Durante todo el mes, en todo el país así como en otros países, con énfasis en Brasil donde surgió en 2015 la iniciativa, se puso énfasis en la necesidad de tomar en serio nuestra actuación en el tránsito, sea en el rol que sea, porque en ello nos va la vida.
La atención primordial estuvo en este Mayo Amarillo en los motociclistas y no fue una decisión antojadiza. En los últimos cinco años 1.253 personas perdieron la vida mientras tripulaban o iban como acompañantes en motos.
Las muertes de motociclistas no solo son preocupación en Uruguay, sino en toda América Latina y el Caribe, desde que en el 20% de los siniestros fatales son víctimas motociclistas. En América del Norte en tanto la mayor proporción de muertes se registra entre ocupantes de autos (70%) frente a un 12% de peatones. Un 44% de las muertes en las vías de tránsito en el Caribe hispano parlante corresponde a motociclistas, lo que es un porcentaje similar al registrado en nuestro país.
Resulta evidente que a medida que las motocicletas se convierten en una forma más frecuente de transporte también pasan a ser una fuente de preocupación en materia de seguridad vial. Más del sesenta por ciento de las personas lesionadas en siniestros de tránsito el año pasado circulaban en moto. El 14% de los fallecidos tenían entre 20 y 24 años, aun cuando corresponde subrayar que es un porcentaje apenas inferior al de muertes de 70 y más años, que fue del 15%.
Pero solo el año pasado, 219 personas perdieron la vida en siniestros cuando circulaban en moto. Demasiadas muertes, demasiado dolor en muchas familias.
A nivel general, la imprudencia seguramente podrá ser achacada a los conductores de motos; muchos parece que aceptan los riesgos de una conducción arriesgada, empeñados en sacar ventaja a su movilidad en medio del tránsito pesado. Desde el punto de vista estrictamente humano, las cifras plantean la necesidad urgente de poner orden en las calles.
Cuando se habla de las motos y sus riesgos, es un lugar común decir que el conductor es la carrocería. Pese a ello son frecuentes los adelantamientos arriesgados, excesos de velocidad y giros imprudentes.
En este mes de mayo que finaliza, un proyecto de Ley de Tránsito fue enviado a las intendencias para su estudio, con intenciones de aprobarlo en el ámbito del Congreso de Intendentes, para librarlo luego a la consideración parlamentaria.
Claramente se incorporan acciones que buscan organizar el tránsito, se agregan elementos de seguridad caso de luces bajas automáticas en motos, el uso de elementos de retro-reflexión y el establecimiento de un sistema de puntos para conductores, que podrán perderlos en caso de faltas graves.
Toda legislación que contribuya con mejores herramientas de contralor, prevención y cuando corresponda castigo a aquellos desaprensivos al mando de vehículos de cualquier tipo, ciertamente debe ser muy bienvenida.
Lo mismo ocurre con campañas de educación vial, tanto nacionales como departamentales. Ningún esfuerzo será demasiado cuando se trate de la salvaguarda de vidas humanas en calles, caminos y rutas. Una vida vale todo esfuerzo.
Entre las medidas adoptadas –no solo aquí sino en mucho países– está el decomiso de vehículos que no están en condiciones de circular o cuyos conductores no están habilitados, sea por falta de licencia o por incurrir en una falta grave, como por ejemplo haber consumido bebidas con alcohol.
La ley 18.791 establece que, tanto los ministerios del Interior y Transporte y Obras Públicas, así como las intendencias, podrán proceder a la venta –en subasta pública– de los vehículos que incauten, si sus propietarios no se presentan a reclamarlos.
Pero, desde que muchos vehículos -en su gran mayoría motos- no pueden ser habilitados para volver al tránsito, se los compacta y vende como chatarra. En Paysandú esa práctica comenzó en esta Administración, y ya ha sacado de circulación definitiva unas dos mil motos incautadas antes del 2014, que prácticamente estaban inutilizables, y que pertenecían al núcleo más duro de los infractores contumaces, que de allí en más han tenido que aceptar las condiciones actuales para poder reintegrarse al tránsito. Otras tres mil motos se aproximadamente seguirán el mismo camino.
Es una práctica permanente el decomiso de motos, pues ocurre todas las semanas. Paulatinamente los depósitos habilitados quedan repletos, vuelve a habilitarse una compactación y así sucesivamente. Esto ocurre porque prácticamente nadie reclama las motos incautadas en la medida que hacerlo representa pagar la multa que corresponda y en muchos casos patente impaga y otros adeudos.
Resulta más sencillo comprar otra moto, sea nueva o usada, que retirar la que fue decomisada. Esta es quizás la clave, este es el bug (fallo) que tiene la legislación en vigencia. Excepto en aquellos casos que se retira la licencia de conducir, no hay castigo al conductor. Este libremente puede empadronar otro u otros vehículos, con lo cual la intención de castigo queda limitada a perder un vehículo (que en muchos casos “no daba para más” y tiene valor cero en el mercado), sin que el conductor se vea perjudicado.
Lo que está previsto en la nueva reglamentación es que no podrá renovar su licencia de conducir si no paga la multa respectiva (actualmente) y de todos los gastos ocasionados.
Esto, en realidad, es un elemento clave que se relaciona con las malas prácticas en el tránsito, las que también son responsables de muchos accidentes que terminan en lesiones y muertes. Es cierto que hay quienes no parecen cuidar su propia vida mientras conducen. Pero la sociedad debe hacerlo, porque así se protegerá a sí misma, sin contar siquiera con los enormes gastos económicos involucrados.
Si hay un nuevo proyecto de Ley de Transito, es esta una oportunidad ideal para cerrar este bug que presenta la actual legislación y realmente sancionar a los desaprensivos que no solamente ponen en riesgo su vida –lo que ya es grave– sino la de otras personas.
Cuando se considera el costo de los accidentes, en vidas y dinero, queda poca duda de la conveniencia de invertir en el fortalecimiento de la legislación como de la vigilancia. El control de la circulación puede producir, además, ingresos capaces de hacer un significativo aporte a su mantenimiento. Todo eso, desde luego, aparejado a un esfuerzo sostenido para poner orden y aprovechar al máximo los recursos de que se disponga.
No se trata solamente de mirar las estadísticas, ni siquiera de señalar a las motos como la gran epidemia del tránsito. Hay que ir más hondo, hay que tener las mejores herramientas para la prevención y al mismo tiempo las más severas para la sanción. Una vez más, ahora y siempre, el gran objetivo debe ser la salvaguarda de la vida.
Posibilidad de nuevos empadronamientos tras decomiso de vehículos es falla a corregir
