En los últimos días el país se ha visto conmovido por la confesión del exmilitar José Gavazzo, sobre su participación en la detención, tortura y asesinato del militante tupamaro Roberto Gomensoro, la cual fue formulada tiempo atrás ante el Tribunal de Honor Militar. Esta noticia fue dada a conocer por el diario “El Observador” y estuvo basada en una investigación del periodista Leonardo Haberkorn. Sin perjuicio de la crueldad de los hechos confesados y de la tormenta de responsabilidades políticas por acción u omisión que se ha desatado en el sistema institucional uruguayo, existe un hecho que creemos oportuno destacar: el papel del periodismo en la investigación y difusión de un tema de tanta importancia para el sistema democrático de nuestro país.
Como ha señalado el periodista español Antonio Caño, “el periodismo es imprescindible para la convivencia en una sociedad libre, para el equilibrio de poder necesario en una democracia. Sin el periodismo desaparecería la crítica ordenada, y sin la crítica caeríamos en el imperio de la arbitrariedad y el miedo. Los abusos de poder no son monopolio de los regímenes autoritarios; se dan también en las democracias, y aunque el periodismo independiente no los puede evitar, la denuncia de esos abusos cumple en sí misma una función extraordinariamente valiosa. (…) La amenaza a la libertad de expresión y al periodismo de calidad no se produce en sí mismo por las nuevas tecnologías. El periodismo de calidad y la libertad de expresión están amenazados porque algunos políticos han descubierto que quizá la nueva política se puede hacer mejor y con mucho más éxito sin periodismo exigente. Y porque algunos políticos prefieren periódicos que les den razón y no los sometan a la investigación y la crítica”.
A nivel internacional existen múltiples ejemplos en los cuales el periodismo no sólo jugó un papel fundamental en la divulgación de acciones gubernamentales que fueron fuertemente censuradas por la opinión pública (como las ejecutadas por el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam) sino también en el curso de la política no sólo de ese país sino también internacional, tal como sucedió con el caso Watergate (denunciado por los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward del diario “The Washington Post”). A nivel latinoamericano las denuncias por corrupción en el caso “Lava Jato” o las relacionadas con las figuras de los gobiernos kirchneristas son otros ejemplos de cómo el periodismo puede desempeñar su tarea en beneficio de los intereses ciudadanos.
Afortunadamente, Leonardo Haberkorn no está solo, y varios de sus colegas uruguayos han honrado su profesión y el vínculo indisoluble y necesario con la misma y con la libertad de expresión, habiéndose mantenido apegados a la ética profesional, a pesar de las múltiples denuncias judiciales que finalmente han sido retiradas o archivadas por causa de mérito. La lista 711 que encabeza el exvicepresidente Raúl Sendic, por ejemplo, cuestionó el accionar de “una parte de la prensa” que, según una declaración, es “funcional” a “la derecha”, formó parte de un “ataque sistemático y mezquino” contra el entonces vicepresidente. Varios jerarcas frenteamplistas han utilizado, en los últimos años, las denuncias judiciales como forma de tratar de intimidar a los periodistas que “se atreven” a cuestionar cualquier acto de gobierno. Lamentablemente los ejemplos sobran y varios de ellos están detallados en el Periodismo y libertad de expresión en Uruguay Cuarto Informe de Monitoreo de Amenazas” difundido en mayo del año pasado. El propio Sendic amenazó en declaraciones públicas con enjuiciar a las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, por el libro que escribieron ambas, titulado “Sendic, la carrera del hijo pródigo”. La expresidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, por su parte, presentó en su momento una denuncia (que luego retiró) contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión que escribió en el diario “El Observador” sobre el funcionamiento de ese organismo. Finalmente quedó demostrado que, en ambos casos, la actividad de los periodistas se había apegado a los hechos y como resultado de ello Muñiz fue removida de su cargo por el Presidente Tabaré Vázquez y Sendic (finalmente procesado sin prisión) se vio obligado a renunciar tras fuertes cuestionamientos éticos que incluyeron un duro dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, según el cual su uso de las tarjetas corporativas de Ancap “no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos”. La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, el exsenador del MPP Eduardo Agazzi y el exministro de Relaciones Exteriores Reynaldo Gargano son otras de las figuras gubernamentales de las últimas décadas que han tomado como blanco de sus críticas a los periodistas y a su labor profesional. El mensaje de todos ellos (y de muchos más integrantes del Frente Amplio) es claro: se deben acallar a cualquier costo las críticas que cuestionen el relato color de rosa del paraíso progresista. Toda esta concepción de atacar a los medios de comunicación “no alineados con el discurso oficial” se refleja claramente en la Declaración Final del XXIII Foro de Sao Paulo (del cual forma parte el Frente Amplio) en el cual se sostiene la importancia de “procurar la penetración también en los medios de comunicación convencionales y comerciales, para incluir las voces progresistas”. En pocas palabras, para este Foro y sus integrantes el periodismo debe estar al servicio de un partido único.
En la misma línea, resulta imposible desconocer el factor decisivo que la investigación periodística tuvo en el caso de Pluna y el impactante valor de la foto tomada por el fotógrafo del diario “El Observador” durante el almuerzo del cual participaron el entonces Ministro de Economía y Finanzas Alvaro Lorenzo, el empresario Juan Carlos López Mena y su hijo Juan Patricio, el representante de Cosmo Antonio Sánchez (más conocido como “el hombre de la derecha”) y el asesor Gabriel Papa. Una vez más, esta vez sin palabras y a través de una significativa nota gráfica, el periodismo volvía a demostrar su importancia en la construcción de la vida democrática.
Culpar a los que dan las malas noticias (en este caso los periodistas) no es una invención del actual gobierno, a pesar de lo mucho que gusta utilizar este nefasto recurso. Como ha señalado la periodista española Pilar Rahola “fue Plutarco quien, en una de sus Vidas paralelas, hablando del militar romano Lúculo y de sus guerras en Asia Menor contra Mitrídates del Ponto, narró lo que, con el tiempo, sería una expresión común. Según parece, el rey armenio Tigranes el Grande, aliado y yerno de Mitrídates, se enfadó tanto por las nuevas de un mensajero que le avisaba de la llegada de Lúculo, que le cortó la cabeza para no oír las malas noticias. Por supuesto no le fue nada bien, tanto como a la mayoría de los que, a lo largo de la historia, han decidido matar al mensajero para no oír el mensaje. Esa táctica de avestruz es tan usada como inútil, porque las nuevas llegan sí o sí, tanto si se oyen como si se cortan cabezas. Sin embargo, y a pesar de la inutilidad, es una tentación común en la política, quizás por aquello de no ganar la razón pero ganar tiempo”.