Datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre estudios demográficos, entre otros aspectos contribuyen a desestimar lo que ahora puede catalogarse como un mito demográfico instalado en el sentido de asumir que como en América Latina y El Caribe la población joven es inmensa mayoría y la vejez una minoría de escasa incidencia, el sistema previsional está fuerte y no presentará problemas por mucho tiempo.
Según este análisis del organismo internacional, América Latina y El Caribe (ALC) envejecen a pasos agigantados y a una velocidad no conocida hasta ahora en el planeta. Lo que a Europa le llevó 65 años y a América del Norte 75 años, a la región le va a llevar apenas 35 años. Si en este momento, el 11% del total de la población de América Latina y El Caribe tiene más de 60 años de edad, en 2030 representará el 17% y en 2050, uno de cada cuatro habitantes en ALC será mayor de 60 años.
Los datos de la ONU están recogidos en el informe “Panorama de Envejecimiento y Dependencia en América Latina y El Caribe”, publicado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) e indica que el porcentaje mundial de personas por encima de 60 años es del 12%, pero por región en ALC son un 11%, en Oceanía un 16%, el Este Asiático un 17%, América del Norte un 21% y en Europa un 24%.
En América y el Caribe las diferencias en las dinámicas poblacionales entre un país y otro son significativas. Mientras en 2050, Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana y Haití “serán como lo es hoy China, con alrededor de un 15% de la población mayor de 60 años; Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay podrán compararse con Alemania, Finlandia e incluso Japón, con una proporción de adultos mayores cercana al 30%”, destaca el BID.
El aumento en la esperanza de vida y la mejora de algunos servicios de salud o de atención empujan el envejecimiento, pero otra cosa es que ese envejecimiento sea activo y de calidad. Por ello, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (Fiapam) insiste en la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana sobre Protección de Personas Adultas Mayores por los países de la región y la traducción de ésta en leyes y políticas activas en favor de esta población.
De hecho, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, sólo el 56% de las personas que han pasado la edad de retiro en ALC tiene algún tipo de pensión, ya sea contributiva o no contributiva. El informe del BID recoge que “los datos que surgen del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de Hogares y la Medición de Condiciones de Vida del BID muestran que el promedio regional esconde panoramas muy diferentes: entre las personas mayores de 80, la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas puede ir desde valores tan bajos como un 7% en Honduras, o 14% en Guatemala, hasta niveles cercanos al 100% en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. Los países con niveles elevados de cobertura del sistema de seguridad social son, en general, aquellos con menores niveles de pobreza entre la población adulto mayor, aunque debe destacarse que existen países, como Bolivia, en los que si bien la pensión social es universal, casi el 80% de las pensiones otorgadas están por debajo de la línea de pobreza”.
Contar con una población envejecida, más allá de que los avances de la ciencia permiten una mejor calidad de vida que la de hasta no hace muchos años para las personas de la tercera edad, conlleva igualmente desafíos que son difíciles de afrontar aún para los países desarrollados, pese a sus recursos, con un sistema previsional que ha sufrido cambios que todavía no aseguran que las consecuencias no sean traumáticas.
El envejecimiento de una población implica entre otros aspectos el aumento de la proporción de personas con dificultades para poder desarrollar actividades diarias. Esto provoca no solo el aumento de la demanda de los servicios de salud, sino también de ayuda y cuidado por el resto de la población.
Actualmente, unas ocho millones de personas mayores de 60 años, y más del 1% del total de los latinoamericanos, son dependientes. Si las tasas de dependencia se mantienen, se espera que para el año 2050 el número de dependientes alcance los 26 millones de personas, lo que representará más del 3% de la población. Por lo tanto, los gobiernos de la región deben prepararse ya porque tarde o temprano, “es de esperar que todos los países de la región enfrenten situaciones similares”.
Otros informes sobre esta problemática, como el realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que “la gente tiene menos hijos, la mortandad infantil se ha reducido drásticamente, y las personas en todo el mundo viven cada vez más”.
Quiere decir que la evolución demográfica hará que América Latina dentro de un plazo relativamente corto tenga el mismo problema que los países europeos: muy pocos trabajadores jóvenes para mantener a demasiados jubilados, pero además permite aventurar que habrá cambios en el perfil de la demanda de empleos, porque debería haber más instituciones –dotadas de innovaciones tecnológicas– y puestos de trabajo vinculados con actividades, necesidades y atención de la población adulta mayor, además de la exigencia de aportes a los organismos previsionales y de salud, con vistas a una mejor calidad de vida de los destinatarios, entre otros desafíos.
Además están en juego sin dudas aspectos inherentes a la sustentabilidad de los sistemas previsionales a partir de necesidades de financiación y de conjugar mayor longevidad con calidad de vida en esos años adicionales, lo que implica que los sectores en actividad, la generación de riqueza, debe volcar una mayor cuota parte a este destino.
Otro componente que no puede soslayarse es que además de sostener a los que han aportado al sistema de previsión durante toda su vida laboral, los organismos de previsión social también deben mitigar los efectos de la pobreza durante la vejez, aunque la persona no haya aportado al sistema durante su vida activa, lo que significa que hay que otorgar pensión a quien no generó aportes, en lo que se denomina pensiones no contributivas.
Aparece aquí la necesidad de financiar este sector, en base a impuestos, para solventar las pensiones a quienes no cotizaron durante su vida activa o quienes lo hicieron por muy poco tiempo. Y con menos trabajadores y con más personas en la tercera edad, la ecuación cambia sustancialmente, con sistemas de solidaridad y reparto que comienzan a flaquear por falta de recursos.
Entre los países a los que la problemática afectará más pronto en la región figura Uruguay, con un envejecimiento poblacional similar al de los países ricos pero con mucho menos recursos. Es imprescindible por lo tanto que se promueva desde el sistema político y otros actores involucrados mesas para el abordaje decidido de esta problemática, para compartir propuestas y respuestas ante medidas que no van a ser simpáticas, que deben responder a un gran acuerdo político social.
