El 5 de marzo de 2016, el Plenario Nacional del Frente Amplio “habiendo recibido al compañero vicepresidente de la República Raúl Sendic”, declaró “su compromiso con los logros y desafíos de nuestro gobierno”, a un año de comenzado el tercer gobierno frenteamplista.
Seguidamente, rechazó “la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación, destinado a menoscabar la imagen y credibilidad, tanto de integrantes de nuestro gobierno como así también debilitar la institucionalidad democrática del país”. Denunció como “injusta y discriminatoria la desacreditación de la cual, permanentemente, son objeto nuestras compañeras y compañeros en funciones políticas y de gobierno”. El plenario expresó “su solidaridad al compañero Raúl Sendic ante el injusto y agraviante acecho, del que ha sido objeto tanto su persona como su familia” y convocó a “la militancia a expresarse y participar activamente” en apoyo del gobierno “a través de la movilización”.
Hace dos años, el comunicado se difundió unas horas después que Sendic compareciera ante el Plenario y pidiera “disculpas” por utilizar el título de licenciado en genética humana y sobre el cual nunca presentó la documentación pertinente. En aquella oportunidad, únicamente se abstuvieron de votar tamaña aberración los sectores vinculados al Frente Líber Seregni.
Sin embargo, unos días después de culpar a los medios de comunicación y a la oposición de “debilitar la institucionalidad democrática”, el diputado del MPP –sector que votó el comunicado– Alejandro Sánchez reconoció que fue “una declaración desmedida”. Reconoció que fue “más producto de una sensibilidad de reacción a defender a un compañero que meditando el impacto de esa declaración”.
El problema es que no es la primera vez que suceden “declaraciones desmedidas” donde la culpa es de otros, o de un sistema y el agravio se desparrama para todos por igual, porque provienen de un plenario nacional que no midió las consecuencias de un insulto.
Lo que ocurrió después es historia conocida. Pasó un año de turbulencias, con investigaciones judiciales presentadas por la oposición y publicaciones periodísticas que aportaban a la causa Ancap, ALUR y uso de tarjetas corporativas.
El 25 de agosto de 2017, el todavía vicepresidente realizó una visita por comités de base ubicados en lugares estratégicos y habló en casi todos, para asegurarse su difusión casi que en cadena nacional. Y lo consiguió. Allí pidió “perdón” por errores cometidos y “por no haber terminado el horno de portland en Paysandú”, sin embargo, rechazó pedir perdón “por lo invertido y construido”.
Apenas 15 días después, Raúl Sendic presentaba su “renuncia indeclinable”, el 9 de setiembre, ante el plenario y al presidente Tabaré Vázquez.
A pesar del apoyo que mostraban para la tribuna, puertas adentro el clima venía caldeado y con el informe crítico del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en sus manos, el plenario fue el escenario donde estallaron las presiones internas. En ese momento, alcanzó con pararse en la vereda de enfrente para ver quien ingresaba y escuchar que al grito de “¡traidor!” o “¡traidora!”, se definían los bandos a favor y en contra del vicepresidente.
Hasta el presidente Tabaré Vázquez atizó un poco el fuego, cuando en una entrevista con el semanario Búsqueda respondió que él se “hubiera ido”, si el Tribunal de Conducta lo hubiese observado, como lo hizo con Sendic. En poco tiempo, el mandatario pasó de decir que su vice era víctima de un “bullying” como pocas veces se vio, a enviarle un mensaje que resultó un tiro por elevación. El vice tomó el guante y dijo que iría ese sábado al plenario a defenderse y probar su “inocencia”, pero llegó y anunció su dimisión.
En realidad, el “pollo” de José Mujica, había sido una figura ascendente por “pinta” y por “apellido”, como fue definido en su momento. Esas “condiciones” alcanzaron para que ocupara la fórmula presidencial, y aceptada –por supuesto– a pesar de los cuestionamientos que ya se escuchaban por las pérdidas sufridas en Ancap entre 2011 y 2013. Los tropiezos comenzaron a mediados de 2015, con una investigación parlamentaria y la comprobación de irregularidades, déficit y malas inversiones.
El gobierno tuvo que rescatar a este ente monopólico, y para eso diseñó un plan que costó U$S 870 millones –que aún capitalizamos– además de revisar las estrategias empresariales en cada una de las áreas y el cierre de algunas de ellas. El 3 de enero de 2016 se aprobó el rescate con un debate politizado y una operación “enchastre” –para otros, claro– que recién comenzaba. Mientras Sendic seguía en el cargo, se destituyeron tres directores que respondían a la fuerza política y después de cinco años deficitarios el ente petrolero logró equilibrar sus cuentas, a mediados de 2016. En las internas frenteamplistas, los votantes manifestaron su opinión y el sector de Sendic arrojó escasos resultados.
A mediados de 2017 se publicó “Sendic, la carrera del hijo pródigo”, de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, y a pesar de los anuncios de acciones penales, la investigación periodística ayudó a confirmar el material entregado a la justicia por la oposición. Con la apertura de nuevos frentes e investigaciones a quienes actuaron en el directorio, llegó el fallo de la jueza Beatriz Larrieux, de su procesamiento sin prisión. Ahora el Frente Amplio discute su habilitación para la campaña electoral, porque Sendic en sí mismo es un argumento en contra, a pesar de que Mujica nos recuerda que tiene como “tres o cuatro procesamientos” e igualmente llegó a presidente de la República. Aunque no debió ser así, la causa Sendic fue el resultado del trabajo de la oposición y del periodismo. Porque la fuerza política en el gobierno, que debe regirse por principios éticos y aclarar las dudas sobre sus funcionarios que manejan dineros públicos, lo apañó hasta el final. Solo resta agradecerle a quienes pusieron en discusión este punto, porque ayudaron a confirmar que la institucionalidad democrática del país sigue fuerte.
¿Te acordás, plenario?
