(EFE-AFP)
El Poder Ejecutivo celebró la “decisión final de inversión” de la papelera finlandesa UPM, mientras que los ambientalistas expresaron su malestar por dicha confirmación. “La inversión de UPM refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad, para la llegada de inversiones extranjeras”, subrayó el comunicado del Ejecutivo de Tabaré Vázquez.
La nota destacó que, como “fruto del emprendimiento”, nacerán “miles de puestos de trabajo decentes y formales”. No obstante, el grupo Movimiento por Uruguay Sustentable (Movus) objetó que el Gobierno de Vázquez comprometió al país, mediante este acuerdo, “a gastos que suman más de 4.000 millones de dólares así como modificaciones en lo laboral, lo educativo y graves consecuencias en lo ambiental y social, sin obtener de la operación de esa planta en zona franca ni un peso”. Mediante un texto, Movus confirmó que apelará “a todos los recursos legales disponibles y la más amplia movilización social para que las consecuencias negativas de este proyecto no tengan lugar”. El abogado Hoenir Sarthou, del Movimiento ciudadano UPM2 NO, resumió en una columna reciente en el semanario Voces las críticas a lo que llamó la “saga de UPM2”. “Si alguien nos hubiese dicho, hace unos años, que un gobierno uruguayo construiría una vía férrea de casi trescientos kilómetros, mandatado y supervisado por una empresa privada, y que le asignaría a la empresa el uso preferencial y privilegiado de la vía, no lo habríamos creído”, dijo sobre la principal condición de la empresa para la instalación de su nueva planta de celulosa. La vía férrea para UPM demandará al Estado uruguayo una inversión similar a la de la propia planta.
