La Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) planteó la necesidad de eliminar los topes de los precios para el régimen de viviendas promovidas, con acceso a una exoneración impositiva. En el marco de los contactos efectuados antes de las elecciones nacionales, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el excandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, se comprometieron con el planteo, al tiempo que el frenteamplista, Daniel Martínez, anunció que evaluará la propuesta.
Las empresas privadas rechazan las modificaciones efectuadas a la ley en 2014 y 2017, que topeó el precio del 25% de las unidades edificadas y puso límites a los valores de arrendamientos. Uruguay atraviesa por un descenso en la construcción y Appcu argumenta que los topes incidieron a la baja, si bien la perspectiva no resulta negativa.
La entidad propone quitar los topes y aportar a la erradicación de asentamientos irregulares. Sin embargo, reclaman que bajen los metrajes o transmitancia térmica, en el entendido que deben efectuar doble muro. En tal sentido, señalan que reduciría el precio del metro cuadrado y permitiría el acceso de los quintiles más bajos de la sociedad, sin perder calidad.
La incertidumbre financiera en Argentina también influye, en tanto el mercado inmobiliario uruguayo resulta menos atractivo en comparación con años anteriores.
PREOCUPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) manifestó en un comunicado su preocupación “por la declaración de los candidatos frente a lo planteado por Appcu. Las leyes mencionadas plantean “una serie de exoneraciones de todo tipo a las empresas constructoras, las cuales fueron beneficiadas del 2011 hasta nuestros días en aproximadamente 1.170 millones de dólares” que “parece insuficiente” a la entidad que “planteó sacar el 25% que fue una de las últimas resoluciones del ministerio”.
Fucvam señala que “para construir viviendas que oscilan entre 90.000 y 130.000 dólares, ni siquiera desean que se les ponga tope alguno” y resaltó que “habla de querer resolver el problema de los asentamientos irregulares” con el planteo de “reducir los metros de construcción de una vivienda y además dejar de hacer doble pared”.
La federación reconoce que “el planteo de los capitalistas de la construcción es sumamente coherente con sus intereses” en tanto una “ley que beneficia a las empresas con el botín del Estado, lo único que merece es ser derogada en el próximo gobierno”.
