Recientemente se supo que el efecto “cincuentones” ha tenido entre otras consecuencias la reducción del persistente déficit fiscal en octubre, que cayó del 3,9 al 2,9 por ciento, es decir un punto porcentual, que es un parámetro de los “duros” de las cuentas públicas, por cuanto significa que el Estado gasta más que lo que recauda, y por lo tanto va acumulando números en rojo que implican más toma de deuda o grieta que debe paliarse con lo único posible: más dinero del bolsillo de los uruguayos porque el Estado es un gastador contumaz e irresponsable.
Pero, la reducción en el rojo de las cuentas públicas no implicó una mejora de la situación fiscal de Uruguay, sino que el efecto es contable y será transitorio antes que comience a pegar negativamente. Aunque sí hay un impacto que afecta a las AFAP, administradoras de fondos de ahorros previsionales, creadas por reforma constitucional de 1996, que ya no cuenta con este dinero y que se ha ido para el Banco de Previsión Social.
En realidad no ha habido ninguna mejora, salvo que el BPS podrá disponer de ese dinero para hacer frente a sus compromisos, habida cuenta de que recurrentemente demanda fondos del gobierno central para atender sus necesidades económicas, sin cambios para el futuro, porque siguirá pagando a los actuales jubilados con lo que vayan aportando los trabajadores que están en el circuito formal.
Ergo, siempre se depende de que haya una actividad económica que genere trabajo y consecuentes aportes, para que la rueda siga funcionando indefinidamente, y lo que se ha logrado a través de las AFAP es que quienes trabajan vayan aportando para su propio fondo de ahorro, y con ellos y lo que se obtenga de ganancia por las inversiones de las administradoras, se pague su propia jubilación.
Con este aporte de “cincuentones” se corrigió una situación considerada de injusticia para los aportantes comprendidos en esa franja etaria –no todos– y se les dio opción de quedarse en las AFAP o pasarse al BPS, y aproximadamente un 40 por ciento ha optado por esta alternativa.
Sin embargo, la reducción en el rojo de las cuentas públicas no es una mejora de la situación fiscal. Los ingresos vinculados a la transferencia de dinero al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) solo podrá ser usado para cubrir la jubilación de los cincuentones que abandonaron el régimen de AFAP.
Pero por supuesto, la seguridad social es mucho más que este episodio puntual, y más allá de aportes y compromisos, estamos a lo largo de los años ante un proceso de modificación estructural de la pirámide etaria, y ese es el punto que más condiciona que pueda atenderse la situación de quienes se acogen a la pasividad tras una vida de trabajo.
No puede ser desconocido por nadie a esta altura que el Uruguay presenta una pirámide acentuada de envejecimiento poblacional que es prácticamente la mayor de América Latina en cuanto a porcentaje de adultos mayores en el total de la población, y ello plantea desafíos impostergables en el mediano y largo plazo, que deben evaluarse desde ahora y en lo posible comenzar a hacer algo al respecto.
Esta realidad está por ejemplo reflejada en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que indican que en 2036 la cantidad de adultos mayores en Uruguay superará a la de niños de 0 a 15 años, acentuando la tendencia que se ha venido dando ya en los últimos años de un crecimiento porcentual cada vez mayor de los adultos mayores respecto a la población en general.
En Uruguay hay unos 700.000 pasivos, de los cuales el 38% son hombres y 62% mujeres. De esos pasivos más de la mitad son jubilados, entre los cuales solo un porcentaje muy menor pertenece al régimen mixto (BPS y AFAP). La mayoría de los jubilados son mujeres, 55 por ciento, frente a un 45 por ciento de hombres.
No debe perderse de vista que el envejecimiento poblacional responde por un lado a bajos valores de natalidad y por otro a una mejora en la atención de salud de los adultos mayores, además de haberse ido erradicando enfermedades graves que en otros tiempos azotaron a la humanidad e iban diezmando a las franjas de mayor edad, lo que se ha ido modificando con el paso de las décadas.
Ello indica que la población seguirá envejeciendo y que esto tendrá consecuencias en una diversidad de áreas, como es por ejemplo el sistema de seguridad social, aunque puede evaluarse que esto ya está impactando fuertemente en el sistema jubilatorio y en el sistema nacional de salud, en la medida en que el costo de la asistencia de los adultos mayores es el más caro.
Notoriamente, el envejecimiento de la población tiene un mayor impacto en el sistema jubilatorio cuanto más dependa de las finanzas públicas, y menor cuanto más dependa del ahorro previo, por lo que una alternativa posible, según técnicos en la materia, sería incrementar los espacios para el ahorro durante la vida activa potenciando los esquemas de ahorro individual.
El BPS depende de los aportes de las personas activas pero también de lo que le remite Rentas Generales para compensar las dificultades financieras por la carga de pagos en el sistema.
Las opciones con que se cuenta para hacer frente a esta situación no son muchas: o se logran más recursos de algún lado, o se trata de ir estirando la edad de jubilación para que el condicionamiento sea menor en el tiempo, porque además seguirá en aumento la expectativa de vida de la población, con sus aspectos favorables y negativos, según el ángulo desde el que se mire, lo que indica que hay caminos que se cruzarán inevitablemente llegado el momento y las opciones posibles no serán simpáticas.
Las alternativas ante esta situación muy compleja debes ser estudiadas por expertos, ya que los activos tendrán que cargar con un peso muy fuerte de las pasividades, con el peligro de que esta alta presión promueva más informalismo –que es del orden del 25 por ciento en el caso del BPS– con lo que se estaría ingresando ya en otro problema.
Este es uno de los elementos que está indicando la necesidad de que en el próximo diálogo interpartidario e interinstitucional sobre seguridad social, el tema demográfico y estructural para sostener el sistema es insoslayable, porque afecta no solamente a la financiación del BPS sino el esquema socioeconómico del país y las estructuras del actual sistema mixto de seguridad social no están adecuadas para dar respuestas a este proceso demográfico.
Y sobre todo, no debe negarse la realidad, porque es un tema que trasciende a los partidos, los períodos de gobierno y las décadas, y las respuestas, que no serán simpáticas, deben responder a grandes acuerdos en los que los costos políticos inevitables deben ser compartidos, por encima de voluntarismos.
