El pasado jueves familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado al centro judío AMIA en Buenos Aires –el principal centro comunitario de la colectividad judía argentina– volvieron a renovar el pedido de justicia a 25 años del peor ataque terrorista de la historia argentina, que se mantiene impune. Como cada año desde aquel 18 de julio de 1994, las sirenas de la ciudad sonaron a las 9:53 para recordar el momento de la explosión –detonada por un coche bomba– que mató a 85 personas y dejó unos 300 heridos.
Si bien ha pasado un cuarto de siglo de este doloroso suceso, ni un solo sospechoso ha sido arrestado o juzgado, y dos presidentes en este período han sido acusados de encubrir a los responsables del ataque. El caso ha tenido muchas idas y vueltas, y lo que ha dejado más en claro es el nivel de impunidad que puede existir en Argentina.
La investigación del hecho le costó la vida del fiscal Alberto Nisman –que algunos quisieron pasar por suicidio– y tiene ramificaciones que alcanzan a Cristina Fernández de Kirchner, la nefasta expresidenta que aún quiere volver a gobernar.
Argentina ha acusado por el atentado a altos exfuncionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, y al movimiento chiita libanés Hezbolá. Irán siempre se rehusó a que fueran indagados. Se sospecha que tuvieron una poderosa conexión local, que aún no fue identificada.
Un memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2012 por Cristina buscó, según sus autores, que los acusados pudiesen ser indagados fuera de Argentina, pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria. El fiscal Nisman, que investigó el atentado y denunció el pacto con Irán, fue hallado muerto en su residencia de Buenos Aires en 2015.
El 1º junio de 2018, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó que Nisman fue asesinado y ordenó que se siga investigando la vinculación de su muerte con la denuncia que había presentado cuatro días antes contra Cristina Fernández y un grupo de entonces funcionarios, por el memorándum de entendimiento con Irán.
“Desde entonces, la justicia federal a cargo de la investigación por la muerte de Nisman, sigue esa senda marcada por el tribunal de alzada. Poco menos de un año antes, en setiembre de 2017, la justicia federal había asegurado por primera vez que Nisman había sido asesinado. Fue tras recibir un peritaje integral de Gendarmería que aseguraba tener establecido el punto”, subrayó un informe del diario Perfil, en el que quedan claras las sospechas en torno a una cierta manía por encubrir el atentado en la AMIA y por socavar los esfuerzos de quienes investigan.
En febrero pasado, Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión por haber usado dinero del Estado para pagar a testigos falsos para que acusaran a un grupo de policías de ser la “conexión local” del ataque. En el juicio también se condenó a los principales responsables del aparato de inteligencia que operó cuando ocurrió el atentado en 1994, y que en vez de investigar lo que pasó intentaron encubrir lo ocurrido.
Esa línea de investigación, la de buscar el vínculo local, desvió el foco de hacia dónde debía buscarse a los responsables –los iraníes o Hezbollá–, perdiendo en los primeros años de indagación la posibilidad real de capturar a los responsables.
Incluso el presidente de entonces, Carlos Menem (1989-1999), resultó ser acusado de desviar la investigación, presuntamente exigiéndole al juez que no investigara la llamada “pista siria”, que involucraba a un empresario cercano a su familia. Sin embargo, el tribunal absolvió a Menem de ese delito.
Ahora, la que se sentará en el banquillo de los acusados será, justamente, la expresidenta Cristina Fernández, una persona que se sostiene en el tapete público y político solo porque vive en una nación como Argentina, en la que una corrupta de su porte se puede mover aún a sus anchas.
Está acusada de haber firmado un pacto con los presuntos agresores para garantizar su impunidad. Es decir, dos exmandatarios han sido o están siendo juzgados por supuestamente encubrir el crimen, pero ni uno solo de los autores ha tenido que presentarse ante la justicia.
Lo ocurrido hace 25 años sigue interpelando no solo a Argentina, sino a toda la región y al mundo entero sobre un grave hecho que sigue impune.
Ese es el dato objetivo. Lo que parece claro es que en un principio no se buscó y se investigó como correspondía, luego hubo quienes intentaron encubrir las indagaciones, más tarde sacaron de en medio a los que molestaban, y después se dejó ver que un supuesto acuerdo que iba a arrojar luz –como el memorándum de entendimiento con Irán– no era otra cosa que una pantalla para dejar todo como estaba: sin resolver (más allá de ciertos avances).
Y así, la impunidad y el dolor se perpetuarán mientras no se llegue hasta el fondo. No da igual: los responsables de un acto terrorista, el que fuere, merecen todo el peso de la justicia, para que los familiares y sobrevivientes, amigos y cercanos, y la sociedad toda, puedan cerrar heridas y dar vuelta la página. → Leer más
