Suprema Corte expuso a Bonomi como responsable de falta de seguimiento de El Guardián y desmintió sus afirmaciones

(EL OBSERVADOR)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió un comunicado en el que enfrenta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por las designaciones de funcionarios para recibir las escuchas telefónicas que se realizan con el sistema “El Guardián”, luego de que un informe del programa Todas las Voces de Canal 4 informara que la secretaría de Estado nunca envió el reporte trimestral de interceptaciones.
El protocolo de actuación para interceptaciones legales firmado por ambas entidades estatales el 1° de diciembre de 2015 señala que trimestralmente se debe enviar a la SCJ un reporte “con el formato que oportunamente se acordará entre las partes”. A la salida de su comparecencia en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores, Bonomi dijo que el Poder Judicial no había designado a un oficial de cumplimiento y que por eso no habían enviado la información. “La información está, siempre estuvo a disposición, lo que no estaba era la persona designada que la tenía que recibir. Ahora sí se ha dicho quién la va a recibir y se va a empezar a trasladar”, dijo en rueda de prensa. Sin embargo, la SCJ rechazó sus comentarios y dio a conocer un documento enviado el 16 de mayo de 2017 en el que da cuenta del nombramiento de su secretario letrado, Gustavo Nicastro, como responsable de la recepción de los reportes de las interceptaciones legales, lo que contradice las declaraciones de Bonomi. “Por nota Nº 126/2017 de fecha 16 de mayo de 2017, le fue comunicada dicha decisión al Ministerio del Interior, con copia a la Presidencia de las Cámaras de Senadores y Representantes. Esta nota fue recibida por la Secretaría General del Ministerio del Interior con fecha 18 de mayo de 2017, según consta”, señaló la SCJ.

UPM EN “PERÍODODE SILENCIO”

(EL OBSERVADOR)
Los ejecutivos de la empresa finlandesa UPM se plantearon el objetivo de comunicar al gobierno uruguayo su decisión definitiva antes de la realización de las elecciones internas, porque no querían que la mayor inversión privada en la historia del país, que ascenderá a U$S 2.000 millones, cayera dentro del ciclo electoral firme. Sin embargo, esto no se concretó debido a que las negociaciones de los aspectos laborales con el Poder Ejecutivo se extendieron más de lo previsto. Si bien el 9 de mayo Vázquez había asegurado que “todo” se encontraba “en verde” para concretar la inversión, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, confirmó a El Observador que la casa matriz de UPM en Finlandia recién “aceptó hace aproximadamente diez días las propuestas del gobierno” acerca de los protocolos para la construcción de la planta y las regulaciones laborales, dos aspectos que estaban pendientes.
La empresa inició el 1º de julio su “período de silencio”, el cual se extenderá hasta el 23 de este mes y en el que, por protocolo, no realizará ningún anuncio. Ese día presentará el reporte financiero de mitad de año a sus accionistas, y recién ahí estará habilitada para confirmar su inversión.

BARES Y COMERCIOSDEBEN PAGAR LICENCIA

(MONTEVIDEO PORTAL)
El Consejo de Derecho de Autor (CDA) dio por concluida la auditoría iniciada en 2016 a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y levantó las observaciones formuladas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en 2019. La medida fue recibida con satisfacción por los productores audiovisuales, que fueron notificados del informe la semana pasada. En diálogo con Montevideo Portal, el productor Nelson Wainstein dijo que esta resolución “confirma los derechos de los productores” y “reconoce que Egeda cumple con todos los requisitos, que cumple la personería jurídica y que está en el derecho de recaudar”.
En diciembre pasado, las gremiales empresariales enviaron una carta al MEC donde denunciaban que Egeda ejercía “presión y hostigamiento” contra micros, pequeños y medianos emprendimientos nacionales.
Existen tres ventanas de explotación de los productos audiovisuales diferentes, todas las cuales deben tener la licencia del productor: los canales de aire deben obtener el derecho de emisión, los canales de cable el derecho de retransmisión y los comercios el derecho de comunicación al público. Egeda se encarga de gestionar las últimas dos modalidades. Las licencias que se cobran por retransmisión varían según la cantidad de abonados, así como en los lugares abiertos al público dependen del aforo (capacidad) de los locales o establecimientos.
Según indicó Wainstein, al día de hoy ningún operador de cable paga la licencia por retransmitir. Sin embargo, sí “hay muchas empresas que pagan por comunicación pública”. “Hay buenos comerciantes que pagan lo que corresponde e incluso están afiliados a algunas de las cámaras” empresariales, señaló. “El reconocimiento del CDA no va a ser la panacea, pero va a generar recursos legítimos, genuinos, que van a ayudar a desarrollar la producción nacional”, concluyó.

AUMENTÓ EGRESO DE CICLO BÁSICO

(TELEMUNDO)
Según el Monitor Educativo Liceal, un 78% de los alumnos finalizan el Ciclo Básico. El sistema educativo de Secundaria cuenta con 230.000 alumnos, de los cuales el 52% se encuentran en Ciclo Básico y el 48% en Bachillerato. Uno de los datos alentadores del monitor, refiere al incremento de la promoción en Ciclo Básico. En 2010 egresaba un 68% de los alumnos y en 2018 ese número aumentó a 78%. Según el presidente de la ANEP, Wilson Netto, solo un 2% de los alumnos de Secundaria podrían estar en riesgo de desertar.
El Monitor también identificó las zonas dónde están los liceos con los peores resultados en cuestión de calificaciones. En Ciclo Básico están en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, San José y en la zona metropolitana. En Bachillerato están en Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, Lavalleja, Canelones y Montevideo. Las materias con peores calificaciones son Ciencias Físicas, Matemática e Historia para Ciclo Básico y Física, Matemática, Filosofía y Literatura para Bachillerato.