Si bien los candidatos a la Presidencia se cuidan de usar la palabra “ajuste” para nivelar las cuentas públicas desmadradas –el déficit fiscal se sitúa en el orden del 4,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI)– nadie en su sano juicio puede creer que es posible seguir gastando en la medida en que lo hace el Estado uruguayo, con costos fijos incorporados irresponsablemente, porque ya el nivel de endeudamiento se torna insostenible y el Estado, lejos de ser una solución, es el gran problema.
Pero el punto no es el qué, sino el cómo, en este caso, y lo que es seguro es que cualquiera sea el gobierno que asuma el 1º de marzo de 2020, va a tener que hacer algo contundente al respecto, porque de seguir haciendo la plancha esto va a terminar, más temprano que tarde, en un desastre para el país.
Si bien el gobierno que encabeza Tabaré Vázquez sigue en piloto automático sin tratar de adoptar correctivos para no pagar costos políticos, es evidente que tales desequilibrios de la economía no se corrigen con paños tibios, y una muestra clara es que no se cumplió ninguna de las previsiones que había hecho el equipo económico encabezado por el ministro, Cr. Danilo Astori.
Lejos de controlarse, el déficit fiscal ha seguido en aumento, se ha tratado de contener el dólar pero tan pronto éste se inclinó al alza, ha subido la inflación, y la actividad económica hace rato que está estancada, por decir lo menos.
Posiblemente en un intento por demostrar que no se está gobernando solo por inercia, recientemente el ministerio de Economía y Finanzas a través de su titular anunció que se adoptarían en forma inminente medidas de estímulo para la inversión, que es el verdadero motor de la economía y que crea riqueza genuina, más allá de los eternos eslóganes de la izquierda y en los que ya ni ellos creen.
Es así que Astori dijo la semana pasada que “en los próximos días” iba a anunciar un paquete de medidas para impulsar la inversión privada, que en 2018 completó cinco años consecutivos de caída. Hasta ayer el ministerio no formuló ningún anuncio, pero según indica El Observador, ya empezaron a aparecer las primeras medidas.
Por un lado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que flexibiliza algunas condiciones para que las empresas accedan a más beneficios tributarios, en tanto paralelamente otro decreto establece que aquellas empresas que adquieran vehículos utilitarios eléctricos para alquilarlos podrán ampararse por cierto tiempo en el régimen de promoción de inversiones y acceder a exoneraciones de impuestos.
El primero de los decretos señala que en el régimen de promoción de inversiones “las nuevas empresas poseen mayor plazo para el cómputo de los beneficios en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, así como un límite de aplicación anual mayor”.
Agrega que hay “emprendimientos en empresas existentes que implican la creación de nuevas unidades productivas y que no cumplen la definición de empresa nueva” y por tanto no tienen ese mayor plazo y límite.
“Es conveniente ajustar la referida definición con la finalidad de contemplar las nuevas unidades productivas que realizan inversiones y generan empleos”, afirma.
Por eso, a partir del decreto, “se consideran empresas nuevas a las nuevas unidades productivas creadas dentro de una empresa, siempre que ésta haya tenido ingresos operativos durante más de tres ejercicios y presenten proyectos de inversión que cumplan simultáneamente” con dos condiciones.
Una de esas condiciones es que “las inversiones en bienes muebles representen al menos el 100% del valor fiscal de los bienes de igual naturaleza al cierre del ejercicio anterior al de la presentación del proyecto” y la otra es que “incremente en al menos el 50% el personal en relación de dependencia”, expresa el decreto.
A su vez, aclara que “no quedan comprendidas” en este nuevo esquema, “las entidades que hayan tenido modificaciones en la titularidad de sus participaciones patrimoniales, cuando dicho cambio tenga como único o principal propósito acceder a los beneficios especiales para empresas nuevas”.
El otro decreto señala que “el arrendamiento de los vehículos utilitarios eléctricos es una forma de difundir su uso en empresas que por su costo no pueden adquirirlos”.
Para ello, el decreto establece que podrá considerarse “inversión elegible” para ampararse en el régimen, la “adquisición de vehículos de pasajeros con motorización exclusivamente eléctrica” que “se destinen directamente a la actividad de la empresa” y que no superen los U$S 70.000 de valor de importación o “vehículos utilitarios con motorización exclusivamente eléctrica” que se adquieran para “ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de vehículos sin chofer, siempre que no sean cedidos a través de contratos de créditos de uso”.
En ambos casos, el beneficio estará disponible desde ahora y hasta el 30 de abril de 2021.
Si bien se trata de un aporte que siempre debe ser bien recibido en cuanto a generar mejores condiciones para el desenvolvimiento de los posibles beneficiarios ante un costo país tremendamente oneroso, es apenas rascar la superficie de una problemática mucho más vasta, que debe partir de la premisa de que el Estado debe salir mucho menos caro para los uruguayos todos, para las empresas, los trabajadores, los pasivos. No alcanza con promover el incremento de la plantilla laboral en las empresas, si esas empresas están ahorcadas económicamente y sin posibilidades de subsistir.
Por lo tanto lo que realmente hay que hacer es bajar el costo del Estado, por la vía de reducir el gasto superfluo, conformado por la gran burocracia del aparato estatal, en gran medida, por gran cantidad de “curros” y contratos y por una muy pobre gestión tanto en el gobierno central como en las empresas, sin excluir decisiones políticas adoptadas como si el Estado fuera un barril sin fondo.
Los economistas coinciden en que es fundamental abatir el gasto público, en lugar de seguir aumentando impuestos que van en perjuicios de los actores fundamentales de la economía, de los propios productores e inversores, y en este sentido el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cedes), Ec. Hernán Bonilla, dijo en el encuentro de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), que mientras en 2007 hubo equilibrio fiscal, en el primer gobierno de Vázquez y en el de José Mujica se terminó con un déficit que más que duplicó las proyecciones, y en la actual administración se preveía reducirlo a un 2,25 tras el 3,5 de Mujica, pero se va a terminar con un problemático 5 por ciento.
Y si bien consideró que se trasladan las responsabilidades al próximo gobierno, subrayó que “hay que hacer cosas antes. Una idea es pedirle a los ministros y a los presidentes de las empresas públicas que gasten menos de los recursos que tienen asignados”, lo que es fácil de decir pero no de hacer, en un sector estatal que gasta a manos llenas el dinero de otros –de todos nosotros– como si fueran bienes de difunto.
Pero algo realmente efectivo hay que hacer, porque seguir pateando la pelota hacia adelante, para dejar que lo arregle el que venga, si puede, apostando a una suba de impuestos que es solo causa de más recesión y desempleo, no es otra cosa que iniciar una gestión con las manos atadas y condenada de antemano al fracaso.
