(ECOS- LA RED 21)
Los casos de interrupción voluntaria del embarazo practicados en el Uruguay, al amparo de la normativa vigente, están en una situación de “meseta”, con alrededor de 10.000 procedimientos anuales, según informó el ministro de Salud Pública (MSP), Jorge Basso.
Se trata de un mecanismo sanitario destacado especialmente por las autoridades, que “marca una diferencia” con lo que sucedía cuando el aborto era un delito; desde su despenalización, ninguna mujer murió en el marco de una intervención de este tipo.
Basso puntualizó que la aplicación de la ley, a pesar de estar garantizada en todo el país, refleja realidades diversas en el territorio. En concreto, hubo 10.373 mujeres que abortaron en Uruguay el año pasado, según cifras oficiales.
Más de 8.000 tenían al momento de la interrupción del embarazo más de 20 años de edad, en tanto 1.421 tenían entre 15 y 19 años y 53 adolescentes eran menores de 15 años.
Con todo, el número de intervenciones realizadas el año pasado fue el mayor desde que se aplica la ley. En 2013 hubo 7.171 abortos al amparo de la normativa, que fueron creciendo a medida que avanzaron los años. En 2017, hubo 9.830.
En todo ese período, hubo 54.992 mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo. En algunos departamentos, se siguen “teniendo dificultades” debido a la objeción de conciencia por algunos médicos en ciertas zonas. Situación que, según Basso, se busca subsanar mediante convenios de complementación entre instituciones públicas y privadas, para así garantizarle a la mujer su derecho.
Basso destacó también que la caída de la mortalidad infantil es otro logro importante. Dijo que Uruguay se destaca al haber alcanzado en la actualidad “la tasa más baja de la historia, ubicada en 2018 en 6,6 por 1.000 nacidos vivos, la mitad de la registrada en 2004”.
Por otro lado, el secretario de Estado destacó los avances en materia de “eliminación de sífilis congénita y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) perinatal”. A la vez, se fortaleció el rol del primer nivel de atención para personas portadoras.
RETIRAR PILOTES DE LA REGASIFICADORA
(TELEMUNDO)
La Administración Nacional de Puertos rescindió contrato con Gas Sayago e intimó a la empresa a demoler los pilotes de la planta regasificadora, luego de frustrarse el proyecto. La resolución se aprobó por unanimidad en el directorio y el presidente de la ANP explicó los motivos de la decisión. Gas Sayago fue creada en 2011 y sus accionistas principales son las empresas estatales UTE y Ancap. Era el concesionario para la construcción de la Planta Regasificadora, proyecto que se frustró a poco de iniciarse algunas obras, como la instalación de 71 de los 650 pilotes necesarios para el puerto de descarga.
Son tubos de 50 metros de largo y 40 centímetros de diámetro enterrados a 30 metros de profundidad; removerlos tendrá un costo aproximado de ocho millones de dólares.
La intimación de la Administración de Puertos a Gas Sayago daba un plazo de 10 días para retirar todas las construcciones existentes vinculadas a la Regasificadora.
ABUSABA DE NIÑAS EN GUARDERÍA
(SUBRAYADO)
Un hombre de 80 años y una mujer de 54 fueron enviados a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación, se recopilan pruebas y se prepara el juicio. Ambos dirigían una guardería ilegal, sin autorización, en su casa de Paso Molino, desde hacía al menos 10 años.
En esa casa el hombre abusó sexualmente de varios niños y niñas, lo que era sabido y permitido por la mujer, según dijo a la prensa la fiscal de Delitos Sexuales, Sylvia Lovessio, tras la audiencia en la que imputó a ambos.
“El hombre entraba al cuarto a las niñas de edades muy pequeñas para abusar sexualmente de ellas”, dijo la fiscal. El hombre fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual, atentado violento al pudor y violencia privada. La mujer fue imputada por los mismos delitos pero en calidad de coautora. “Ella era la encargada de proteger a los niños y cometió la omisión, no lo hizo”, aseguró Lovessio.
EN 2019 ABATIERON 22 DELINCUENTES
(ECOS)
En el marco de la inauguración de la nueva Jefatura de Policía de Montevideo, el jefe de Policía Ricardo Pérez mencionó la reestructuración de las seccionales policiales con el programa Mi Comisaría, la creación de cuatro unidades de investigaciones y respuesta, la centralización de las comunicaciones y visualizaciones en el Centro de Comando Unificado, la georreferenciación de los hechos policiales para analizar la situación delictiva, la instalación de 3.500 cámaras de videovigilancia y la puesta en funcionamiento de la flota de la Unidad Aérea.
La Ley Orgánica Policial y la de Procedimiento Policial garantizan y respaldan el accionar de todos los efectivos, aseguró.“Por procedimientos policiales, en 2019, resultaron abatidos 22 delincuentes y en ninguno de los casos fue formalizado o condenado un efectivo”, ejemplificó. También comparó los salarios sumergidos de años atrás con las remuneraciones actuales.
