Asociaciones de medios de comunicación, los trabajadores y CAinfo apoyan la ley

Cuatro gremiales de la comunicación y una institución pidieron al Parlamento la “rápida aprobación” del proyecto de ley sobre asignación de publicidad oficial, que se encuentra a estudio de la Cámara de Representantes.
La distribución de la publicidad oficial ha sido un reclamo histórico de los medios de comunicación del Interior del país, que consideran que, al ser emisiones y publicaciones de cercanía, pueden ser más efectivos al momento de informar a la población sobre asuntos de interés público.
También creen que representa una discriminación económica, en el entendido de que más del 90% de la publicidad oficial se realiza en medios radicados en Montevideo, que no garantiza que todos los uruguayos sepan lo que los organismos oficiales quieren trasmitir.
Con la firma de Alejandro Olmedo como presidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), Washington Melo de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Daniel Lema, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Carlos Arezo de la Asociación de Radios del Interior y por los trabajadores, Victoria Alfaro como presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), las cinco instituciones emitieron un comunicado donde expresan que “esta iniciativa aborda los aspectos imprescindibles para lograr una distribución más justa, transparente y eficiente de los dineros públicos destinados a la publicidad oficial, así como para cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, colocando a Uruguay como una referencia en la región”.

Saludan apoyo de los partidos

Argumentan que la aprobación de esta ley significaría responder a la recomendación realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre publicidad oficial y censura indirecta en su informe anual 2017, en la que instó a los Estados a “regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos vigentes en materia de libertad de expresión”, de forma de “abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información”.
Además, los representantes de las organizaciones saludan y valoran “que la iniciativa haya contado con un amplio consenso de todo el sistema político, con el apoyo de legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, tanto para su presentación formal en el Parlamento como en el tratamiento en Comisión, y los instamos a votar dicho proyecto a la mayor brevedad posible”.