un grupo de países con acción internacional destacada en materia de desarrollo de la conectividad, la ciudadanía digital, la programación desde la niñez, el gobierno abierto, los estándares y códigos abiertos y el gobierno centrado en las personas.
Nuestro país es el único de América Latina en este equipo e ingresó debido al reconocimiento internacional de la reducción en la brecha digital, el avance en la digitalización de los servicios del gobierno y la apuesta por un gobierno más cercano y abierto. A esto se suma el desarrollo de políticas públicas que involucraron la entrega de computadoras a cada escolar y liceal del país, y actualmente la entrega masiva de una tableta digital a jubilados con sueldos de hasta casi 1.000 dólares.
Estas iniciativas –casi imposibles en un país más grande y populoso– han despertado el interés internacional en nuestro pequeño país, que está siendo observado como un laboratorio en este tipo de políticas inclusivas a nivel de la ciudadanía en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Ahora bien, que la población –en especial la de menores recursos y que históricamente han estado en una posición de exclusión socioeconómica– disponga de estos instrumentos tecnológicos poco aporta respecto a qué uso les están dando y si sirven o no para mejorar su calidad de vida. Al respecto existen variados estudios presentados y otros en curso que implican primeras aproximaciones a nuevos fenómenos y procesos sociales que involucran tecnología. Las áreas de interés han sido tan variadas como el uso de dispositivos, el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, los trámites en línea o la ciberseguridad.
Uno de los más recientes es el Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2017, presentado en los últimos días por Agesic, el cual confirma el masivo uso de Internet entre los uruguayos pero también algunas brechas en un contexto en el que dinamismo tecnológico nos empuja a sofisticar los usos y obliga a la adquisición de habilidades avanzadas en forma continua.
Por ejemplo, de cada 10 usuarios diarios, 4 dicen usar internet algunas veces al día y 6 dicen hacerlo en todo momento a través de celulares, computadoras y tablets. Si bien no se aprecian grandes diferencias en la discriminación por sexo, sí las hay en cuanto a edad y nivel educativo: el 99% de los menores de 30 años usan Internet, mientras que en los mayores de 60 años esa cifra cae al 65%; y entre quienes tienen estudios terciarios el uso alcanza el 100%, bajando al 61% entre quienes tienen estudios primarios. El estudio también permitió identificar quiénes son los no usuarios de internet en Uruguay: el 74% son mayores de 60 años, en su mayoría con estudios primarios y radicados en el interior.
Para qué lo usan es también un dato importante que también ha sido relevado por distintos diagnósticos, donde predominan los usos recreativos y de comunicación (Facebook, WhatsApp, etcétera) aunque el estudio antes citado indica en forma alentadora que al menos la mitad de las personas ha utilizado Internet para informarse sobre trámites del Estado.
En definitiva, estos datos muestran por una parte los grandes avances realizados en pocos años, pero también fijan nuevos desafíos. Uno de los principales que se deduce del informe tiene que ver con uno de los factores más tradicionales de desigualdad: el bajo nivel educativo. Basta darle un vistazo a cualquier cuenta de Facebook popular para descubrir que buena parte de los participantes –en algunos casos la amplia mayoría–, tiene serias limitaciones para expresarse, comete graves errores ortográficos, no lee segmentos de más de 50 palabras y no es capaz de entender un texto. El otro factor, según esta información es la edad.
Es decir, ser viejo –y cada vez somos más viejos– y tener bajo nivel educativo son factores de exclusión un país que apuesta fuerte a la ciudadanía digital, los trámites en línea, la bancarización de las transacciones en el marco de la denominada “inclusión financiera” y la necesidad de utilizar un cajero electrónico o una tarjeta y un pin para cargar nafta o pagar en el almacén.
Esto ocurre en un contexto de entrega de una tableta digital a los jubilados de menores ingresos. He ahí un gran desafío para un país líder en materia de gobierno electrónico y ciudadanía digital. Y también una gran oportunidad, derivada de nuestra escala geográfica y humana: somos chicos y los pequeños aunque tienen menos fuerza y recursos económicos suelen tener más versatilidad que los gigantes. Habrá que hacer uso de ella para trabajar con sectores específicos para promover ciudadanía y evitar reproducir exclusiones.