(EL PAIS)
El gobierno se prepara para afrontar la negociación salarial más grande la historia del país, desde que en 1943 comenzaron a funcionar los Consejos de Salarios. Este lunes, 15 de los 227 grupos que participarán de la ronda salarial inician sus reuniones tripartitas.
El primer día comenzarán las negociaciones con los grupos del sector privado cuyos convenios vencieron en los primeros días del año: tejido de punto, remises, bancos, procesadoras, tarjetas de crédito y fideicomisos, sectores rurales (citricultura, arándanos, aves, suinos y apicultura), transporte urbano y suburbano de pasajeros y zonas francas. Posteriormente se comenzará a tratar con los 176 grupos que vencerán en junio. El 9 de abril iniciarán las negociaciones del sector público.
“Encontramos buena voluntad de las cámaras empresariales y del Pit-Cnt para iniciar la negociación antes del vencimiento de los respectivos convenios”, dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en declaraciones al portal de Presidencia de la República el martes.
El gobierno pretende preservar el empleo y propuso para el primer año de vigencia de los convenios un aumento nominal de 6,5% para los sectores privados que están en dificultades, de 7,5% para los rubros que estén en situación intermedia, y de 8,5% en aquellos que están creciendo.
En el segundo año, los aumentos propuestos son 6, 7 y 8%, respectivamente, y para el último semestre o tercer año 5, 6 y 7%. Si se toma en cuenta que la inflación en los últimos doce meses se ubicó en 7,07%, en el primer año de vigencia, si se aplicaran a rajatabla los lineamientos, el sector en crecimiento sería el que vería mejorar su salario real. En el caso de los grupos en situación intermedia, habría una virtual congelación salarial y en el caso de los que tienen dificultades, una caída del poder adquisitivo.
Los lineamientos fueron presentados el 13 de marzo a sindicatos y empresas. Ese día, el Poder Ejecutivo anunció que el 1° de enero de 2019 el salario mínimo, hoy en $ 13.140, pasará a estar en $ 15.000 (por debajo de los $ 16.500 que pretendía el Pit Cnt). Para la central, el aumento es insuficiente y los porcentajes de mejora previstos para los sueldos más deprimidos también, aunque avisó que considera que los lineamientos son solo un “piso” a partir del cual se negociará.
PREVENTIVA PARA PRESUNTO HOMICIDA
(EL PAIS)
La Justicia ordenó la prisión preventiva por 120 días para uno de los delincuentes que el miércoles rapiñó una ferretería en Salto. Una bala de los delincuentes mató a Andrés Duarte, un joven de 22 años que en el momento del robo salió en defensa de su madre, quien atendía el lugar.
Bajo un fuerte operativo de seguridad policial, por la conmoción pública que generó esta muerte, el hombre que está sindicado como el presunto autor de los disparos en el comercio fue trasladado al juzgado en la mañana de ayer.
A pedido de la fiscal de Tercer Turno, Myrna Busich, la jueza penal de 8º Turno, Giovana Díaz, ordenó la prisión preventiva por el término antes señalado del detenido como presunto autor de un homicidio especialmente agravado. Fuentes policiales confiaron a El País que el delincuente tiene 32 años y cuenta con 8 antecedentes penales, más la presunción de ser el autor de este crimen que se diligenciará con las pruebas en estos 120 días.
En las próximas horas será enviado a una dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación de Montevideo debido a su peligrosidad.
GANANCIAS EN DUCSA
(EL OBSERVADOR)
La firma Ducsa –distribuidora de combustibles de Ancap– registró el año pasado una ganancia bruta de $ 815 millones antes de impuestos (U$S 28,5 millones) y de $ 628,4 millones (U$S 21,9 millones luego de descontado el impuesto a la renta, según se desprende del balance anual publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). La colateral de Ancap tiene el 60% del mercado de distribución de combustibles con 286 estaciones. Además, opera dos estaciones y es propietaria –bajo régimen de concesión con privados– de otras 20 estaciones.
En el ejercicio anterior, Ducsa había cerrado con números similares. La ganancia bruta había sido de $ 842,5 (US$ 28 millones) y la neta de $ 665,4 millones (U$S 22,1 millones) al tipo de cambio promedio de ese año. Ancap, su accionista principal presentará el martes próximo su balance anual que reportará utilidades netas por unos U$S 42 millones, informaron fuentes oficiales a El Observador. El ente había cerrado el balance de 2016 con una ganancia de U$S 15 millones, por lo que el resultado del ejercicio pasado casi triplica esa utilidad.
La nota negativa dentro de las subsidiarias del ente petrolero la dio la petroquímica Carboclor, que el ente tiene en la vecina orilla. En 2017, esa empresa cerró con un rojo de 530,3 millones de pesos argentinos (unos U$S 32 millones al tipo de cambio promedio de ese año), su peor resultado operativo al menos desde 2003, y casi doblado el rojo de U$S 18 millones de 2016. En el acumulado de los últimos cinco años las pérdidas de la subsidiaria del ente petrolero llegaron a U$S 66,4 millones.