En un país en que quiérase o no se está permanentemente en campaña electoral, cuando se aproximan los tiempos de la elección van in crescendo las susceptibilidades en el sistema político, con un acendrado apego al poder o a las bancas parlamentarias, a los cargos de confianza en organismos, empresas del Estado y consultorías.
Es que para quienes están en esta situación, la salida del gobierno o el ingreso tras la nueva elección significaría mucho desde el punto de vista personal y corporativo, llegado el caso.
Pero el interés general pasa por otros parámetros: el del ciudadano común, por sus cosas de todos los días, empezando por el sustento, el empleo, la salud, su calidad de vida, su futuro y el de su entorno, para empezar, y por una serie de valores que tiene en cuenta a la hora de las evaluaciones. Por lo tanto también difiere el impacto que generan o no quienes quieren pretenden imponer su visión o manera de pensar al gran colectivo.
Entre los actores más prominentes tenemos a integrantes del Poder Ejecutivo, ministros y parlamentarios oficialistas –asimismo de la oposición– ya en plena campaña electoral, con mayor o menor disimulo, ensayando mensajes subliminales o directos, aunque pretendiendo transmitir que hablan en nombre del interés general y no de su visión e intentos de generar espacios para permanecer o acceder al poder.
Así, a modo de ejemplo tenemos ahora al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, acusando a blancos y colorados de apostar al cuanto peor mejor, al oponerse a la instalación de una nueva planta de celulosa, cuando precisamente el Frente Amplio se oponía a fines de la década de 1980 a la Ley de Forestación que permitió las inversiones forestales para que pudieran instalarse estas plantas, o el tratado recíproco con Finlandia para dar un marco jurídico propicio a estas inversiones.
Los cambios de opinión cuando se está en el poder o en la oposición no son exclusividad del Frente Amplio ni nada que se parezca, sino que refieren a la conveniencia que los actores buscan cuando acomodan el cuerpo en procura de captar voluntades a la hora de votar, y usan en su favor los mismos argumentos que los otros utilizaban en contra en su momento, porque en este esquema de doble discurso y contradicciones nadie está en condiciones de lanzar la primera piedra.
En este escenario, otro elemento reciente surge de la carga dirigida al presidente Tabaré Vázquez por gremiales agropecuarias que instan a “autocrítica por parte del gabinete ministerial”, las que en una carta abierta a la vez de destacar el trabajo llevado a cabo por el Gobierno en cuanto a Conciencia Agropecuaria, lamentan las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro y la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, donde puntualizó sobre los aportes que hace el Banco de Previsión Social al sector agropecuario.
Alfredo Lago, dirigente agropecuario, en nombre de las gremiales hizo referencia a la intención de las gremiales al momento de la redacción de esta carta y explicó que la misma surgió “al escuchar declaraciones que no tienen objetividad y no se ajustan a la realidad de lo que es el trabajo del sector agropecuario”.
Los dichos “no se ajustan a lo que en realidad ocurre y por tanto, nos pareció pertinente hacerle llegar nuestras molestias al presidente de La República en base a lo que los productores han sentido, sumamente molestos por esta actitud que se viene reiterando y quizás se va a intensificar en un año electoral que a veces las motivaciones son diferentes” afirmó.
Al ser consultado por si se solicita alguna sanción a los ministros mencionados, respondió que no saben la forma y modalidad que se debe proceder en la interna. “Nosotros obviamente que lo que desearíamos es que haya una autocrítica por parte del gabinete ministerial”, expresó al respecto.
En la misiva, firmada por la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche, Cooperativas Agrarias Federadas, Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz; se comenta que no solo “se desacreditan y menosprecian a los productores y a la actividad agropecuaria”, sino que también se refleja un desconocimiento sobre la realidad del agro uruguayo y sus potencialidades.
El documento apuntó a que “hay temas que van más allá” de los períodos eleccionarios ya que, según las gremiales, los testimonios no solo “desacreditan y menosprecian” a los productores y a la actividad agropecuaria, sino que además “demuestran un gran desconocimiento” de lo que es la realidad del campo uruguayo y de la potencialidad de la producción en el mundo.
“A nuestro entender, estas declaraciones no solo van en contra y ofenden a quienes vivimos y nos desarrollamos en el agro, sino que además atentan contra nuestra producción, imagen y esfuerzo”, argumentaron las gremiales.
Sobre la manifestación de Un Solo Uruguay en Durazno, Muñoz dijo que el agro ha estado muy mal acostumbrado a llevar los rumbos del país y la pérdida de protagonismo lleva a que el sector reclame. “Es gente que los ves protestar con 4×4”, sostuvo.
Además, las gremiales se manifestaron en contra de Murro, entre otras cosas, por sus declaraciones relacionadas con el subsidio en el BPS. Murro dijo que “por cada peso del sector rural que se paga al Banco de Previsión Social y al Fonasa salen en beneficios $ 3,68”.
Además, explicó (desde la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que “un almacenero, un panadero, un barraquero o una empresa unipersonal pagan bastante más que un productor rural. Y los productores rurales reciben los mismos derechos e incluso algunos beneficios más”.
Por ejemplo, señaló en la carta abierta que en 2017 fueron aportados U$S 407 millones “para ayudar a cubrir la diferencia entre lo que entra y lo que sale en el sector rural”.
“De esos U$S 407 millones, casi 350 son para cubrir la diferencia solo en BPS. Entran unos 150 millones y salen casi U$S 500 millones”, precisó. Para el jerarca, este esfuerzo “debería tenerse en cuenta y reconocerse”.
Por supuesto, estas reflexiones ministeriales forman parte de una concepción de ideología de clases, para empezar, en el sentido de que “la oligarquía” se resiste a pagar impuestos, y al mismo tiempo recibe más beneficios que aquello por lo que aporta. A la vez se alinea en la dicotomía campo – ciudad tan cara para los gobernantes capitalinos y la izquierda, que se resiste a aceptar la realidad de que nuestro país es agrodependiente y entra en crisis cuando al agro le va mal y viceversa.
También soslaya que la burocracia estatal y eminentemente capitalina vive cual parásito del esfuerzo de quienes están de sol a sol en el campo, no saben de feriados, de licencias ni de extras por estar a “plena disponibilidad”, como se hace en el Estado.
Cuesta poco discernir de qué lado está la razón, y mucho menos para quienes desde el Interior estamos imbuidos de la problemática de la producción, en la interrelación interior profundo-pueblos-ciudad, y como, contrariamente a lo que señala el titular de Trabajo y Seguridad Social, la degradación de la actividad, de las fuentes de empleo, de la rentabilidad en general, pasa porque el Estado gasta en exceso y mal, y ese dinero se les saca por todas las vías posible al que produce, pone el capital, el riesgo y el trabajo. → Leer más
