El artículo 120 de la Constitución Nacional establece que las Cámaras que integran el Poder Legislativo (Senadores y Representantes) podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación para suministrar datos con fines legislativos.
El alcance de las tareas que pueden desarrollar estas comisiones, creadas por la Constitución de 1917, así como las potestades con las que cuentan han sido objeto de un intenso y extenso debate político y académico durante varias décadas. De acuerdo con el Programa de Estudios Parlamentarios que coordina el politólogo Daniel Chasquetti, entre los años 1985 y 2016 en el Parlamento se solicitó la creación de 81 comisiones investigadoras, pero solamente en 36 oportunidades las cámaras consideraron pertinente su creación. Los temas abordados por dichas comisiones en ese período incluyen, a título de ejemplo, el asesinato de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, el envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, la compra de carteras del Banco Central, la compra de centrales telefónicas, la quiebra del Banco Comercial, las políticas relativas a los menores infractores, la situación de la Cooperativa Calnu y de los Casinos, entre otras.
Una de las Comisiones Especiales de la Cámara de Representantes actualmente en funcionamiento es la denominada “Comisión Investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales, desde el año 1999 hasta el año 2015, inclusive, y su vinculación con determinadas empresas y otras que expresamente designe, de sus directores y accionistas y las tarifas de publicidad de los medios de comunicación aplicadas a los diferentes partidos políticos”.
Durante la sesión de esta comisión, celebrada el pasado 26 de febrero, el diputado frenteamplista Alfredo Asti hizo mención a un supuesto acuerdo con otros partidos políticos para que los expresidentes desde el año 1985 no sean investigados. Concretamente, Asti expresó lo siguiente: “Mi respuesta fue lo que acordamos en aquella reunión reservada, que se ha hecho pública: que no íbamos a citar a los presidentes y expresidentes de la República, porque atrás de ello, que está muy de moda en estos momentos, está la institución Presidencia de la República. Pero la muestra de que estamos citando a políticos es que hemos citado a ministros, intendentes y legisladores, y vamos a seguir citando a ministros, intendentes y legisladores. Así que la única reserva que nos hemos hecho es esa, por temas de institucionalidad, tal como lo planteamos aquel día. En lo particular, agregamos que queremos tratar de que esta Comisión investigue las patologías y no todo el funcionamiento del sistema político, porque por más que tenga patologías, sigue siendo un excepcional sistema político que le ha permitido a Uruguay tener lo que otros países de la región no tienen”.
Si bien en la misma sesión el diputado colorado Adrián Peña señaló, a título personal, que estaba claro que “en ningún caso está descartada la posibilidad de citar a un expresidente, si resulta necesario para la investigación”, ninguno de los legisladores presentes desmintió la existencia y alcance del acuerdo alcanzado “en la reunión reservada” a la que hizo mención Asti y tampoco lo hicieron con posterioridad a tales declaraciones.
Si aplicamos a una situación tan delicada dichos populares como “el que calla, otorga” o “a confesión de parte, relevo de prueba”, resulta lógico que la situación generada por las expresiones del diputado Asti y por el silencio del resto de los legisladores presentes (que incluye a representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Asamblea Popular y del Partido de la Gente) resulte tan incómoda como llamativa y en todos los casos haga necesario que en forma pública, detallada y explícita se informe a la ciudadanía sobre el contenido de ese acuerdo, el cual fue calificado como “pacto mafioso” por el senador Pablo Mieres a través de su cuenta de Twitter.
Una aclaración de estas características resulta totalmente necesaria porque el contenido del mismo estaría vulnerando el artículo 8 de la Constitución Nacional, según el cual “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Contrariamente a lo que expresó el diputado Asti (y aceptaron el resto de los diputados con su silencio), la mejor forma de respetar la institución presidencial es colocándola por debajo de la Constitución Nacional y no por encima de ella, sometiendo a quienes hayan ocupado tan importante cargo en un plano de igualdad que seguramente ellos mismos reclamarían por tratarse de exmandatarios democráticos que accedieron al poder mediante el voto popular, uno de los más fuerte de los símbolos republicanos para los habitantes de esta tierra.
En este sentido, es importante mencionar que los principales perjudicados por ese “acuerdo reservado” son los propios expresidentes de la República, con cuyas gestiones se podrá estar de acuerdo o no, pero ninguno de ellos se encuentra condenado por la Justicia, sino que por el contrario gozan plena y legítimamente de todos sus derechos e incluso uno de ellos se desempeña como senador de la República. No es un tema menor que mientras en el resto de América Latina los expresidentes han sido destituidos por corrupción, están presos o fueron inhabilitados para la función política, Uruguay pueda mostrar, con orgullo, una forma de hacer política que lo ha distinguido durante décadas en la comunidad internacional. Afortunadamente los hechos han demostrado que los expresidentes del Uruguay no necesitan de este “acuerdo reservado”.
Así las cosas, no debería ser motivo de sorpresa que situaciones como la de este “acuerdo reservado” sigan aumentando el descreimiento de la ciudadanía sobre la actividad política y sus protagonistas, alejando cada vez más a los gobernantes de sus gobernados y causando importantes daños en el necesario entramado político y social que da sustento a la democracia. ¿Cómo puede sentirse ante esta suerte de inmunidad acordada entre cuatro paredes un ciudadano común, a quien se le aplican sin miramientos las leyes vigentes al tiempo que se indaga en su vida privada a través del Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva o la Ley de Inclusión Financiera? Si existe una ley, debe ser aplicada a todos, sin establecer diferencias de ninguna clase.
Hubo una época, lamentablemente lejana tanto en el tiempo como en las conductas públicas, en la que José Artigas, la única persona que ha sido proclamada como Jefe de los Orientales, dejó de lado su enorme poder político en ese momento para recordarle a la nación artiguista que “mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”. En una sola frase, nuestro héroe nacional resumió la esencia de la democracia y de los deberes que asumen quienes les piden el voto a los ciudadanos para representarlos en el Parlamento, una noble tarea que debe cumplirse sin acuerdos que vulneren el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley.
Todos iguales ante la Ley
