(PRESIDENCIA)
“De los 2.763 centros de estudio, solo cuatro liceos retrasaron el comienzo de clases”, informó la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Explicó que los liceos números 6, 9, 36 y 61 iniciarán las clases el 9 de marzo debido a demoras en la conformación de grupos, en algunos casos, y a trabajos edilicios, en otros. La ministra resaltó que “el intenso trabajo desarrollado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y los consejos desconcentrados permitió que las clases comenzaran con normalidad, con los docentes necesarios”, dijo al finalizar el Consejo de Ministros.
“Dificultades siempre hay, y nos ocupan los problemas, para solucionarlos a la brevedad” y agregó que “ese número tan importante de locales debe tener siempre mantenimiento”. Manifestó que “es bueno que el sindicato señale dónde hay dificultades para solucionarlas lo más rápido posible” y sostuvo que “nunca descarto la declaración de un sindicato, siempre merece ser estudiada”.
CANCILLER JUSTIFICÓ DESIGNACIÓN
(EL PAIS)
El canciller Rodolfo Nin Novoa indicó que la contratación de Soledad Veiga, hija del encargado de comunicación de Presidencia, es parte de su “personal de confianza”, según declaraciones a Radio Carve. El Ministro de Relaciones Exteriores aseguró que a Veiga, que es veterinaria, “la contratamos para coordinar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) los temas sanitarios y arancelarios”, explicó.
“Yo preciso que atiendan a 44 países concurrentes que tenemos, que no tienen embajadas en Uruguay, con los que tenemos negociaciones por habilitaciones” para la exportación de productos agropecuarios, dijo el canciller, y mencionó a Emiratos Árabes, Filipinas e India entre esos países.
Nin Novoa cuestionó la información dada por El País a la que consideró “parte de un discurso antisistema”. “Estamos en un nivel de enchastre que no es propio de Uruguay”, sostuvo el ministro. “Yo no puedo hacer un concurso para tener a una persona a mi lado que no se qué orientación filosófica y política tiene, manejando temas internos del Ministerio. Personal de confianza es personal de confianza”, sentenció. Una resolución del 26 de febrero firmada por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller, a la que accedió El País, asigna a Veiga el cargo de ministra del Servicio Exterior en calidad de persona de “particular confianza”. Sin embargo, Veiga no es funcionaria de carrera, pero en el escalafón pasará a tener el grado 06 del inciso 06. La resolución tiene el número 258.434.
INFLACIÓN SE ACELERÓ EN FEBRERO
(INE)
La inflación llegó en los últimos 12 meses a febrero a 7,07%, indicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, los precios mostraron una aceleración respecto al mes previo, en concreto una suba de 0,88%. Además, este registro marca la primera vez desde febrero del año pasado en que la inflación se ubicó –aunque de forma leve– por fuera del rango meta marcado por el Banco Central (BCU), de entre 3% y 7%. Luego de haber ingresado dentro del objetivo oficial en marzo del año pasado, a partir de agosto pasado la inflación retomó la tendencia al alza.
ARCHIVAN DENUNCIA POR CONTRATO CON UPM
(SUBRAYADO)
El fiscal del Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó archivar la denuncia que presentaron los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana contra el gobierno por el contrato firmado con la empresa UPM para la eventual instalación de su segunda fábrica de pasta de celulosa. A juicio de Pacheco, no existen elementos que tengan la apariencia de delitos, y por eso no iniciará una investigación penal.
Salle y Viana habían denunciado el contrato firmado el 7 de noviembre de 2017 por las siguientes razones: “no hubo llamado a licitación; el contrato de inversión proyectado afecta el medio ambiente; la negociación no fue transparente; el contrato afecta la soberanía de nuestro país; la causa del contrato es ilícita pues implica el sometimiento voluntario del Estado uruguayo a una empresa extranjera; se trata de un contrato abusivo, lesivo, leonino, ruinoso, asimétrico y cuasi unilateral”.
El fiscal Pacheco refuta todos estos aspectos contenidos en la denuncia contra el gobierno de Tabaré Vázquez, y asegura que “no se vislumbra la existencia de cláusulas que los denunciantes califican como abusivas, leoninas o cuasi unilaterales, por cuanto: es inexacto lo denunciado en cuanto a que Uruguay se obliga a llevar a cabo las obligaciones contraídas en el contrato”.
“Si se lee detenidamente lo convenido en la cláusula 2.1.2., se advierte que Uruguay no asume ni se compromete a ninguna obligación en caso de que la declaración final de inversión de UPM sea finalmente negativa, sino que la cláusula establece claramente que ‘Uruguay reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el proyecto (N.deR.: las obras), independientemente del Proyecto UPM”, escribe el fiscal. “La expresión ‘es intención’ no equivale a la asunción de una obligación por parte del Estado uruguayo, por lo cual el principal argumento de afectación de la soberanía nacional invocado por los denunciantes carece de fundamento”, agrega Pacheco.
COMISIÓN RECOLECTÓ UNAS 100.000 FIRMAS
(TELENOCHE)
La Comisión pro plebiscito lleva recolectadas unas 100.000 firmas desde que comenzó a movilizarse contra la inclusión financiera en agosto del año pasado y estima que necesita de 260.000 para presentarlas ante la Corte Electoral 90 días antes de las elecciones nacionales.
El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, dijo a Telenoche que el trabajo ha sido constante y que en “varios lugares” se instalaron mesas junto con otras iniciativas que buscan ser plebiscitadas, como la derogación del IASS y las que buscan un referéndum, como es el caso de la ley de riego. Esta semana, la comisión procurará reunirse con los dirigentes políticos que manifestaron apoyo al movimiento, como los blancos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, el colorado Germán Cardoso, el frentista Darío Pérez y el Partido de la Gente. En la misma línea, el empresario criticó el “bajo perfil” que ha tenido esta iniciativa en la órbita política en los últimos meses y cuestionó que “el político en Uruguay orejea” la cantidad de adhesión de una propuesta para “ver cómo viene”. “Cuando se llegue a las 200.000 firmas le van a subir el perfil”, ironizó.
