(PRESIDENCIA – TWITTER)
Con la participación de los alcaldes de Santa Lucía, Aguas Corrientes y Canelones, autoridades del Gobierno y de la intendencia local, el presidente Tabaré Vázquez presentó un documento con el estado de situación de la cuenca del río Santa Lucía y un plan para la instalación de una represa en el arroyo Casupá y una planta de tratamiento de lodo, así como un proyecto de ley que permite su financiamiento por Rentas Generales.
El documento sobre la cuenca del río Santa Lucía presenta tres capítulos: la situación al 2015, las medidas que se tomaron durante este gobierno y la situación actual del río. Además contiene dos propuestas que se remitirán al presidente electo, Luis Lacalle Pou, para el tratamiento de los lodos residuales que mejoren la calidad del agua y la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá.
Vázquez explicó que el objetivo de esa represa es constituirse en reserva para atender los requerimientos de agua potable del 60 % de los uruguayos que residen en Montevideo, Canelones y el área metropolitana. Por otra parte, la planta de tratamientos finalizaría definitivamente con el problema de los lodos que surgen por la potabilización del agua. La inversión por ambas iniciativas fue estimada en 150 millones de dólares. Se incorporó al documento un proyecto de ley que permite el traspaso de fondos de Rentas Generales a OSE, empresa pública de aguas y saneamiento. Sin esta medida, aclaró el presidente, las obras presentadas serían pagadas únicamente por OSE.
Por otro lado, Vázquez entregó a su sucesor un proyecto de ley que establece que no serán contemplados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) las solicitudes de medicación de alto precio y procedimientos no incluidos en los protocolos del Ministerio de Salud Pública (MSP), que garantiza la viabilidad de esta herramienta con normas claras y en acuerdo con la academia y el sistema judicial.
El fondo “es una muy buena herramienta solidaria que muy pocos países en el mundo tienen”. En 2005, Rentas Generales destinó 300.000 dólares al FNR, pero este año el aporte llegará a 3,5 millones de dólares al mes, sintetizó. “Si sigue creciendo el dinero que se destina, llegará un momento en que no podrá ser financiado y se perderá la herramienta”, definió Vázquez en la oficina de Suárez y Reyes.
El proyecto establece, entre otras cosas, que los medicamentos o vacunas no incluidos en los programas integrales de salud, el Catálogo de Prestaciones, el Formulario Terapéutico de Medicamentos aprobados por el MSP o en los casos en que, aun definidos y aprobados, sean recetados para patologías ajenas a las previstas en los mencionados programas o catálogos no serán contemplados porque no se justifican desde el punto de vista médico. Lacalle Pou le contestó en la tarde de ayer a Vázquez que “cada tema será estudiado detenidamente. Lo presentado refiere a dos temas bien importantes”, señaló a través de su cuenta de Twitter.
MECANISMO PARA “PARAR” TREN DE A UPM 2
(EL OBSERVADOR)
El abogado constitucionalista Eduardo Lust terminó de redactar la iniciativa legislativa y posterior referéndum con los que pretende “parar” la construcción de la vía de tren acordada con UPM, la empresa finlandesa que este año confirmó la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay. Desde antes de ser electo diputado por Cabildo Abierto, Lust asesora a un grupo de vecinos que quiere modificar el trazado del Ferrocarril Central que unirá Montevideo con Paso de los Toros, en Tacuarembó. Según denuncian, el recorrido diario del tren por centros poblados impactará en su calidad de vida, debido a la cercanía de sus casas a las vías. Por lo tanto, desde que el gobierno dio a conocer por dónde pasará el tren, el abogado los asesora sobre las posibles formas de frenar el proyecto y modificar el trazado. En estos grupos hay personas de ocho localidades: Santa Bernardina (Durazno), la ciudad de Durazno, Sarandí Grande (Florida), 25 de Mayo (Florida), la ciudad de Florida, Juanicó (Canelones), La Paz (Canelones) y la ciudad de Canelones. Según dijo Lust a El Observador, el único requisito para considerar a un lugar como “localidad” es que sean centros poblados.
A fin de obligar al gobierno a modificar el trazado de la vía de tren, el abogado constitucionalista apela al artículo 305 de la Constitución. Este artículo, reglamentado por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, reconoce el derecho de los habitantes de una localidad a presentar ante la correspondiente Junta Departamental una iniciativa legislativa, para lo que deben haber recolectado las firmas de 15% de las personas habilitadas para votar en dicha localidad. Ahora, las respectivas juntas electorales departamentales deberán cerciorar la validez de las firmas y seguidamente, cada Junta Departamental (la de Florida, Canelones y Durazno) tiene un plazo de 40 días para considerar la iniciativa legislativa presentada por los vecinos que piden que el tren de UPM no pase por centros poblados y proponen un trazado alternativo, explicó Lust.
En ese período, los 31 ediles de cada departamento deben decidir si dan lugar o no al pedido de los vecinos. Lust cree que “eso no va a pasar” porque, en su opinión, “todos los partidos políticos están adheridos a UPM o son funcionales a la empresa”. No obstante, la Constitución estipula un último mecanismo para dar lugar al trazado alternativo propuesto por los vecinos si las juntas departamentales lo rechazan: el referéndum local.
El diputado electo aseguró que el intendente de cada departamento dispone de un plazo de 60 días para convocar a esta iniciativa popular, que supone que los habitantes de cada localidad decidan si el trazado debe modificarse o no en el tramo de tren que pasa por ella. La organización de este tipo de referéndum depende de la Junta Electoral de cada departamento.
SEIS AHOGADOS EN DOS SEMANAS
(SUBRAYADO)
En 15 días, desde el 8 de diciembre que comenzó la temporada y con la instalación del control de guardavidas, un total de seis personas se ahogaron en distintas zonas del país inhabilitadas para baños. Una de ellas era menor de edad. La Armada Nacional insiste en los cuidados que deben tener los bañistas y en el respeto a las zonas inhabilitadas.
INR ESTUDIA ESTADO SANITARIO DE FERNÁNDEZ
(TELEMUNDO)
La Justicia imputó a Alberto Fernández, exdueño del frigorífico Fripur, como autor de dos delitos de “Disposición de cosas prendadas” especialmente agravado por la importancia del monto del perjuicio causado, ambos en reiteración real. Sus nuevos abogados defensores, Fernando Posada y Andrés Ojeda, anunciaron que el empresario se presentó ayer en el juzgado para ponerse a disposición de la Justicia. Ambos asesores adelantaron que pedirían prisión domiciliaria por su edad y su estado de salud y así lo hicieron. El Centro de Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación estudiará su estado sanitario y tomará una resolución al respecto.
