Ha quedado estructurado el borrador con los grandes puntos o lineamientos que suscribirán los partidos de oposición para respaldar el 24 de noviembre al candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou.
Todo indica además que cada partido a su vez hará campaña por su lado, más allá de la coordinación y eventual presencia conjunta de dirigentes, para llegar a sus electores, a la vez de hacer hincapié en que cada partido mantendrá su identidad.
Este acuerdo surgió luego de las elecciones del 27, cuando el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, tuvo reuniones con los líderes de los partidos de la oposición Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Pablo Mieres (Partido Independiente).
El documento denominado “Compromiso por el país” contiene 13 “líneas estratégicas”, que establecen como eje “Un gobierno con las cuentas en orden; Un Estado inteligente y transparente; Empresas públicas al servicio de la gente; Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la productividad; Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas; Una policía respetada, una sociedad pacífica; Una política de defensa adecuada al siglo XXI; Transformar la educación; Proteger a los más débiles; Agenda de derechos; Proteger el mundo del trabajo; Cuidar la salud de los uruguayos; Medio ambiente y bienestar animal”.
“Los abajo firmantes fuimos competidores en las elecciones del pasado 27 de octubre. En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53% del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas acumulan 54 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de 99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30)”, comienza el documento.
“Todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos”, añade.
En los puntos se indica que en el área económica, pese a la “abundancia de la que se beneficiaron”, los gobiernos del Frente Amplio no la supieron “administrar”. El acuerdo de la coalición se compromete a bajar el déficit fiscal, “identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social” y la creación de una regla fiscal.
De acuerdo al documento, el Estado bajo las administraciones frenteamplistas “se ha vuelto más grande y más caro”, “más ineficiente, más opaco y más burocrático”. Por este motivo, se habla de llevar adelante una “reforma del Estado” que, entre otros, contemplará la creación de una “Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas”; el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep); y la mejora del sistema de compras públicas.
En empresas públicas se afirma que experiencias “como la de Ancap revelan cuánto nos hemos alejado” del principio de que “las empresas públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de las empresas públicas”.
En desarrollo productivo y competitividad, el documento sostiene que es necesario “reactivar la economía, generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores”, “utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad”; la autorización de importación de combustibles ya refinados –lo que implicaría que caiga el monopolio que hoy tiene la petrolera estatal Ancap– y “flexibilizar la cadena de distribución”; llevar adelante “medidas de apoyo” a las micro, pequeñas y medianas empresas; cambiar el régimen de participación público privado (PPP) y fortalecer el mercado de valores.
En el área de seguridad indica que “el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país”, para lo que se propone entre otros aspectos la declaración de la “emergencia nacional en seguridad pública a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades”; el “combate frontal” al narcotráfico; “introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza”; “modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios”; “establecer la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes (artículos 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294)”; “pena perpetua revisable para delitos gravísimos”.
También propone “desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el Interior de la República, con destacamentos departamentales”.
EDUCACIÓN
En esta área plantea una “emergencia educativa” y afirman que los problemas deben ser revertidos a corto plazo o “corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser”.
Recuperar la integración y la justicia social es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta este gobierno, según lo expresado en el documento. Entre las medidas que impulsarán para lograrlo está la reorganización del Ministerio de Desarrollo (Mides) y una redefinición de las estrategias de acción.
Paralelamente, en agenda de derechos, la protección de los derechos humanos para el conjunto de partidos que firman este documento es un fuerte compromiso, tanto en Uruguay como en otros países y así enfocan las medidas a tomar.
Las leyes votadas en el marco de este punto en Uruguay no serán tocadas, según anuncian. Asimismo, en el tema desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay se anuncia “compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda, en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos”.
Sobre la política exterior, expresan: “Denunciaremos a los regímenes políticos violadores de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, sean del signo político que sean”.
TRABAJO
En el tema del trabajo, declaran que “nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los Consejos de Salarios”. Tras esto resaltan el “reconocimiento de los Consejos de Salarios como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales”.
Otra medida anunciada es “avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de las diferentes empresas”.
Con respecto a programas que fomenten el trabajo, se comprometen a “mantener y profundizar el programa ‘Uruguay trabaja’ (Ley 18.240), en el entendido que los sectores más vulnerables de la sociedad necesitan el mayor apoyo del Estado”.
SALUD
El porcentaje de producto que se gasta en salud (9% según el documento) es muy alto y no brinda las condiciones de atención que debería, se sostiene. Para acortar la brecha entre inversión y servicio, proponen varias medidas. También se creará un sistema de incentivos para que profesionales de la salud se radiquen en el Interior y se reformulará el Fondo Nacional de Recursos. Otra acción será “implementar la Receta Única Nacional (ya proyectada), con el fin de que cada usuario del Sistema de Salud pueda retirar sus medicamentos en cualquier farmacia del país”.
MEDIOAMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
El cuidado del medioambiente no es un compromiso pensando en nuevas generaciones sino que “en estos años hemos sufrido procesos de deterioro ambiental a los que no han sido capaces de responder con suficiente eficacia los gobiernos del Frente Amplio”, se afirma.