El cierre de comercios emblemáticos, ubicados en el radio céntrico de la ciudad de Paysandú, provocó comentarios callejeros y manifestaciones de asombro en las redes sociales, mientras sigue candente el reclamo que desde distintos sectores abogan por los costos de funcionamiento de las empresas y merma en los puestos de trabajo en el departamento, que presionan las ventas a la baja.
El gobierno de Tabaré Vázquez insiste con desdramatizar y mostrar cifras y guarismos sin tanto negativismo, con el augurio de mejorar en el próximo semestre, en tanto los cálculos apuntan a una mejora en la economía durante el último año de la administración.
El Poder Ejecutivo y el Pit Cnt reiteran que son muchas más las empresas que abren que las que cierran. Incluso lo dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en su última visita a Paysandú y durante un encuentro con los sindicatos locales. Sin embargo, alcanza con una rápida recorrida para ver que son muchos los locales vacíos y algunos que llevan bastante tiempo con un cartel de anuncio de alquiler.
Después de presentar esos datos sobre la mesa en una conferencia de prensa, siempre queda la rara sensación de no comprender si nuestros gobernantes viven en mundos paralelos, o están en campaña electoral permanente, o directamente es lo que dicen para salir del paso porque no tienen nada que decir.
Cuando un comercio cierra, lo hace por distintos motivos: familiares y personales, escasas ventas o por la instalación de mega-emprendimientos que vuelven inviable una competencia de precios. Por lo tanto, siempre hay un “por qué” para darle explicación. Pero, en los hechos, lo que termina pasando es que la sumatoria de comercios y empresas cerradas produce desocupación, que se aprecia en un centro comercial despoblado e instalaciones vacías en lugares estratégicos.
Porque si bien es natural que las empresas evolucionen, surjan nuevas y otras desaparezcan, si el rubro está fuerte y sano en su economía lo razonable es que esa empresa tenga un valor “llave” nada despreciable y que por lo tanto, la desaparición del dueño original, ya sea por fallecimiento, jubilación o aburrimiento no signifique el fin de las operaciones, sino simplemente un cambio de firma.
Y eso no es lo que está pasando. Lo que se ve últimamente es que firmas locales señeras desaparecen y en algunos casos –no todos– a lo sumo se reconvierte el local, que pasa a ser franquicias de empresas generalmente montevideanas, cuyo único objetivo es recaudar con el mínimo de gasto e inversión en la plaza sanducera.
Pero este escenario que se observa a nivel local, ¿se está dando en todo el país? ¿O solo nos quejamos porque añoramos aquel glorioso pasado del Paysandú industrial?
Lo que se puede decir sin ser un economista o un sociólogo, es que en general el comercio local apuesta al achique, al abaratamiento tanto de los productos que vende como de su funcionamiento, y siempre que sea posible, a reconvertirse. Pero en la mayoría de las veces no se aprecia un crecimiento sustancial, al menos en el Interior. Solo unas pocas excepciones confirman la regla.
Por lo tanto, es claro que estimar la salud de la economía de una ciudad o un país, a partir de la cantidad de pasajes aéreos que se venden o los autos nuevos que circulan es muy engañoso. Porque obviamente, en tres millones y medio de personas siempre habrá una minoría con mayor poder adquisitivo, incluso algunos hasta pueden ser millonarios a pesar de la peor crisis que pueda haber. Y una minoría en tantos millones, significan varios miles que pueden darse esos lujos.
Las razones de este deterioro son varias, y son las que forman el “costo país”. Por un lado la carga tributaria directa, que paga cada industria o comercio, así como lo que debe de pagar por los insumos que tiene. Por el otro, la energía –combustibles, electricidad, gas, etcétera– que es la más cara de la región. También están los costos aduaneros, de logística, que están inflados a su vez porque quienes brindan esos servicios también tienen que pagar insumos y servicios caros. Los salarios a su vez se han incrementado mucho en los últimos años, sin considerar que los tiempos de las vacas gordas –o más bien, la soja y la leche a valor oro— no iban a durar para siempre. También hay costos que se han incrementado por resoluciones políticas que siempre tienen un buen motivo. Por ejemplo, próximamente las empresas de más de cinco empleados deberán asesorarse con un prevencionista, y si tiene más de 50, deberá contar con uno en su planilla: ¿quién pagará por ese servicio? O la inclusión financiera, que obligó a cientos de miles de pequeñas empresas a comprar o desarrollar un costoso software administrativo, y que además resulta prácticamente imposible administrar cualquier emprendimiento de mediano porte sin el permanente apoyo contable de un escritorio. Un par de perlas para un inmenso collar de plomo que el Estado ha puesto sobre el cuello de los empresarios. Todo eso sumado a la ineficiencia propia del trabajo uruguayo.
En realidad, el país no ha logrado aumentar su productividad y eso no sucedió de un día para otro, sino que ha sido progresivo. A pesar de las alertas, desde hace años que el gobierno viene subestimando ese escenario de manera sistemática. Mientras tanto, resuelve planes muy específicos para atender al virus cuando ya se instaló en el cuerpo en lugar de tomar acciones preventivas. El virus es que Uruguay no compite en la producción ni tampoco atrae inversiones.
¿Cuáles son los sectores que crecen? Crecen aquellos que no generarán muchos empleos, pero sí determinan los números macro que el gobierno utiliza para establecer la salud de la economía.
Paralelamente aumentan las empresas unipersonales o emprendimientos familiares, con poca o nula capacidad de generar riqueza y que solo sirve para subsistir. Por lo tanto, el contexto está complicado y va más allá de un tipo de cambio.
Todo esto que no parece tan difícil de entender, ha generado desencuentros y discusiones de corte maquiavélico. Sin embargo, no han servido para cambiar la realidad, que es mucho más porfiada que las palabras.
