En entrevista con el fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, contadores y economistas solicitaron al Gobierno y al fiscal de Corte definir un “rol claro” para los profesionales en la “defraudación” como delito tributario.
Con este objetivo, una delegación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) fue recibida por el fiscal Dr. Jorge Díaz, oportunidad en la que los profesionales, representados por la presidente del Cceau, Cra. Cristina Freire, el Cr. Selio Zak y el Cr. Félix Abadí, trasladaron al fiscal su preocupación por la falta de una “definición clara” del rol de los contadores y economistas ante la puesta en marcha de la Ley Antilavado, el alcance de la figura de defraudación tributaria y el levantamiento del secreto profesional.
“Fue una charla muy cordial donde hablamos de la relevancia que tiene la profesión y el pleno respeto del secreto profesional. Si bien entendemos que se levanta el mismo ante el reporte de actividades sospechosas, queríamos anticiparnos a que no se incluyeran en listados más actividades alcanzadas, y de esa forma continuar preservando nuestra profesión”, informó la contadora Cristina Freire finalizada la reunión.
Los profesionales también dieron cuenta sobre el rol de los contadores independientes en la gestión tributaria de las empresas, dejando en claro que no son los que toman decisiones, y que en muchas ocasiones no estarían siquiera informados de lo que las empresas hacen o dejan de hacer.
Dijeron que el rol del contador como asesor de una empresa, no es el de colaborar a defraudar, sino que al contrario, está atento en la aplicacion de las leyes y decretos reglamentarios, a la vez de dejar en claro que sin perjuicio de ello, también existe un tema reputacional al respecto. Destacaron que en el Colegio funciona una comisión de ética y que ésta actúa de oficio, ante causas penales que involucra a colegas, sancionándolos de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Ética.
“También le informamos sobre el cambio de rol en relación a la instancia de la administración tributaria (DGI), en materia de defraudación en los mismos casos que la misma es delito precedente. Hicimos especial hincapié en el alcance de la figura de la defraudación tributaria, y allí se intercambiaron opiniones de diferentes instancias en las que ha intervenido el TCA”, expuso la presidente del Cceau.
Los representantes del Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay también solicitaron la mayor participación del colegio en ámbitos judiciales, donde se discutan aspectos que atañen a la profesión e invitaron al fiscal de Corte a un evento conjunto que se realizará próximamente.
PREVENCIÓN DEL LAVADO
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En otro orden, en la carta enviada a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos (Senaclaft), el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay trasladó a las autoridades un informe con comentarios en la relación con las obligaciones que recaen sobre los profesionales.
En el informe, los contadores y economistas trasladaron los comentarios del Cceau en relación con las obligaciones que recaen sobre los profesionales abarcados en relación con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con énfasis en la obligación de practicar la debida diligencia y reportar operaciones sospechosas o inusuales bajo determinadas circunstancias.
El memorándum se presenta en tres capítulos: la interpretación del Cceau del alcance general de las obligaciones que recaen sobre los sujetos obligados y la interpretación del colectivo con actividades precedentes que puedan significar una defraudación tributaria.