En el reciente congreso de la Federación Rural se escucharon voces y aportes desde diversos ángulos, tanto desde el punto de vista del ministro de la cartera, Enzo Benech, como de los precandidatos a las elecciones internas de los respectivos partidos y los propios dirigentes de la gremial. Más allá de evaluaciones que pueden no ser coincidentes, no puede negarse que estamos ante un sector que es columna vertebral de la economía nacional, y que en un país de base esencialmente agropecuaria, quiérase o no, la suerte de los uruguayos está indisolublemente ligada al desenvolvimiento de esta actividad.
Y corresponde en este sentido traer a colación las expresiones vertidas por el titular de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien hizo referencia a los reclamos de algunos sectores de la producción agropecuaria, acerca de una eventual rebaja de tarifas como manera de lograr una reducción en los costos de producción y, por ende, una mejor competitividad en los mercados internacionales.
Asimismo, en declaraciones a Telemundo, Benech aseguró que el gobierno hace concesiones en ese sentido “cada vez que puede”, pero sostuvo que esa no puede ser la única manera de mejorar la competitividad. Recordó que, tiempo atrás, el gobierno otorgó beneficios a sectores como el arrocero o el lechero, y que en los últimos incrementos del precio de los combustibles hubo trato diferencial para el gasoil, además de explicar que Uruguay consume el 15% de lo que produce y exporta el resto, por lo que la producción también influye en la competitividad.
A su juicio “estamos en una meseta y no logramos superarla. ¿Cómo se logra competitividad? Con tarifas públicas es una forma, pero con capacidad instalada ociosa no, sino con capacidad instalada en uso completo”, afirmó.
“Nuestras industrias tienen capacidad ociosa. Creo que podemos producir más, pero tenemos que hacerlo entre todos”, añadió Benech, quien consideró que “es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer. Nosotros como gobierno revisamos y ajustamos tarifas públicas”, concluyó.
Pues el secretario de Estado hace análisis incompletos, sin lugar a dudas, y sobre todo en algunos aspectos hace referencia a las consecuencias y no a las causas del problema, que por regla general tienen un común denominador, y es que el Uruguay es un país caro para producir cualquier cosa, sean tanto bienes como servicios.
Gran parte de este escenario obedece a que más allá de la productividad, inversión y tecnología, el Estado se lleva una gran parte de los recursos –sino la mayor parte– a través de impuestos y burocracia, y que sus intervenciones por regla general son tardías, torpes y puntuales.
Al mencionar que uno de los entuertos en el atolladero en que se encuentra el país, es que el Uruguay cuenta con capacidad industrial ociosa, soslaya que este factor es precisamente consecuencia de políticas que han incidido negativamente en la competitividad que se necesita, empezando por los valores prohibitivos de combustibles, electricidad y tarifas públicas que son utilizadas por el gobierno como fuente de recaudación para tapar los agujeros en las cuentas fiscales.
No es porque sí que la desocupación flagrante y pérdida de fuentes de empleo en la industria es un factor de caída de actividad y reciclaje de recursos en el medio, pero su capacidad ociosa es consecuencia de que no existe mercado para lo que vende, debido a los altos costos que no permiten competir con los productos que ingresan desde el exterior, a mucho menor precio. Así como tampoco para exportar, salvo los productos primarios con nulo o muy escaso valor agregado, porque en Uruguay se grava el trabajo como si fuera un bien suntuario y prescindible.
Entre los precandidatos invitados y que hablaron en la oportunidad figuró el expresidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara. El economista hizo referencia a los “impuestos ciegos” y reconoció que se debía ir hacia un sistema que permitiera suavizar esas cargas cuando haya baja rentabilidad y permitiera “pagar más” cuando la situación se revirtiera. El tema es que a esta situación hace ya tiempo que se ha llegado en el sector agropecuario y en el área productiva en general y el gobierno que integra Bergara no se ha dado por enterado, por lo que sigue aplicando impuestos, cargas y costos como si se estuviera en plena bonanza.
Las visiones políticas de los presidenciables no coincidieron, desde que mientras los candidatos del oficialismo Daniel Martínez y Mario Bergara destacaron el sistema de “libre flotación del dólar” empleado por el gobierno, Luis Lacalle Pou, Carlos Lafigliola, Enrique Antía, Jorge Larrañaga, Ernesto Talvi, Edgardo Martínez Zimarioff, Pablo Mieres y Novick, señalaron que Uruguay tiene “atraso cambiario” y que esta situación afecta la productividad, principalmente del campo.
Por supuesto, una campaña electoral en el que las sensibilidades están exacerbadas y se es generosamente optimista en las promesas, no es el mejor momento para separar la espuma de la sustancia; y demasiado a menudo los compromisos implican decir lo que los productores y la gente quiere oír, por lo que entre las promesas, los pases de factura y lo que en realidad se hace, da para hablar largo y tendido.
Pero hay hechos que no dejan lugar a otra interpretación, en cuanto a señalar que los gobiernos de izquierda y sobre todos los sectores radicalizados, con posturas sesentistas, plantean la dicotomía entre la “oligarquía” del campo y los habitantes de la ciudad, como si el país no fuera uno solo y las vicisitudes del sector agropecuario, sus crisis, no se trasladaran más temprano que tarde a todos los sectores de actividad, como lo estamos viviendo en la actualidad.
Es así que por encima de las tentaciones demagógicas de los actores políticos, sea de recibo el reclamo incluido en la declaración de la Federación Rural en el sentido de que “los uruguayos puedan conocer con exactitud los compromisos que se asumen para atraer inversiones, estamos de acuerdo en la generación de condiciones, como fuente genuina de empleo, protegiendo el medio ambiente y la calidad de vida”.
“Los uruguayos que vivimos, invertimos y arriesgamos nuestro capital generando empleo, necesitamos y exigimos las mismas condiciones que las empresas que se intenta atraer”, a la vez de recordar “nuestra permanente preocupación sobre la pérdida de competitividad que nos viene afectando, siendo la causa inmediata del deterioro de la actividad económica, del clima de negocios y por consecuencia del empleo”.
Ese es precisamente el escenario del Uruguay de hoy, y los ciudadanos deben reclamar respuestas a los presidenciales y sus partidos, por fuera de la fanfarria y los eslóganes, porque la encrucijada ya no tolera que se siga pateando la pelota hacia adelante, sino que hace rato que es hora de afrontar los problemas con altura, equilibrio y sentido común.
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