La “horrenda” situación en que se encuentra el sistema penitenciario es denunciada por el líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, quien subrayó graves falencias incompatibles “con una democracia plena” y el nivel de indicadores que exhibe en otras áreas nuestro país.
Precisó en este sentido que son recurrentes los casos de crímenes o suicidios de personas privadas de libertad, y que “se asume como obvio que los funcionarios a cargo de los presos sean ridículamente pocos para, ya no atender, sino controlar a centenares de presos. Se reiteran los casos, cada vez más frecuentes, de presos que desde la cárcel dirigen bandas delictivas o, directamente, a través de un sorprendente acceso a líneas telefónicas celulares e Internet, realizan maniobras de estafa o extorsión a cualquier ciudadano”.
Puntualizó que “la situación del sistema penitenciario es absolutamente desproporcionada con el nivel de desarrollo que en otros indicadores exhibe nuestro país. Es totalmente incompatible con la calificación de una democracia plena; es totalmente incompatible con los niveles de pobreza que nuestro país exhibe (medida por ingresos)”.
Sin embargo, evaluó el parlamentario que este escenario es totalmente congruente “con el grave y escandaloso deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana y de integración social. Las estadísticas delictivas indican un incremento de los delitos violentos que, en términos comparados, se deben calificar de una epidemia puesto que, por ejemplo, los homicidios están en una tasa que en términos internacionales se califica como de muy grave”.
Indicó que el gobierno es indiferente a esta situación, con una pasividad extrema, de lo que es un signo claro el mantener el mismo equipo ministerial, “que en pocas semanas cumplirá el record de nueve años al frente de esa cartera. Es la prueba definitiva de que nada se puede esperar del actual gobierno”.
Asimismo, considera que el Frente Amplio ha pasado “de la ingenua y tonta mirada del 2005, en la que las personas privadas de libertad eran solamente víctimas de la sociedad y sus estructuras injustas, a convertirlos en individuos condenados a vivir el mayor infierno del que saldrán convertidos en peores delincuentes, como si fueran parte de una sociedad con indicadores africanos”.
Puntualizó que a esta altura lo que realmente importa es proponer alternativas, y destacó que “justamente, nosotros hemos trabajado en la elaboración de propuestas e iniciativas en todos los temas que afectan al país y, por cierto, también en materia de política penitenciaria”.
Propuso poner en práctica “de una vez por todas, la decisión adoptada por todos los partidos, de convertir el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado, separado del Ministerio del Interior, con su propia autonomía y orientado a buscar la efectiva rehabilitación de todas aquellas personas privadas de libertad que están en condiciones de reinserción social”.
Asimismo, impulsar una efectiva y urgente reforma locativa que implique la eliminación del hacinamiento. “Aunque parezca mentira hay que promover que cada recluso cuente con una cama con su colchón y frazada; que exista alimentación adecuada y espacios físicos para comer que no sea en la propia celda, con iluminación y acondicionamiento térmico”, observó.
Evaluó que es necesario reducir el tamaño de los centros penitenciarios, eliminando los grandes establecimientos y sustituyéndolos por espacios adecuados que permitan el trato personalizado de los detenidos, a la vez que hay que dotar al Instituto Nacional de Rehabilitación de un personal encargado de la custodia, el cuidado y la atención de los presos. “No es el policía el que debe encargarse de esta tarea; el personal policial debe encargarse de la represión y detención; la rehabilitación y el cuidado de las personas privadas de libertad requieren de otro tipo de recursos humanos que deben estar a cargo de estas funciones”, precisó.
A su juicio el personal del Instituto Nacional de Rehabilitación debe estar constituido por educadores, asistentes sociales, psicólogos y deben estar capacitados para el trato, control y disciplina en cada establecimiento carcelario, “sin perjuicio del personal de control policial que debe acompañar al personal especializado y del control perimetral carcelario que está a cargo de efectivos militares”.
Observó que otro aspecto a incluir en las respuestas tiene que ver con desarrollar medidas alternativas y de castigos penales diferentes a la privación de libertad con incorporación de tecnología adecuada para el control eficaz y efectivo del cumplimiento de esas penas alternativas.
A ello debe agregarse, según Mieres, el mejorar sustancialmente la estadía en los establecimientos penitenciarios, de forma de no mantener a las personas privadas de libertad casi todo el día encerradas en sus celdas, sino que “hay que desarrollar actividades carcelarias y los espacios físicos deben estar en condiciones adecuadas de higiene”, sin olvidar oferta de alternativas de educación y empleo, así como de recreación y deporte, incrementando las posibilidades de trabajo dentro de los recintos.
“También se deberá controlar de manera estricta las comunicaciones con el exterior, para evitar las acciones delictivas desde dentro de la cárcel”, puntualizó.
Otros elementos incluidos en la propuesta comprenden condiciones adecuadas para las visitas en términos de control e infraestructura (salones, mobiliario, juegos infantiles para las visitas de los hijos) y la gestión adecuada de la atención de la salud con medicamentos y atención de urgencias, tratamiento de adicciones y de enfermos terminales, preparación para el egreso para aquellos que se acercan al tiempo de recuperar su libertad, pasando por las condiciones de liberación y el fortalecimiento de la reinserción social.
