(ECOS)
El Frente Amplio puso nuevamente en la agenda parlamentaria un proyecto de ley que promueve “destercerizar” la actividad laboral, basado en el principio de que, a tareas permanentes, trabajadores permanentes. Es una iniciativa presentada en 2016 que, directamente, prohíbe los procesos de tercerización, por lo que no podrán celebrarse subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento.
La normativa regiría tanto para empresas públicas como privadas. “Los procesos de tercerización son una estrategia empresarial que se desarrolla en lo privado, pero también y desde hace mucho tiempo en el ámbito del Estado”, advirtió el diputado del Frente Amplio, Luis Puig. Según el legislador, estos procesos precarizan la situación del trabajador no solo en las diferencias salariales –en algunos casos abismales–, sino en condiciones de trabajo y salud laboral.
La iniciativa implica que no podrán utilizarse las modalidades contractuales de suministro de mano de obra ni de servicios, así como cualquier forma de intermediación laboral. Además de prohibir la utilización de cualquier forma jurídica que tienda a encubrir la existencia de una relación de dependencia bajo apariencia empresarial, la normativa habilitaría que se declarase nulo todo caso de tercerización, debiendo los trabajadores reincorporados a través de la declaración de nulidad ser considerados pertenecientes a la contratante de pleno derecho, debiendo ser integrados a la estructura de su organización de manera inmediata.
Datos del Pit Cnt señalaron que Uruguay es uno de los países que tiene las peores condiciones regionales con respecto a los procesos de tercerización, con trabajadores que realizan las mismas tareas, en las mismas secciones y con los mismos cargos, pero tienen una diferencia salarial del 70%. El fenómeno, según la misma fuente, involucra a unos 250.000 trabajadores en todo el país.
POSTERGAN OBLIGACIÓN A EMPRESAS CHICAS
(EL OBSERVADOR)
Cinco años después del decreto de 2014 que establece la obligatoriedad para que las empresas cuenten con un servicio de prevención o salud en el trabajo, que iba a comenzar a regir a partir de este 13 de mayo, el Poder Ejecutivo –en acuerdo con las cámaras empresariales y el Pit Cnt– resolvió promover una resolución que postergará la obligación para las organizaciones que cuenten con menos de 300 trabajadores.
En el caso de estas últimas, deberán contar con un servicio integrado al menos por un médico (en su plantilla) y un técnico prevencionista o técnologo en salud ocupacional, pudiendo ser complementado por un psicólogo o personal de enfermería. Aunque el decreto distingue según la cantidad de trabajadores la forma de contratación, exige que de forma gradual se incorpore un servicio de este tipo.
Aquellas empresas que tengan entre 50 y 300 empleados tendrán la opción de contratar un servicio externo que cumpla con las mismas características y servicios, con una intervención trimestral como mínimo. Las mismas condiciones serán contempladas para empresas con entre 5 y 50 trabajadores (intervención semestral).
Ahora, la nueva resolución, establece que las empresas con menos de 300 trabajadores tengan 18 meses de plazo para ir acoplando las exigencias del decreto, a menos que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sugiera al Poder Ejecutivo que por acuerdo vayan entrando otros sectores.
Rubros como la industria química, la bebida, la salud privada, el sector lácteo ya cuentan con un servicio de salud. Próximamente las plantas industriales procesadoras de carne también lo harán, según indicó a Subrayado el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Sin embargo, una vez que el plazo estipulado para cada empleador esté cumplido, también se brindará un tiempo de gracia más extenso aún, de 180 días para que se implemente la normativa.
REESTRUCTURA EN ISUSA
(EL OBSERVADOR)
Como parte de un plan de reestructura la empresa química Isusa enviará esta semana a 120 trabajadores al seguro de paro y con el resto de los integrantes de la plantilla que continúen en funciones plantea una rebaja salarial, que en algunos casos llega hasta el 70%. La empresa fundamenta su decisión en una competencia desleal que sufre desde hace varios años ante la llegada de productos químicos importados.
El dirigente del sindicato de Isusa, Diver Zuccolini, informó al diario Primera Hora de San José que el envío al seguro de paro ya está definido y se concretará el jueves 2 de mayo. Será rotativo y por cuatro meses. Ante la postura empresarial, los trabajadores elaboraron una propuesta que será transmitida este lunes en una instancia de negociación.
Zuccolini indicó que lo que tiene previsto efectuar la dirección de Isusa es “un paso recesivo, muy recesivo con respecto a las conquistas salariales de los trabajadores de la industria química”. Explicó que el planteamiento del sindicato incluye una reducción de la carga horaria, no cobrar por un tiempo determinado un aguinaldo extra que perciben los trabajadores y realizar un aporte del sueldo como alternativas para atenuar las medidas previstas por la empresa.
