Los sindicatos de policías –Sifpom, de Montevideo y SUPU– firmaron el acuerdo con el Ministerio del Interior, donde se establece que los efectivos comenzarán a cobrar la nocturnidad. Hasta la próxima Rendición de Cuentas se hará con horas libres y a partir de allí, el Parlamento aprobará una normativa que lo incluirá como un incremento salarial. La iniciativa se extiende a Bomberos, Migraciones, Policía Nacional de Tránsito y los agentes que se desempeñan en el sistema carcelario.
Según el secretario general del SUPU, Alejandro Álvarez, el logro “se obtiene a través de arduas negociaciones conjuntas entre los ministerios de Interior y Trabajo. La Ley 19.313 se aplica desde el 31 de julio de 2015 y estipula el pago del 20% por concepto de horas nocturnas o la compensación en horas libres”.
Con este reclamo, “llegamos al Parlamento en 2016 para exigir el pago de la nocturnidad. Fue citado el Ministerio del Interior, que en su momento manifestó que trabajaba en el tema porque no había rubros”. En 2017, con la instalación de una tripartita en el Ministerio de Trabajo, “se habilitó una mesa con el fin de llegar a un acuerdo con el pago de horas libres, mientras se buscaban los rubros”, dijo a EL TELEGRAFO.
A comienzos de este año comenzó a delinearse un acuerdo que, “en reuniones con Sifpom y el Ministerio de Trabajo, aceptamos la firma para el pago de la nocturnidad con horas libres, mientras se trabaja en la búsqueda de rubros para el próximo Presupuesto”.
Sin embargo, cada trabajador “queda liberado para seguir con los litigios legales correspondientes, en reclamo del pago hacia atrás”. Con este documento, se acordó concurrir a la negociación colectiva y “cumplir la ley que, tal como lo estipula, si no hay rubros se pagará con horas que el funcionario las tomará al mes siguiente”.
CON LA SCJ
Los dirigentes sindicales se reunieron con la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “donde presentamos nuestras inquietudes ante la gravedad de los hechos ocurridos con la muerte de dos policías”, en referencia a los homicidios ocurridos en Paysandú y Salto.
En las conversaciones elevaron la preocupación ante la instalación de custodias en los hogares de las víctimas de violencia basada en género, “lo que ocurre en los procedimientos, con los fiscales, la poca capacitación basada en el nuevo código de proceso penal y la necesidad que no se dilate en el tiempo porque esta problemática avanza”.
Los funcionarios presentaron un proyecto basado en las actuaciones policiales, mientras los efectivos cumplen con la custodia “para salvaguardar la integridad física y la información que deben tener sobre el victimario”.
De acuerdo con Álvarez, “hay casos de custodias que no se cumplen de acuerdo a lo dispuesto por el ministro, con dos efectivos en un vehículo y la información correcta sobre el lugar de la víctima”.
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