Si hay “cero problema”, ¡hagámoslo ya!

Según la presidenta de Ancap, Marta Jara, desde su perspectiva habría “cero problema” si el gobierno decidiera liberalizar el mercado de los combustibles, es decir que cualquier privado pudiera importar los combustibles ya refinados y colocarlos en el mercado, sin pasar por la refinería de La Teja y sobre todo por el monopolio que ejerce Ancap en la materia.
De alguna forma, sería ingresar en un régimen similar al de la industria del cemento, donde precisamente el ente no tiene el monopolio. Pero al menos en el caso del portland, donde no estamos hablando de supuestos sino de una realidad tangible, y en régimen de competencia la empresa estatal pierde anualmente muchos millones de dólares porque sus competidores privados elaboran a mucho menor costo el producto, porque son más eficientes –tienen la cuarta parte del personal que Ancap para un mismo tonelaje de producción–. E incluso el cemento importado de Turquía, a miles de kilómetros, resulta más barato que el que produce el ente estatal.
Esta reflexión en tono desafiante de Jara por supuesto tiene poco y nada que ver con la realidad que vivimos los uruguayos, aunque tal vez se explica porque ha visto la necesidad de tratar de refutar cuestionamientos a la gestión de los últimos años del ente, sobre todo a partir de la era Sendic, que ella ha tratado de enmendar con medidas correctivas desde su asunción al cargo en el Directorio, con relativo éxito.
Y decimos relativo, porque efectivamente el ente a partir de los números que se han difundido ha dejado de tener pérdidas, aunque lo hace en base a que puede fijar los precios de los combustibles a su antojo. Es por ello que los uruguayos hemos pagado –lo seguimos haciendo– los combustibles más caros de la región y uno de los más altos del mundo, sin competencia y por supuesto por encima de la paridad internacional de comercialización.
Por lo tanto señalar que Ancap está en condiciones de competir ventajosamente si se libera la importación es no solo discutible, sino delirante; a menos, claro está, que se disponga un arancel compensador al combustible importado, como existe por ejemplo en el caso del azúcar. De otra forma es imposible imaginar que Ancap pudiese competir, en un régimen igualitario, con empresas extranjeras.
Ahora, si Ancap es casi igual de eficiente que un “importador teórico”, ¿por qué tendría un problema en que el Poder Ejecutivo liberara la importación de combustibles?
“Desde mi perspectiva, cero problema” (…) “si hay alguien que ya está instalado (por Ancap) y lo puede hacer más barato”, indicó proclamó Marta Jara.
Recordó además que “hay costos que tendría cualquier agente”, teniendo en cuenta que la mezcla de biocombustibles está establecida por ley y la norma señala que el proveedor debe ser nacional y el único proveedor es Alcoholes del Uruguay (ALUR), propiedad en su casi totalidad de Ancap.
En ese sentido, Jara reconoció que ALUR “comparado con un operador eficiente (por ejemplo de Argentina o Brasil), es un proveedor caro”, (carísimo, tendríamos que decir).
“Mientras esté la ley (que el proveedor de biocombustibles debe ser nacional) la tengo que cumplir. El costo puede ser menor, ALUR no es el proveedor más eficiente de biocombustibles, pero tiene otras externalidades que Ancap no analiza”, agregó la presidenta de Ancap, quien por lo tanto trasladó buena parte de la responsabilidad de los sobrecostos a la empresa paraestatal.
Ante este panorama, si se liberara la importación de combustibles (y se mantuvieran los parámetros de que el precio lo fija el Poder Ejecutivo y la mezcla de biocombustibles debe ser con un proveedor nacional), preguntó si vendría un competidor, y reflexionó que por el tamaño pequeño del mercado uruguayo “acá no podría haber una gran refinería, ni otra terminal”.
Un importador debería hacer inversiones (en terminales para recibir los combustibles y almacenamiento al menos), tendría que tener una estructura para gestionar ventas, entre otros antes de ponerse a competir con Ancap y esos costos deberá cargarlos al precio final, consideró.
“Si alguien empieza a vender gasoil a otro precio, reviso la política de subsidios cruzados y al importador lo dejo afuera (de mercado) en dos minutos”, sintetizó Jara.
Reconoció que si bien no hay un competidor que “empuje” a Ancap a ser más eficiente, “la presión de que se requieren combustibles (a precios) más competitivos la sentimos todos los días”. Una “empresa puede ser privada o pública y eso no está ligado a ser más eficiente”, agregó.
Luego de estas reflexiones de la presidenta de Ancap, el diputado nacionalista Pablo Abdala decidió volver a presentar el proyecto de ley para desmonopolizar este mercado. El proyecto había sido presentado por Abdala en dos ocasiones anteriores sin lograr el apoyo suficiente, e incluye tanto la refinación como la importación de petróleo y derivados.
Abdala dijo a El País que las declaraciones de Jara “alientan una esperanza” pero que teme a que “sus propios correligionarios” no lo apoyen por “cuestiones simplemente ideológicas”.
Según expresó, el primer intento de impulsarlo fue durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, en 2005, y la segunda oportunidad fue durante el gobierno de José Mujica. “En las dos ocasiones me enfrenté a una muralla que no permitió que el proyecto saliera adelante”, dijo Abdala.
“Yo coincido en que Ancap si se prepara y se le dan los instrumentos puede competir en un mercado abierto, comparto lo que señaló Jara. Por lo tanto, espero que sus correligionarios también apoyen el criterio y nos podamos poner de acuerdo para que los uruguayos podamos tener de una vez por todas combustible más barato”, señaló el diputado nacionalista.
Un razonamiento en el que debe incluirse que estamos en el Uruguay, donde históricamente, y mucho más aún en la última década, los combustibles son una fuente de cuantiosos recursos y de rápida recaudación para el Estado, que se lleva con destino a Rentas Generales, la mitad del precio de los combustibles en boca de surtidor, para bancar el desaforado gasto del Estado.
Además, los funcionarios de Ancap, muy bien pagos en todas sus dependencias y hasta el escalafón más alto, tenga ganancias o pérdidas el ente, se opondrán tenazmente, como se ha hecho hasta ahora, a toda innovación, porque son parte clave en un lobby de presión de los funcionarios del Estado opuestos a toda reforma y a resignar su gran gama de beneficios, que los pagamos todos y sobre todo el trabajador privado, que no goza ni por asomo de tal benevolencia en las condiciones de trabajo.
Por supuesto, el Frente Amplio, que los ha tenido históricamente como aliados en sus posturas, no va a renunciar así porque sí a esta base de apoyo electoral y político, debido a una conflictiva decisión. Pero por otro lado, aunque se liberara la importación, ¿alguien duda de que Ancap seguiría gozando de concesiones y privilegios para que siga como hasta el presente, a pesar de sus ineficiencias y déficits?”
¿Alguien puede creer que no se le seguirá sosteniendo con el dinero de todos los uruguayos, como se hizo con los 800 millones de dólares de pérdidas que todos debimos financiar con más sobreprecios o directamente desde la caja del Estado?
Si le va mal, igual Ancap no correrá nunca peligro de fundirse, porque el Estado la volverá a capitalizar, si al fin de cuentas como ha proclamado el expresidente Mujica, se trata solo de pasar números de una columna a la otra, y todo arreglado. “Cero problema”, entonces, porque estamos en Uruguay, donde como te digo una cosa, te digo la otra.