(EFE)
El presidente Tabaré Vázquez se interna hoy para ser sometido a pruebas médicas que aclaren la malignidad del nódulo pulmonar que tiene, según explicó a Efe su médico, Mario Zelarayán, quien confirmó que el mandatario seguirá con su trabajo habitual. El profesional cree que “lamentablemente” no hay opciones de que el nódulo no sea maligno, aunque aseguró que hasta no saber el alcance no puede establecerse ningún plan terapéutico. “No hay ningún plan terapéutico hasta que no tengamos el diagnostico definitivo. Están planteados todos los planes terapéuticos, no se descarta ninguno y elegiremos el más adecuado”, afirmó sobre el estado de Vázquez.
Zelarayán subrayó que el primer sospechoso de la enfermedad del mandatario, quien fue fumador pero lo dejó hace más de 50 años, es el cigarro y, en este caso, es específicamente “el humo de segunda mano”. Uruguay es considerado país pionero a nivel mundial en la lucha contra el tabaco, ya que el primer Gobierno de Vázquez aplicó el Convenio Marco para el Control del Tabaco y entabló un litigio con la firma estadounidense Phillip Morris, que ganó después de seis años de proceso. Para el profesional, el hecho de que el mandatario continúe cumpliendo con sus labores es “muy bueno” para el tratamiento, al igual que el “optimismo” que tiene.
Según resaltó Zelarayán, si bien Vázquez quedó “impactado” por la noticia, la tomó con “mucha serenidad” y enseguida se puso “en clave de paciente” y comenzó a seguir “los lineamientos” que le planteó su entorno médico. Vázquez anunció el martes en una conferencia de prensa a la que acudió acompañado por la vicepresidenta Lucía Topolansky y gran parte de su gabinete que le fue detectado un nódulo pulmonar con “características muy firmes” de que puede tratarse de un proceso maligno.
El mandatario dijo que todos los estudios y tratamientos que deba hacerse los llevará adelante en Uruguay, donde existe “un cuerpo médico de excelencia”, tecnología de vanguardia y está “dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica”. Ayer, Vázquez envió un proyecto de ley para facilitar la transferencia de los silos del Ministerio de Ganadería a los productores, en el marco de gestiones que se llevan adelante desde hace varias décadas. Sin embargo, algunos emprendimientos no cancelaron sus deudas por la transferencia y el proyecto firmado por el presidente, facilita la regularización de los pagos. Por otro lado, en la oficina presidencial de Suárez recibió al gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, quien le transmitió sus mejores deseos de pronta recuperación.
Con el gobernador avanzaron en temas de cooperación entre ambos países y destacó que su gobierno anunció el compromiso de financiar las inversiones necesarias para potenciar la hidrovía entre Brasil y Uruguay por la laguna Merín.
OENEGÉ DENUNCIA ESTIGMA SOCIAL
(EFE)
En Uruguay hay 1.200 niños con referentes adultos privados de la libertad por delitos no violentos de drogas y se observan en ellos impactos vinculados a la “vulneración de derechos”, informó a Efe Gonzalo Salles, psicólogo y director de la oenegé Gurises Unidos. La organización, con el apoyo del Servicio Mundial de Iglesias (CWS), presentó los resultados de la investigación “Niñez que cuenta” sobre las consecuencias que tiene el encarcelamiento de personas por este tipo de delito sobre los niños, niñas y adolescentes a su cargo.
“La mayoría de estos niños provienen de familias y comunidades pobres, entonces, previo a la privación de libertad de su papá y su mamá, ya están en una situación de vulnerabilidad y producto de la privación de libertad esa situación se agrava”, señaló Salles. Para el psicólogo, uno de los elementos que sobresalen en los relatos de algunos adolescentes es el “estigma” que experimentan desde temprana edad por parte de las comunidades y de las propias instituciones educativas.
“Otro elemento que reclaman a gritos es cómo se puede trabajar con su mamá o su papá desde el momento cero de la detención, en consideración de que no podemos pensar la salida y la rehabilitación del privado de libertad dos meses antes de que salga”, contó Salles. Desde su perspectiva, es necesario “articular un sistema de respuesta específico” por parte de las distintas instituciones del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Departamental y Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
FISCALES RENUNCIARON AL SINDICATO
(EL OBSERVADOR)
Unos diez fiscales se desafiliaron de su gremio, a raíz de la medida adoptada por una asamblea de no atender al público durante un mes “salvo excepciones”, así como de no asistir a “audiencias de presumarios y sumarios del código viejo”, según reconoció el secretario general de la asociación, William Rosa. Los renunciantes alegaron que no estaban dispuestos a dejar de recibir a aquellas víctimas que busquen informarse acerca del avance de las investigaciones que llevan adelante, una tarea a la que están obligados desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.
Por otra parte, en una reunión tripartita que se realizó el lunes, la Fiscalía General de la Nación indicó que descontaría el salario de aquellos fiscales que se sumen a la medida gremial. El monto de la quita será “proporcional” a la disminución de tareas cumplidas producto del conflicto, aunque por el momento ni la Fiscalía, ni los trabajadores saben a ciencia cierta de cuánto será ese descuento. Los fiscales letrados de Montevideo tienen un salario nominal de $227.493, equiparado al de los ministros de los tribunales de apelaciones del Poder Judicial. Rosa dijo a El Observador que la decisión de la Fiscalía de aplicar descuentos a quienes se plieguen a la medida “rompe con el compromiso de no innovar que puso el Ministerio de Trabajo”, y los deja con “menos esperanzas” de llegar a un acuerdo. El gremio busca que el ministerio público reorganice el trabajo de modo que no tengan que realizar las tareas administrativas a las que se ven obligados desde que pasaron a liderar las investigaciones.
