Esa desigualdad, que no cesa

América Latina permanece ubicada en el podio de la región más desigual del mundo, a pesar de haber transitado por todos los gobiernos, populismos incluidos.
Y lo asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que mide la igualdad en el ejercicio de los derechos, además de medios o ingresos. Por eso, es factible analizar la eficiencia que ha tenido la redistribución en Uruguay, de acuerdo a las promesas de campañas electorales en los últimos años.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó su informe “Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”, donde observa las prioridades y énfasis de los gobiernos para disminuir las brechas sociales. “Si los gobiernos quieren sostener la reducción de la pobreza y la desigualdad, deben cambiar sus prioridades: mejorar la focalización, disminuir su dependencia del gasto social no contributivo, mejorar la calidad de la educación y salud para los pobres, y mejorar la eficiencia agregada del gasto social”.
Allí señala que los gobiernos pueden utilizar las políticas fiscales, con la recaudación de impuestos y las transferencias para redistribuir los recursos, pero se ha notado la ineficiencia en el reparto por la vía fiscal. En el documento del organismo financiero internacional, se muestra que países de Europa que gastan lo mismo redistribuyen mejor por el gasto público.
“De hecho, en 16 países de América Latina, los impuestos directos y las transferencias monetarias reducen la desigualdad en solo un 4,7%, en promedio, mientras que en una muestra de países desarrollados la disminución es del 38%. Uruguay, el país que más redistribuye en América Latina, lo hace menos que el país europeo que menos redistribuye”, señala el documento.
En el continente, Argentina con el 28% del PBI, Brasil con el 25% y Uruguay con 21% del PBI, son las naciones con mayores aportes a los programas sociales, sin embargo, hay países europeos con niveles similares de gasto y una reducción que llega a cuatro veces más (Reino Unido 40% o Hungría e Irlanda 53%).
En todo caso, Uruguay se destaca en el informe por su programa de Asignaciones Familiares, dentro de las transferencias monetarias condicionadas, a las que define como “uno de los programas progresivos” y con mayores sesgos “pro-pobre”. Porque “el gasto en pensiones contributivas en América Latina es pro-rico, lo que significa que la transferencia aumenta con el ingreso de mercado; por lo tanto, los ricos reciben un porcentaje mayor que los pobres en beneficios jubilatorios. Las excepciones son Argentina y Uruguay, donde el gasto en pensiones es ligeramente pro-pobre”, dice el documento del BID. Asimismo cuestiona el gasto público y lo diferencia del gasto inteligente que ocasiona mayor rentabilidad e incluso puede utilizarse para bajar la deuda.
No obstante, el informe no cuestiona los avances que lograron sacar de la pobreza a unos 100 millones de latinoamericanos en los últimos 15 años, sino que la distancia que los separa de los más ricos no tuvo variaciones sustanciales. En realidad, África Subsahariana (56,5%) es el único que supera a América Latina por poco, con 52,9% y bastante más lejos se encuentran Asia, Europa del Este y Asia Central.
El fenómeno que ocurre es que los pobres son siempre los mismos y se encuentran estratificados con escasa movilidad social. Por lo tanto, por más dinero que se asigne en partidas, la desigualdad se enfrenta con mayor acceso a la educación y la salud.
La desigualdad se ve en la política impositiva. Si se tiene en cuenta que los impuestos directos van sobre la renta y la propiedad y los indirectos, se aplican al consumo, entonces se observa que en América Latina, menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos porque el peso de la carga está ubicada en impuestos al consumo y otros indirectos. Cuando se presenta esta opción, el panorama es regresivo. Incluso se explica también la evasión fiscal y fuga de capitales.
Estos datos, además de confirmarse en la realidad, es una percepción de los latinoamericanos que, según un sondeo de Latinbarómetro, el 75% de la población de este continente sostiene que la distribución de la riqueza es injusta y no se registra movilidad social.
Esta situación se confirma año tras año y, a pesar de la existencia de grandes recursos naturales, no consigue superar la desigualdad económica y de marginación social. Los analistas y otros estudios de la Cepal son coincidentes en que esta situación debió mejorar en 2010, ante la recuperación económica que mostraban los países de la región, que ostentaban –además– el mismo sesgo ideológico. Sin embargo, tampoco se pudo bajo ese escenario favorable.
El pasado de algunas naciones las condena y el futuro se presenta con serias limitaciones porque las causas que reproducen las injusticias no logran erradicarse. Tras las crisis financieras de 2008 y 2009, las desigualdades adquieren mayor visibilidad y plantean un grave riesgo para el crecimiento de los países, la estabilidad social y el mejoramiento de guarismos como la calidad del empleo.
Estos son exactamente los problemas que no resolvieron en Uruguay, a pesar de la década ganada con regímenes “progresistas-populistas” que impulsaron un discurso de crecimiento, bajo un enfoque lateral. La pobreza junto a la desigualdad generan destrucciones similares porque impiden un crecimiento inclusivo y esto se complica aún más en regiones como la nuestra, con una fuerte interdependencia.
Y otro aspecto, no menos importante, es el trato favorable que los gobiernos extienden a las empresas multinacionales con exoneraciones impositivas y reducciones generosas, mientras las empresas nacionales –y por qué no locales– tienen una carga equivalente al doble de la soportada por las grandes compañías.
En cuanto a esto, las repercusiones nunca demoran y Paysandú ha sido un claro ejemplo de empresas locales que deben enfrentarse a un muro impositivo, sin subsidios ni exenciones. Esa realidad demuestra menores ingresos y puestos de trabajo en una población de mediana edad a la que costará su reinserción social y serán los nuevos rehenes de la desigualdad.