Las edilas nacionalistas Gabriela Gómez y Guadalupe Caballero indicaron a EL TELEGRAFO que lamentablemente media una significativa distancia entre lo que establece la Ley sobre Discapacidad y lo que se hace en la práctica en cuanto a las cuotas laborales y obras que deberían llevarse a cabo para facilitar el acceso tanto en la ciudad como en el interior departamental.
Las curules recordaron que diciembre ha sido establecido como el Mes de la Discapacidad y que el 3 de diciembre se conmemoró el Día de la Discapacidad, aunque en muchos aspectos no se ha estado a tono con lo que establece la ley.
Precisaron que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en este tema, a partir sobre todo de que “notamos la ausencia de los organismos del Estado y en este caso nos referimos a la Intendencia y la Junta Departamental en cuanto a ayudar, promover y llevar adelante las responsabilidades que tiene el Estado para una verdadera inclusión.”
Al respecto acotaron que “es fácil aprobar una ley, poner un número y poner una cuota, que deben tener las empresas y los organismos del Estado, pero después los problemas se presentan cuando se debe llegar a ese número”.
Observaron que la ley tiene sus falencias, y establece asimismo que por ejemplo la persona discapacitada “debe llevar un acompañamiento para trabajar, tiene que tener un tutor que lo acompañe y lo vaya enseñando a cumplir las tareas”.
Precisaron que además quien lo supervisa también tiene que estar preparado y que estos aspectos no están plasmados en la ley, “y por ejemplo acá en la Intendencia tenemos una persona con discapacidad auditiva que trabajaba en el cementerio y desde la semana pasada se lo trasladó a un salón comunal como sereno. Una persona con discapacidad auditiva no solo no puede desempeñar estas tareas de vigilancia, sino que también se le pone en riesgo respecto a eventuales agresiones de delincuentes. Así, tenemos que sonaban las alarmas, fue la empresa de seguridad y esta persona no se había enterado de nada”.
“Quiere decir que las personas que dan las órdenes no están preparadas para trabajar en el tema de la inclusión de la discapacidad”, acotaron las edilas nacionalistas, al señalar que se trata por un lado de la ley 16.095, de protección integral y la 19.691 que es la promoción del trabajo de las personas con discapacidad, que refiere más bien a la actividad privada.
Consideraron que en su momento formularon un pedido de informes a la Intendencia Departamental, solicitando la copia de la nómina sobre la cantidad de funcionarios que emplea y si se cumplía con la cuota por discapacidad. Reflexionaron que teniendo en cuenta que la Intendencia emplea a unos dos mil funcionarios y tiene solo 15 personas con discapacidad en sus cuadros, a su juicio este es un número muy reducido que no cumple la cuota que refiere a llenar determinado número de vacantes con personas con discapacidad.
A su vez subrayaron que tampoco se cumple en la Junta Departamental con la cuota establecida por ley; “hicimos un pedido de informes y no nos fue contestado, pero además desde otras legislaturas se viene pidiendo un ascensor, porque se quita el derecho a asistir a personas discapacitadas, como ya se ha dado, y de la misma forma a ediles mayores con dificultades de movimiento”.
Asimismo consideraron que la ley establece que los organismos del Estado deben prever partidas presupuestales para atender el tema de la inclusión, “y nosotras vamos a pedir acceso a la información pública para saber si se cumple”.
A su vez subrayaron que “lo que más nos preocupa es la diaria, es decir, obras simples como en las esquinas, para que las personas discapacitadas puedan tener accesos no solo en el centro, y se debe prever que las obras contemplen a toda la ciudad, como así también en cuanto al estado de las veredas, y mucho menos se cumplen las disposiciones en el interior departamental”.
Destacaron sí que un pedido de acceso que pidieron en su momento para el teatro Florencio Sánchez fue tenido en cuenta, por lo que se corrigió esa omisión.
Destacaron a su vez que en Paysandú hay una comisión honoraria departamental de la discapacidad que está integrada por una serie de instituciones públicas y privadas que trabajan en el área, bajo la presidencia del representante del Mides, que se reúne con determinada frecuencia, pero que a su juicio tiene escasa visibilidad en el trabajo que se la ha asignado de inclusión laboral y educativa, así como erradicación de barreras.
“Nos preocupa el aspecto de llevar la ley al terreno práctico, para que no todo quede en objetivos a cumplir y palabras”, dijeron, e incluyeron en sus reclamos el tema de los accesos a los ómnibus tanto en ciudad como en el interior departamental, juegos inclusivos en todas las plazas y festivales, y consideraron que la comisión honoraria debería dar mayor difusión a la problemática e informar sobre la tarea que viene desarrollando en nuestro medio.
