Cinco personas fueron formalizadas por la Justicia en el marco de la Operación Júpiter que permitió desbaratar una boca que ingresaba droga a la cárcel, usando para ello a la mujer de un interno. La instrucción, que fue investigada bajo total hermetismo por la Policía, ha tenido sendos allanamientos.
De acuerdo a datos obtenidos por EL TELEGRAFO, la Brigada Departamental Antidrogas venía trabajando en el caso desde julio, en conjunto a la Fiscalía Departamental. Así se logró recabar pruebas de que había personas que estaban realizando el ingreso, distribución, venta y facilitación de sustancias estupefacientes y otros elementos a la unidad local del INR, antigua cárcel sanducera. La droga era llevada durante las instancias de visitas conyugales o familiares.
Los procedimientos derivaron en allanamientos en diferentes fincas, lográndose varias detenciones e incautaciones. En una de éstas, se aprehendió a una mujer de 33 años –pareja de un recluso–, a quien se le incautaron 847 gramos de una sustancia vegetal prensada (ladrillo marihuana), 87 gramos de cogollos de marihuana; la suma de 11.900 pesos, una motocicleta Yamaha, una balanza digital, así como electrodomésticos y tres celulares, efectos que se presumía fueron adquiridos por la venta de droga o bien empeñadas.
En tanto, otros allanamientos realizados por la BDA con apoyo del Grupo de Respuesta Táctica en barrio Sur y Zanja de Arana permitió detener a dos hombres –de 35 y 24 años– y dos mujeres –de 63 y 26 años–, así como la incautación de dos revólveres calibre 22 y su munición; 24.500 pesos uruguayos, una motocicleta Yumbo City, un parlante de música y cinco celulares.
Una vez en la órbita penal, la Justicia dispuso la formalización de la investigación para la mujer de 33 años por “un delito continuado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de negociación y distribución especialmente agravada por la pluriparticipación de un grupo criminal organizado”; y de los otros cuatro involucrados por “un delito continuado de negociación de estupefacientes”. Dos de éstos últimos –de 63 y 24 años– cumplirán con medida de arresto domiciliario. Por su parte los restantes lo harán con prisión preventiva en el INR por el plazo de 30 días, mientras continúe la investigación.